Radiografía de la violencia institucional en Jujuy

Jujuy al día® – El caso de Juan Martín “Sonrisas” Gómez, un joven hallado muerto en la casa de un funcionario policial en San Pedro, se convirtió en un disparador para la denuncia de otros hechos similares ocurridos en la provincia del norte del país, lo que llevó a la conformación de la Mesa Coordinadora contra la Violencia Institucional a fines de 2013. Desde entonces, este organismo trabaja para visibilizar y dar solución a esta problemática que cuenta con la complicidad judicial y la inacción del poder político.

La Mesa Coordinadora contra la Violencia Institucional de Jujuy es un colectivo civil que está conformada por organismos de derechos humanos, familiares y víctimas de violencia institucional, organizaciones sociales, referentes de partidos políticos, y que además está abierta a la participación de toda la sociedad. Se constituyó a fines de 2013, en el marco de la difusión de la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional. “Fueron numerosas las denuncias que se dieron en la provincia, y esto impulsó a abordar esta problemática porque claramente no era visibilizada desde las instituciones del Estado y entendíamos que era necesario que el tema estuviera en la agenda pública”, explicó Marcela Mon, integrante de la Mesa a Red Eco.

El caso paradigmático de violencia policial en Jujuy fue el de Juan Martín “Sonrisa” Gómez, hallado muerto en la casa de un funcionario policial el 17 de junio de 2012. “Previo a esto, Sonrisa había denunciado una persecución permanente y torturas por parte de la policía de San Pedro; luego de su muerte su padre siguió estas denuncias públicas por medios nacionales y locales, denunció que la persecución contra su hijo era por negarse a ser parte de una red delictiva organizada por la propia policía de San Pedro. Lamentablemente, la última decisión del fiscal actuante (José Alfredo) Blanco fue el archivo de las actuaciones sin esclarecer el hecho y sin que se hayan resuelto las denuncias por las torturas a Juan Martín. Nosotros hicimos una denuncia por ineficacia en la investigación, porque a más de 3 años de su muerte el hecho no fue esclarecido, también tuvieron intervención con presentaciones legales de Amicus Curiae la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y el CELS, que han acompañado esto como un hecho paradigmático porque también creo que es una situación que se repite en otros lugares y con las mismas características”, expresó Mon.

Desde la Mesa denunciaron públicamente la complicidad del Poder Judicial al negarse a investigar esta y otras causas de violencia institucional: “ciertamente hay una connivencia entre las corporaciones judiciales y las policiales, y eso es grave porque permite la reproducción de estas prácticas, vemos como un punto central el tema de la impunidad que genera la no investigación. Hasta el día de hoy no han habilitado la participación del padre de Sonrisa como querellante para impulsar y presentar pruebas, para controlar incluso las pruebas que se proponían desde la fiscalía”, agregó Mon.

Ahora es el juez Jorge Samán quien debe resolver si hace lugar o no al archivo de la causa. Para ello contaba con cinco días desde la determinación del fiscal, plazo que se encuentra vencido. Mon explicó que en caso de no hacer lugar al archivo se debe pasar la causa a otro fiscal para que prosiga con la investigación, y adelantó que si el magistrado confirma la decisión de Blanco la Mesa seguirá con las vías correspondientes, incluso a nivel internacional: “creemos que la impunidad de estos hechos permite que se sigan reproduciendo y que se habilite a la policía a actuar de esa manera”.

“Se trata de una red delictiva que capta casi siempre a chicos que están en situación de vulnerabilidad –continuó–, porque tienen cercanía con la droga, porque no pueden salir de su círculo, de sus esferas, y que son captados por la policía para ser parte de estas redes delictivas que ellos mismos organizan. Sorprende además que las personas que son denunciadas no sean removidas, ni expulsadas de la fuerza, sino que son ascendidas, o a lo sumo los mandan a otro lugar, como un modo de correrlos de la situación; pensamos que claramente estas personas no pueden seguir estando en un lugar donde tienen el monopolio del uso de la fuerza y cometen estas atrocidades. Obviamente estamos convencidos que son prácticas heredadas de la dictadura porque los procedimientos que utilizan, las torturas, el ahogamiento, los interrogatorios en la madrugada, las golpizas en los traslados, tienen una reproducción muy clara de los funcionamientos y actuaciones de la dictadura cívico militar”.

La difusión del caso de Sonrisa permitió que otras familias y víctimas se animen a denunciar hechos similares: “si no se visibiliza es muy difícil cambiar, porque siguen estando en ese lugar de impunidad y del miedo que generan, y esto hace que se naturalicen estas prácticas y que sea muy difícil cambiar porque no se logra la sanción social de esas acciones”, señaló Mon a Red Eco.

