“El cambio va a significar el fin de la corrupción”

Jujuy al día® – La candidata a diputada provincial por la lista que encabeza la UCR e el Frente Cambia Jujuy, María Inés Zigarán, afirmó que el cambio de gobierno que sobrevendrá después del 25 de octubre, significará “el fin de la corrupción y el inicio de una nueva etapa que estará marcada por “la transparencia, la ética pública y el combate decidido contra la corrupción, los abusos de poder”.

Aseguró María Inés Zigarán que el nuevo gobierno que liderará Gerardo Morales junto a Carlos Haquim, va a “darle una batalla decisiva a la corrupción y para ello será necesario revisar la administración provincial, observar como se han ejecutado los fondos, detectar patrones de corrupción y actuar para que se determinen responsabilidades y eventualmente puedan recuperarse los fondos perdidos”.

Zigarán insistió en que “es necesario después de décadas de un gobierno oscuro, cerrado, que ha administrado con absoluta arbitrariedad y discrecionalidad y ha tolerado la violencia, conocer y sancionar los delitos contra la administración pública, faltas de ética pública, incumplimiento de deberes de funcionarios públicos, cohecho, abusos de poder y violaciones a los derechos humanos”..

“En la Provincia de Jujuy todos estos hechos no han sido registrados, ni investigados, por diversos factores –algunos de ellos estructurales- como las dificultades de la justicia para cumplir con su cometido de persecución de estos hechos, en un contexto de alta incidencia de la política en las decisiones jurisdiccionales y la deficitaria mecanismos de selección de jueces” explicó.

Pero además –agregó- “existe una alta desconfianza pública hacia las instituciones y un descreimiento sobre la eficacia de la labor judicial. A esto hay que agregar que en los últimos años se ha producido una situación de anomia, de falta de respeto a la ley, de pérdida del sentido del valor de la norma”.

Por otra parte, dijo la candidata a diputada provincial, “el acceso a la justicia es restrictivo y las denuncia de los hechos de corrupción y violaciones a los derechos humanos, importan una confrontación con el poder político, que no todos los ciudadanos están dispuestos a soportar. Y no hay aún mecanismos de protección de testigos para la denuncias sobre corrupción. Y  además, los potenciales denunciantes generalmente poseen un vínculo laboral con los funcionarios o personal involucrados y, por eso mismo, se encuentran expuestos a represalias que pueden ir desde los despidos, amenazas hasta otras formas de violencia laboral. Por eso es muy difícil que estos hechos se conozcan y se denuncien”.

Zigarán puso de relieve que el proyecto de gobierno que lidera Gerardo Morales va a reconstruir el valor de la ley y de la justicia y la confianza pública en las instituciones y eso implica terminar con la impunidad. “La recuperación del valor de la ley implcia recuperar el sentido de la justicia”, enfatizó. Junto con esto acotó, “vamos a poner en marcha un gobierno que trabajará con programas de transparencia, gobierno abierto y lucha contra la impunidad”.

“Necesitamos que la sociedad jujeña recupere la confianza, por eso tenemos la decisión de proteger el patrimonio público, proteger a los ciudadanos, garantizar derechos y reparar frente a situaciones de corrupción, arbitrariedad, discriminación, maltrato y privaciones de derechos”.

Finalmente afirmó María Inés Zigarán que “cuando recuperamos en 1983 la democracia, Raúl Alfonsín tuvo la decisión de restituir el valor de la verdad y la justicia y creó la CONADEP y ordenó el juzgamiento a las Juntas militares. Se trató de una decisión de enorme coraje cívico que estuvo destinada a recuperar la ley como elemento ordenador de la sociedad.  Alfonsín llevó adelante estas medidas sin ningún ánimo de revancha, mirando hacia el futuro y con la convicción de que no puede haber un tiempo mejor si no saldamos la violencia producida por el Estado, con justicia.  De la misma manera, y con el mismo sentido de reparación, de recuperación del estado de derecho y de la justicia como valor central de la institucionalidad democrática, vamos a llevar adelante medidas para combatir la corrupción, los abusos de poder y las violaciones a los derechos humanos”.