Pablo Baca, sobre denuncia contra directivos del I.S.J.

 “Hay graves irregularidades en el empleo de fondos destinados a la salud”

Jujuy al día® – Con relación a la denuncia penal presentada por diputados del bloque de la U.C.R., en contra de los directivos del Instituto de Seguros de Jujuy, el diputado Pablo Baca señaló que “con el fin del ciclo político comienzan a develarse situaciones de desgobierno y corrupción, y en el caso del Instituto, graves irregularidades en el empleo de fondos destinados a la salud”. En este sentido sostuvo el legislador que “con el fin del fellnerismo se investigará la corrupción”.

Las declaraciones del diputado Baca fueron formuladas a propósito de la denuncia en contra de funcionarios que conducen el I.S.J. por presuntos delitos de violación de deberes de funcionarios públicos, malversación de caudales públicos y de negociaciones incompatibles con funciones públicas.

“La alternancia en el poder es necesaria -continuó el diputado- porque pone límites temporales al poder de quienes administran recursos públicos y permite que sus actos sean conocidos y sancionados si corresponde”.

En este sentido el Dr. Baca explicó que “frente a la inevitable proximidad de un nuevo gobierno, se empiezan a conocer situaciones que se mantenían ocultas” y también dijo que “la asunción de nuevas autoridades va a permitir una auditoría de las distintas oficinas del Estado”.

En lo que hace al contenido de la denuncia, el diputado señaló que la gravedad de los hechos “se relaciona no sólo con lo que significan en sí, sino, sobre todo, porque ponen de manifiesto una forma de administración discrecional y sin control de dineros que tendrían que estar destinados a atender problemas de salud”.

Según se consigna en la denuncia, personas cuya identidad pidieron que sea reservada suministraron información y documentación acerca de distintas irregularidades que se verifican en la obra social provincial.

A partir del estudio de esta documentación, los diputados concluyeron que en el I.S.J. ahora se tercerizan servicios que antes se encontraban a cargo de la planta de personal de la obra social, asignándoselos a empresas privadas a las que se abonan grandes cantidades de dinero y respecto de las cuales no existen formas de control.

En la misma presentación se señala -como un procedimiento de este tipo- la tercerización de las tareas de mantenimiento, que han sido encomendadas a una empresa a pesar de contar con un Sector de Mantenimiento y con empleados afectados a esa función. En este caso, además, conforme resulta de la denuncia, es posible también la existencia de relaciones entre directivos del Instituto y los titulares de dicha empresa.

Los diputados del radicalismo pidieron también se investiguen otras formas de tercerización de servicios en materia de derivaciones y contratación de clínicas y médicos en otras provincias, gastos de hotel, traslados, provisión de prótesis, etc.

“Estas tareas -explicó el diputado Baca- antes las cumplía personal del Instituto, con experiencia y capacitación, pero ahora fueron encomendadas a empresas a las que se les abonan importantes sumas de dinero”.

En la denuncia penal también se consigna que, según la documentación que fuera entregada a los diputados, el Dr. Palumbo, Presidente de la obra social, se hace pagar un conjunto de gastos personales, entre los que hay que mencionar alquiler, expensas y constantes viajes fuera de la provincia. De acuerdo a la documentación que acompaña la denuncia, los montos en pasajes aéreos con destino a Mendoza ascienden mensualmente a aproximadamente la suma de $24.000 y por alquileres y expensas $20.000 mensuales.

“No hay ninguna ley -enfatizaron los legisladores- que autorice a un funcionario a pagarse esos conceptos”.

En la denuncia también se pide se investigue el hecho de que los directivos del Instituto son titulares de aproximadamente diez líneas de telefonía celular cada uno, abonadas con fondos de la obra social, “lo que también introduce la posibilidad de que se estén pagando servicios que utilizan para fines personales”, apuntó el Dr. Pablo Baca.

En materia de contrataciones de elementos médicos -consignan los legisladores en la denuncia- se presentan aparentes irregularidades, como la adjudicación en concursos de precios a ofertas más elevadas o la realización de concursos a los que se invita a un solo oferente.

“De la información y la documentación que se nos ha entregado resulta, así, la posibilidad de que se esté llevando a cabo una administración con procedimientos y actos contrarios a las normativas que rigen el funcionamiento del Instituto y del Estado Provincial, que importan -a la vez- el empleo de fondos públicos con fines ajenos a los que están destinados” concluyó el diputado Baca.