Gerardo Morales “Hacia un cambio cultural por más transparencia, información pública y una efectiva rendición de cuentas”

gerardo garridoJujuy al día® – “Necesitamos producir un cambio cultural que permita transparentar la gestión pública con mayor información y una efectiva rendición del uso de los recursos públicos. Es fundamental para garantizar la eficacia del estado, lograr un gobierno en diálogo con la sociedad y combatir la corrupción” afirmó el senador nacional Gerardo Morales y señaló que para ello urge avanzar hacia un modelo de gobierno abierto, mejorar el acceso a la información pública y la rendición de cuentas.

“Es una lucha que nos va a llevar tiempo, sin embargo tenemos que darla porque de ella depende la calidad de la democracia que construyamos”, definió Morales. El senador jujeño participó recientemente del cierre de la I Jornada sobre Gobierno Abierto organizada por el Centro de Estudios Sociales y Políticos, en el salón de la Facultad de Ciencias Agrarias.

Durante el encuentro Morales analizó el acceso a la información en el país y la provincia. Señaló la negativa del oficialismo a la sanción de una ley nacional de acceso a la información, indicó que igual negativa existe en Jujuy a modificar la Ley 4444 y destacó el compromiso de la UCR por efectivizar el derecho de los ciudadanos de acceder la información.

En ese contexto recordó el caso Grecco, un litigio estratégico por acceso a la información impulsado por el senador jujeño. En 2006 el kirchnerismo intentó aprobar una ley que autorizaba al Ejecutivo a emitir bonos para pagar deudas a proveedores por 1.300 millones de pesos. La Cámara de Diputados le dio el visto bueno al proyecto que fue frenado en el Senado. “A los radicales nos llamó la atención, no sólo la premura sino también la no identificación de esos proveedores. Nuestra férrea negativa a votar algo a libro cerrado, postergó el debate. Al día siguiente supimos que entre los beneficiados por esa emisión de bonos se encontraba el Grupo Greco. El proyecto le concedía bonos por 598 millones de pesos” recordó. “La información y el estudio que se hizo del caso reveló que en verdad era ese grupo el que le debía al Estado alrededor de 167 millones de pesos”.

También Gerardo Morales se refirió a otro caso testigo que se encuentra para su resolución en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y que consideró clave para resolver el acceso a la información en Jujuy. Se trata de un caso donde el Gobierno Provincial negó al diputado Carlos Oheler información aduciendo su carácter de legislador. “El caso es importante porque permitirá ratificar que todos los ciudadanos son sujetos del derecho de acceder a información pública y que no se requiere requisito ni legitimación alguna. Y esto es clave en la lucha por la transparencia”, explicó Morales.

En este contexto, reinvidicó el rol del radicalismo en la Legislatura que desde 2005 viene impulsando proyectos de reforma a la Ley 4444. Morales observó que la negativa a tratarlos por parte el oficialismo revela la falta de decisión política por transparentar la gestión pública.

También el Presidente del Bloque de Senadores Nacionales de la UCR y titular del radicalismo jujeño, se refirió a la rendición de cuentas y al respecto cuestionó severamente la modificación que se hizo a la Ley de Administración Financiera que limitó la rendición de cuentas del Poder Ejecutivo a un solo capítulo del Presupuesto: las obligaciones a cargo del tesoro, cuando en realidad el Gobierno debería rendir cuentas de cada uno de los pesos gastados.

Valoró en tal sentido el trabajo del Bloque de Diputados de la UCR que ha puesto en el tapete la actitud del gobierno provincial y los artilugios para eludir la rendición de cuentas de la ejecución presupuestaria.

“Una deficitaria rendición de cuentas genera condiciones para una deficitaria gestión y uso de los recursos, pone en dudas la administración, favorece un uso indebido, estimula corrupción y permite que los recursos públicos no se usen para satisfacer las demandas de los ciudadanos y en particular de los que más requieren de la ayuda del estado” agregó.

Durante el encuentro organizado por el Centro de Estudios Sociales y Políticos, la ausencia de ley en Argentina de acceso a la información, Al respecto cabe señalar que el Estado nacional solo aprobó el Decreto 1172 que permite el acceso a la información solo en el Poder Ejecutivo. Morales destacó en ese contexto, que en los últimos años se ha registrado un proceso regresivo del derecho de acceso a la información, que implica mayor secretismo, menos información y por lo tanto menos posibilidades de evaluar la gestión pública, así como mayores márgenes para la discrecionalidad, el abuso y la corrupción

También entonces se analizó la legislación provincial, la Ley 4444, que ha quedado rezagada y no se adecua a los estándares que el sistema regional de DD.HH ha fijado para el derecho en la región.

Durante la Jornada hubo un acuerdo unánime de todos los participantes que es preciso cambiar al Estado e introducir una cultura de apertura de datos, acceso a la información y transparencia. Para lo cual deben modificarse prácticas, imaginarios y conductas tanto de la sociedad política, de sus dirigentes, como de la sociedad civil, sus organizaciones y sus ciudadanos

Asimismo se destacó que el gobierno abierto, como modelo de gestión de la comunicación de gobierno y como soporte de un gobierno democrático, deliberativo y conversacional ha venido para quedarse.

Argentina está atrasada en materia de gobierno abierto, un modelo que se basa en la transparencia, la apertura de datos, la colaboración y la participación ciudadana. Se trata de un esquema que favorece la interrelación entre el Estado y los ciudadanos puestos en diálogo para el desarrollo de una mejor gestión. Este modelo tiene como una de las herramientas las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y formatos abiertos que hagan accesible los datos. Cabe señalar que en el Congreso de la Nación existen diversos proyectos sobre esta materia, pero han sido bloqueados por el oficialismo.

También en ese marco se destacaron los avances jurisprudenciales que han ocurrido en materia de acceso a la información, como el fallo de la Corte suprema de Justicia de la Nación que obligó al Estado Nacional entregar al CIPPEC información sobre los beneficiarios de los planes sociales. El gobierno Nacional se había negado a proveerla señalando que se trataba información sensible que afectaba a grupos vulnerables. Sin embargo la Corte señaló que se trata de información pública y que su conocimiento contribuye a que la ayuda social llegue a los sectores con mayores necesidades. La corte entonces dijo: “No es ocultando padrones que se dignifica a los vulnerables. Por el contrario, haciéndolos accesibles se facilita que las ayudas estatales lleguen a quienes tienen derecho a ellas. La transparencia —no la opacidad— beneficia a los vulnerables. Ayudarlos no es ignominioso, la ignominia es pretender ocultar a quienes se asiste, pretendiendo que impere el sigilo en el ámbito de la canalización de los fondos públicos. Fondos que, parece innecesario aclarar, no son del Ministerio sino de la sociedad toda.” Cabe destacar que el Gobierno Nacional aún no cumplió con esa sentencia de la Corte.

La Jornada del Centro de Estudios Sociales y Políticos contó con la participación –además del senador Morales- de la consultora, especialista en acceso a la información, Karina Banfi, la ex jueza María Rosa Caballero, el diputado nacional Manuel Garrido y el Auditor General de la Nación, Alejandro Nieva. Entonces, el Cesyp presentó su Observatorio sobre Transparencia Pública.