Ley de abastecimiento: “ninguno de nosotros quisiera que haya un tercero que tome decisiones en nuestras casas sobre lo que tenemos que hacer o no”

[pullquote]Además Ljungberg consideró que la misma “no va a solucionar el problema de crecimiento de precios que es lo que intenta solucionar”[/pullquote]

LjungbergJujuy al día® – Así lo manifestó el reconocido economista jujeño, Juan Ljungberg, al referirse a las modificaciones que intenta imponer el Gobierno de Cristina de Fernández de Kirchner en la ley de Abastecimiento, medida que ya ha causado un fuerte repudio del sector empresarial y productivo argentino, como así también de la oposición.

Además aseguró que la finalidad que persiguen estas modificaciones “no se van a alcanzar, y sí se agregan consecuencias negativas”, tales como poner en peligro las fuentes de trabajo como también actuales y futuras inversiones.

En una entrevista con el diario JUJUY AL DÍA®, Juan Ljungberg manifestó que “la ley de abastecimiento vigente es del año 1974 que ha sido sancionada en el gobierno de Perón y luego de tomar como antecedente la vieja ley de contra el agio y la especulación sancionada en el primer gobierno de Perón. Esta ley de 40 años de vigencia ha sido aplicada en pocas ocasiones pero si ha sido usada como un elemento de amedrentamiento hacia los empresarios en los últimos años. Si recordamos al Secretario Moreno en muchas oportunidades la esgrimió como un sable contra los empresarios para tratar de controlar el crecimiento de los precios sin éxito”.

Comentó “en ninguna de sus dos versiones anteriores tuvo éxito la ley y generó un clima que es anti empresarial y anti propiedad privada”.

Mencionó que lo que se pretende ahora “es alguna modificación, sacando como muestra de buena voluntad hacia los empresarios, la pena de prisión que está contemplada en la ley vigente, pero se incorporan cosas que les preocupa más a los empresarios que es el hecho de una intromisión muy fuerte ya que el Estado pasaría a avanzar en las empresas, no solo requiriendo información, algo que ahora lo hace sobre todo con este programa precios cuidados y ya lo hacía antes Moreno, sino que también quiere establecer y fijar a las empresas  cual es el precio al cual deben vender sus productos y cuál es el margen de utilidad que pueden tener”.

Aseguró que esto es “absolutamente incompatible con un régimen de propiedad privada, con el régimen de economía capitalista, porque el que pone el capital en juego corre el riesgo, si le va bien gana plata y si le va mal pierde su plata, pero otra cosa es correr el riesgo de perder su dinero cuando las decisiones la toma un funcionario público, quien no va a perder nada si le va mal y  ninguno de nosotros quisiera que haya un tercero que tome decisiones en nuestras casas sobre lo que tenemos que hacer o no cuando nosotros ponemos la plata y si nos va mal el problema es nuestro”.

“Estas modificaciones avanzan en un sentido parecido al que tiene la legislación que hoy rige en Venezuela llamada ‘precios justos’ y que concentra  el desastre que existe en materia de abastecimiento en Venezuela donde hay faltante de todo tipo, colas de 5 horas para que la gente pueda comprar, donde hay una tarjeta de racionamiento que le dicen que si ya compró algo no lo puede hacer de nuevo  y ahora van a aplicar un sistema de identificación por huellas dactilares para evitar maniobras que eludan ese control, por lo que, con esos antecedentes, la receptividad de estos proyectos no es buena”, afirmó.

Sostuvo que “ningún empresario  quiere poner  en riesgo su propiedad y su capital invertido en manos de algún funcionario que no corre ningún riesgo y esto además va en contra de un sistema de economía de mercado, de economía de la propiedad privada. Esto solo puede ser aplicado cuando las empresas son colectivos, cuando son propiedad del Estado en donde sabemos que si las decisiones son malas y hay perdidas, la empresa va a quebrar pero el Estado no quiebra porque emite dinero y arregla cualquier bache que pueda tener, esto no ocurre con las empresas privadas”.

El economista jujeño aseguró que estas medidas “no ayudan a un clima de nuevas inversiones, genera un sentimiento de rechazo y no va a solucionar el problema de crecimiento de precios que es lo que intenta solucionar”.

Agregó que “cuando hay sectores de la economía que son concentrados como monopolios y oligopolios, el Estado tiene la obligación de regular esos mercados, pero hay otros  mecanismos, no el de fijarle precios porque si no le están quitando la herramienta esencial que cualquier empresario tiene sobre la decisión de su negocio. No creo que esto contribuya al objetivo que se propone, es más, creo que enrarece más el clima de negocios en la Argentina”.

Insistió resaltando que “las soluciones que se buscan no se van a alcanzar y si se agregan consecuencias negativas. Primero que si realmente se sanciona y se aplica así puede haber empresas que decidan no estar dispuestas a jugar con esas reglas y cierren, otros que estén previendo instalar una empresa y con estas reglas de juego no lo hagan, con lo cual no solo no se soluciona el problema de crecimiento de precios sino se agrava el problema de empleo”.

Afirmó “no me parece una solución idónea para estos problemas, pero es una concepción ideológica que se va a dar de palo con el esquema constitucional de la propiedad privada que existe en Argentina”.

JUJUY AL DÍA® consultó al reconocido economista cuáles son los riesgos y consecuencias que puede tener la intromisión del Estado en las empresas privadas de nuestro país, a lo que Ljungberg comentó, “cualquier gobierno que se meta dentro de las empresas no es bueno porque la propiedad es uno de los valores y derechos fundamentales de nuestra organización política y económica, está en el artículo 14 de la Constitución, es la propiedad privada. Inmiscuirse en la propiedad privada es tan malo como que el Estado se meta en la casa de cada uno decidir cosas, y a nadie le gustaría que venga un funcionario y le diga que tiene que comer hoy, o cuando va a usar un producto”.

Continuó expresando que “en una empresa es lo mismo, porque pone en riesgo además las fuentes de trabajo que genera esa empresa por las cuales el empresario es responsable pero cuando las decisiones fundamentales se las toman desde afuera, esto lo va exculpar al empresario que va a decir que no tiene la culpa si se fracasa por decisiones de un funcionario, sino que va a mandar a que le reclamen a él, es decir que incluso le brindaría un argumento a los empresarios para deslindarse de la responsabilidad que tienen del mantenimiento de las fuentes de trabajo”, concluyó.