Tras el escándalo en Jujuy: fuerte repudio de Diputados por la medida del gobierno de Fellner

Jujuy al día® – En la Legislatura proponen repudiar la lesión desde la función pública a derechos constitucionales y libertades políticas por pertenencia a partidos políticos reconocidos legalmente, por lo que se repudia la notificación que desde el Ministerio de Educación prohibió el ingreso de figuras políticas opositoras al partido a cargo del gobierno provincial. Instan a la ministra Gelmetti a que deje sin efecto dicha resolución en forma inmediata.

«Repudiar todo acto de funcionarios públicos que impidan la tarea republicana de legisladores en instituciones públicas por diferencias de pertenencia partidaria, en términos de partidos políticos reconocidos legalmente» es lo que expresa el artículo 1° del proyecto de Resolución que presentó el Bloque de la UCR y que refiere a la Notificación N° 104/CEJPA/15 de fecha 12 de junio de este año, suscripta por el Lic. Alejandro Yucra, a cargo de la Coordinación de Educación para Jóvenes y Adultos de la Secretaria de Gestión Educativa (CEPJA) del Ministerio de Educación de la Provincia. En el proyecto, se repudia también en el proyecto tal resolución por ser la misma autoritaria, arbitraria, ilegal y contraria a los valores democráticos. Asimismo, el artículo 3° solicita a la Ministra de Educación, Lic. Florencia Gelmetti, que deje sin efecto en forma inmediata dicha notificación.

El proyecto de Resolución fue fundamentado por el diputado y vice presidente 2° de la Legislatura de Jujuy, Jorge Rizzotti, y acompañado por sus pares de Bloque. Se fundamentó en el análisis que surge de la mencionada notificación de la CEPJA del Ministerio de Educación que circuló entre instituciones educativas públicas de nuestra provincia. En la misma, desde la función pública se prohíbe el ingreso a «dirigentes políticos de la oposición a este Gobierno Provincial» a los establecimientos educativos y «toda gestiones de ningún tipo por parte de estas figuras políticas» (sic).

«La notificación está fuera de toda posibilidad de justificarla, es una locura institucional, un claro acto de desconocimiento de prácticas republicanas. Atenta contra derechos constitucionales y libertades políticas, es un acto resolutivo oficial que contradice basamentos democráticos esenciales», evaluó el diputado Rizzotti. «¿Sabrá la ministra de tantas luchas históricas con la que en Argentina logramos la educación libre de comisarios políticos?; acciones así merecen que el Gobernador ponga a evaluación el trabajo de la ministra Gelmetti, titular de la cartera educativa responsable del hecho que incurre en, además, abuso de autoridad, desconocimiento de la función pública y hasta amenazas veladas, ya que deja expuesta la posibilidad de consecuencias en caso de contradecir la notificación», profundizó el legislador.

Rizzotti explicó que «la distinción sobre «políticos opositores a este Gobierno Provincial» -tal cual dice la notificación- es una lesión al derecho consagrado en el artículo 14 de nuestra Constitución Nacional de asociarse con fines útiles, para lo que, en el caso de nuestra función como legisladores, por ejemplo, nos hemos asociado como integrantes de partidos políticos. También impide nuestro derecho y obligación de la tarea legislativa, para lo que requerimos del diagnóstico periódico de las instituciones de nuestra sociedad, por lo que la notificación ministerial que exigimos se rechace y deje sin efecto impide también lo que en parte configura la relación representantes-ciudadanía: el acercamiento a las comunidades como actores políticos». «El Artículo 42 de nuestra Constitución Provincial, de derechos y libertades políticas, expresa también que gozamos de, entre otros derechos y oportunidades, del de recibir o emitir información de carácter político, de manera individual o colectiva, sin ser molestados por ello», agregó el diputado quien también consideró: «el hecho, en lo que hace a los actores que involucra, genera también una doble descalificación para las y los estudiantes que son subestimados, ya que siendo jóvenes y adultos (a quienes, en su momento, ya se les vedaron derechos educativos), son hoy actores de participación política y, por tanto, con derecho a ejercerla».

«Por donde se la analice, esta notificación debe inmediatamente quedar sin efecto y tener la desaprobación de representantes legislativos, como parte del deber de defender nuestras instituciones democráticas y, entre ello, la educación pública, que en la Argentina hemos logrado con la lucha histórica de diversos protagonistas políticos y del pueblo», finalizó Rizzotti.

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