Pablo Baca abogó por la efectivización del derecho a la consulta de los pueblos indígenas

pablo baca 2Jujuy al día® – El diputado Pablo Baca (UCR) participó recientemente del Seminario de Políticas Públicas organizado por la sede Abra Pampa de la Tecnicatura Superior en Desarrollo Indígena del Instituto de Educación Superior Intercultural “Gloria Pérez”. En un panel sobre el “Derecho a la Consulta de los Pueblos Indígenas” del que también participaron el dirigente Jorge Mamaní del Movimiento Comunitario Pluricultural y el abogado Ado Coca, Pablo Baca se refirió a la necesidad de reglamentar el derecho en un proceso participativo que permita incorporar los aportes de las diversas comunidades originarias.
En ese contexto, el diputado Baca señaló que si bien aún en Jujuy no hay un reglamentación del derecho a la consulta de los pueblos indígnas, existe la obligación por parte del Estado de efectivizarlo, atento a los compromiso derivados del Convenio 169 de la OIT, la ratificación por parte de Argentina de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, así como las directrices del sistema interamericano de derechos humanos. En efecto, fallos de la CIDH sentaron jurisprudencia al respecto en casos como Saramaka vs Surinam; Awas Tigni en Nicaragua; Yakye Axa vs Paraguay y Sarayaku vs Ecuador.
Explicó el legislador que el derecho a la consulta previa consiste en garantizar que los pueblos indígenas puedan participar, intervenir y decidir, con antelación a la toma de decisiones sobre asuntos que los afecten. Se trata de un derecho fundamental que debe ser respetado, garantizado y promocionado por el Estado, cuando toma decisiones de políticas públicas, obras, servicios y concesiones en territorios indígenas.
Pablo Baca observó que en Jujuy “la aplicación práctica del derecho a la consulta ha sido resistida por el Gobierno Provincial, en un contexto de desarrollo de un modelo extractivista que se basa en la explotación de los recursos naturales, en particular minerales, en territorios que son de comunidades”.
Apreció el legislador que “frente a este modelo de desarrollo, el derecho a la consulta y la participación de las comunidades, ha sido percibido como un obstáculo, más que como una obligación que debe garantizarse en plenitud, de manera que los procesos de desarrollo impulsados por el Estado sean compatibles con los modelos de desarrollo de los pueblos indígenas y respetuosos de los derechos que les han sido reconocidos”.
Recordó Baca que la Unión Cívica Radical, a través de Bloque de Diputados, ha presentado una propuesta para la creación de un Instituto Provincial de Asuntos Indígenas, como un ámbito de la institucionalidad estatal donde estén representados los pueblos indígenas que habitan en la provincia, que tenga como finalidad canalizar los aportes de las comunidades en la definición de las políticas públicas y garantizar el derecho a la consulta.
Pero además destacó el legislador que desde la Secretaría de Derechos Humanos de la UCR se viene trabajando en la elaboración de un anteproyecto de reglamentación del derecho a la consulta, así como en un proyecto que permita un proceso de preconsulta, de manera que la elaboración de la ley sea el resultado de la participación y los aportes de los propios pueblos indígenas.
Sintéticamente, explicó Pablo Baca, que el derecho a la consulta exige garantizar la participación de todas las comunidades cuyos intereses pudieren verse afectados por decisiones del estado, en materia de proyectos, programas, legislaciones, políticas públicas y concesiones. Pero además, entre otros presupuestos, debe garantizarse el acceso de los pueblos a toda la información detallada, comprensible y completa para que las comunidades puedan conocer en profundidad de que se trata la decisión que se está por adoptar. A propósito indicó que además para ello, debe garantizarse un proceso previo de elaboración interna de la posición de la comunidad y, favorecer que participen todos sus integrantes, no solo las autoridades y establecerse una metodología de consulta adecuada al universo cultural de cada pueblo indígena.
Asimismo, Baca puso de relieve que el proceso de consulta debe ser llevado adelante por un órgano administrativo, y no como ha venido ocurriendo por parte de particulares y empresas a las que el Estado les otorgó alguna concesión y que han apelado a mecanismos que rayan en la matriz clientelar.
Presumió Baca que si “el actual Gobierno de la Provincia reglamentara el derecho a la consulta, sería para hacer un simulacro y dar por cumplida una obligación, porque de verdad no ha tenido la voluntad política de garantizar este derecho.
Anticipó además que elevará a la Legislatura un proyecto legislativo que ha sido elaborado por la Secretaría de Derechos Humanos de la UCR, al igual que otro proyecto de la misma Secretaría que establece una instancia de participación de las comunidades en una suerte de preconsulta para recuperar los aportes de las comunidades en el diseño de una ley que reglamente el derecho a la consulta previa.