La mayoría de las denuncias recibidas por la Mesa provienen de la zona de San Pedro, pero este accionar policial puede encontrarse en toda la provincia: “en Tilcara se hacían razzias fuera de los bailes, había como ciertos grupos marcados, es un pueblo muy chiquito y hay una estigmatización muy fuerte en estas detenciones, hayan estado o no implicados en algún hecho los detenidos son los mismos de siempre. Se produjeron también hechos gravísimos de gatillo fácil como el que ocurrió en Libertador General San Martín en 2013, donde dos chicos de 16 años que venían en una moto empezaron a ser perseguidos por la policía, que decía que eran sospechosos de haber robado celulares, y fueron ejecutados de dos tiros. En San Salvador hemos tenido comentarios respecto a lo que es la comisaría de menores, que están en situaciones de detención inhumanas. Nos han llegado denuncias de razzias, de entrar y llevarse a chicos detenidos; en algunas madrugadas cuando hay razzias muy fuertes, desde la Mesa acompañamos a los detenidos para hacer un control de la situación, esto hace que la policía se sienta observada y controlada en su actuar. Estos son hechos que salen en las noticias cuando suceden pero luego pierden vigencia. Desde la Mesa intentamos que siga vigente la discusión sobre la violencia institucional, sobre todo porque debajo hay una red de delincuencia y corrupción de las mismas fuerzas que hay que empezar a desbaratar”, relató Marcela Mon.

Una de las pocas causas que han avanzado es la que abarca la detención de dos chicos, también en San Pedro, que fueron fuertemente golpeados: “se armó una causa y se está investigando; hay siete policías imputados por vejaciones y apremios ilegales, tuvieron ya la audiencia de indagatoria pero se abstuvieron de declarar, no es fácil llegar a estas instancias. Por lo que me han dicho siguen en sus funciones. Se pidieron informes como para iniciar sumarios administrativos”, agregó Mon.

Reacción del poder político

Una de las primeras propuestas que realizó la Mesa Coordinadora fue la de reunirse con los poderes del Estado para poner en conocimiento esta problemática y ver qué respuestas obtenían respecto a la implementación de políticas públicas que abordaran el tema de manera integral. Fue así que se reunieron con el fiscal general de la provincia: “queríamos que se le diera prioridad porque estamos hablando de violaciones a derechos humanos fundamentales de las personas, de las que el Estado es responsable porque tiene que garantizar el respeto por esos derechos y no justamente vulnerarlos”, explicó Mon. A partir de este encuentro se firmó un acta de compromiso para darle prioridad a la problemática y el Tribunal Superior de Justicia jujeño elaboró un expediente administrativo donde se recopila la información de las distintas causas denunciadas: “también se solicitó informes a los fiscales de San Pedro para que vayan comentando la situación y el avance de las causas, pero los fiscales siempre decían lo mismo, y el Tribunal Superior decía que trajeran el próximo informe al mes siguiente, nunca hubo ningún criterio de investigación. Después de tres o cuatro veces que se pidieron informes se mandó a archivar la causa”, expresó Mon.

“En la reunión con el secretario de Seguridad provincial, él dijo que ponía las manos en el fuego porque la policía de Jujuy no hacía nada de eso que denunciábamos. Nosotros le presentamos un documento detallado de las denuncias que había en la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, propusimos una mesa de trabajo porque entendíamos que desde Seguridad se podía tener intervención en armar los sumarios, en hacer un seguimiento de los policías implicados en violencia institucional porque permitía empezar a modificar dentro de la fuerza estos comportamientos, que tengan sanciones desde el Estado. También hablamos de trabajar algunas líneas de formación en derechos humanos que tuvieran que ver con la policía. Obviamente nada de esto sucedió. Volvimos a pedir una nueva reunión para ver los avances que había pero no nos volvieron a dar audiencia”, detalló la integrante de la Mesa Coordinadora. En cuanto a la Secretaría de Derechos Humanos provincial, señaló: “tiene conocimiento de los hechos, intentamos articular con algunos asesores legales, pero en medio de todo esto está siempre la situación de que excede la esfera de su competencia, también propusimos una mesa de trabajo para poder hablar de protocolos de actuación con la policía, pero también ha quedado en la nada”.

Habeas

En relación a la situación específica en San Pedro, se han presentado dos habeas corpus. El primero fue en mayo de 2013 a través de organismos de derechos humanos jujeños en favor de 45 personas por hostigamientos y torturas, amenazas, restricciones a la circulación, detenciones reiteradas sobre las mismas víctimas efectuadas por las fuerzas de seguridad de esa localidad. Se hizo lugar y en su sentencia el juez constató la existencia de estos procedimientos policiales. La segunda presentación se efectuó en mayo de 2015 a través de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en favor de 30 jóvenes de San Pedro: “también se hizo lugar, en base a los hechos que se denunciaban en ese habeas se reconocieron estas conductas ilícitas de la policía y también se hizo hincapié en que este abuso generalizado de la policía recaía sobre personas que tenían las mismas características, eran jóvenes socialmente vulnerables. Estos habeas corpus dejan plasmada desde la justicia la práctica generalizada ilegal, es decir que no lo decimos solo nosotros sino que hubo reconocimiento de parte de la justicia de estos hechos. La cuestión es qué políticas públicas para la erradicación de la violencia institucional están dispuestos a implementar, esa también es una línea de propuesta que tenemos desde la Mesa. El tema de la policía y la violencia institucional sigue siendo complejo al momento de poder presentarlo como una cuestión de políticas públicas, incluso pese a los problemas que hubo con los levantamientos de la policía en toda la provincia que tomaron una actitud de autonomía y abuso claramente contra el poder político, lo que está claro es que generan corporaciones autónomas que se desprenden de las leyes y las directivas políticas entonces claramente los cuerpos de policía son un tema a rever en su formación y en su actuar”, finalizó Marcela Mon.

Cecilia Litvin

Red Eco Alternativo

Fuente: http://www.redeco.com.ar/nacional/ddhh/16492-radiografia-de-la-violencia-estatal-en-jujuy