Para Baca, la Presidenta y funcionarios imputados deberían “ponerse a disposición de la justicia permitiendo el avance de la investigación”

Jujuy al día® – El diputado provincial Pablo Baca (UCR), momentos antes de participar en la marcha convocada en homenaje al Fiscal Alberto Nisman en esta capital jujeña, expresó su adhesión a un reconocimiento a los servicios que prestó para el país y la necesidad de que se reconstruya la verdad en torno a lo sucedido con su muerte y se administre justicia.

En particular, respecto a la imputación de encubrimiento de la pista iraní que pesa sobre la Presidenta y miembros de su gobierno, Baca reclamó la necesidad de que “los funcionarios nacionales se pongan a derecho y faciliten las acciones necesarias para que se esclarezcan los hechos”.

Pablo Baca apreció que la marcha del silencio que se llevó adelante en todo el territorio nacional, es un gesto de reconocimiento a una persona que ha prestado un servicio al país.  “El homenaje se vuelve necesario porque le ha sido negado por parte del gobierno nacional  y es entonces pertinente una expresión ciudadana destinada a suplir esa falta”.

Por otra parte, el legislador radical cuestionó la actitud del Gobierno Nacional que ha tratado de ensuciar la memoria por Nissan, con estrategias destinadas a desacreditarlo de manera personal, del mismo modo que ha montado campañas destinadas a descalificar a los jueces y fiscales que intervienen en causas en las que se investigan responsabilidades de funcionarios.

“Es evidente que encontrándose imputadas la Presidenta y el canciller, el gobierno está en todo derecho de cuestionar la denuncia y expresar todo lo necesario para defender las gestiones que hizo con relación a la causa por la voladura de la AMIA. Pero vincular a Nisman -como vienen haciendo sectores kirchneristas- con distintos tipos de complots y de delitos, ya es otra cosa”.

“Los funcionarios imputados tiene que ponerse a derecho –insistió Baca- deben presentarse ante la justicia, ponerse a su disposición, reconocer la existencia de una causa judicial  y comportarse como corresponde a alguien que se encuentra imputado, permitiendo el avance de la investigación y brindando las explicaciones que entiendan necesarias y hagan a su derecho de defensa”.

“El gobierno no pueden en cambio -enfatizó Baca- utilizar los servicios de inteligencia para construir información o datos que desacreditan a los fiscales y jueces y difundirla por los circuitos de su aparato comunicacional, a través de redes sociales y medios y periodistas afines, haciendo aparecer a quienes tienen la función de intervenir en las causas vinculados a tentativa de golpes de estado o como representantes de intereses espúreos o como delincuentes”.

“Con este tipo de campañas, el Gobierno lo que hace es dificultar el avance de las investigaciones y el esclarecimiento de la verdad. Y cuando el gobierno triunfa en estas campañas contra los jueces y fiscales, en realidad es peor, para el gobierno y para el país, porque queda la sensación de que el poder ha usado sus recursos para garantizarse impunidad”.

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