Pablo Baca: “proponemos modificar la Ley Provincial de Glaciares para aumentar la protección”

Jujuy al día® – Un proyecto de modificación de la Ley Provincial de Glaciares tomó estado parlamentario en la última sesión ordinaria. El proyecto es de autoría del diputado Pablo Baca y busca introducir cambios para establecer un estándar mayor de protección.

Cabe recordar que en Julio de 2010 la Legislatura de Jujuy sancionó la Ley Nº 5.647 para la preservación de las masas de hielo. Al poco tiempo, en septiembre de 2010 el Congreso aprobó la Ley Nacional 26.639 “Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”.

Baca al respecto señaló que “la Nación tiene competencia para el dictado normas de presupuestos mínimos” y destacó que esa ley nacional de Protección de los Glaciares apuntó “a proteger cuencas hídricas, las cuales presentan una unidad ecológica y funcional, de carácter interprovincial, y por ende no pertenecen a una sola jurisdicción provincial. Las aguas nacen en una provincia, cruzan su territorio y continúan su curso a través de uno o más provincias, regando campos y abasteciendo ciudades. Al tratarse de cuencas interprovinciales, su regulación compete también al Estado Nacional”.

El legislador radical explicó que “las leyes provinciales sólo mantienen su vigencia en cuanto sean más protectoras o no se opongan a los principios y disposiciones contenidas en la actual ley nacional; y en caso de que así no fuere, prevalece esta última”.

Cabe recordar que Ley Provincial 5.647 fue objetada desde el radicalismo porque en su artículo 1 considera como función del glaciar el ser “reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua de recarga de cuencas hidrográficas”. En cambio, explicó Baca, la ley nacional, les reconoce además, su función como “reservas para el consumo de agua humano y para la agricultura; garantizando su valor como biodiversidad, como fuente de información científica y atractivo turístico”. Por ello, es que con el proyecto de modificación, se busca extender la función de preservación de los glaciares en sintonía con la Ley Nacional.

Además, añadió “el artículo 2 de Ley provincial no protege los glaciares en su integridad ecosistémica; ‘recorta’ la protección a los glaciares descubiertos, cubiertos y de escombro, dejando expresamente fuera de la tutela jurídica a los ambientes periglaciares. Éstos son un subsistema integrante y constitutivo del ‘sistema glacial’ y por tanto, cumplen funciones ecosistémicas indispensables para el mantenimiento de éstos en su conjunto”, precisó  el diputado Baca.

El legislador propuso en cambio “la protección integral de los sistemas glaciares como ecosistemas complejos en su integridad, que incluyen los glaciares propiamente dichos (descubiertos, cubiertos y de escombros) y el ambiente periglacial”.

“Es imperiosa la ampliación del objeto que protege la ley provincial que es sustancialmente más reducido que la ley nacional, porque se excluye al ambiente periglacial”, agregó.

Por otra parte, cabe señalar que la ley provincial había dispuesto que el inventario se realizara en un plazo de en un año, contado a partir de su entrada en vigencia. Al respecto, Pablo Baca expresó que “ese plazo está vencido y no se ha cumplido con la tarea prevista por la norma”. La ley nacional en cambio, había dispuesto que el inventario se realizara de manera inmediata.

También objetó Baca que la ley provincial efectúa “una referencia ambigua a actividades prohibidas “que impliquen destrucción, traslado o degradación de los glaciares, sin especificar cuáles y qué tipo de actividades serían éstas, lo cual deja la prohibición librada al arbitrio de las respectivas autoridades de aplicación”. Y además “para que la prohibición efectivamente opere, debe ser determinada mediante la evaluación de impacto ambiental”.

“Esta cláusula –subrayó- no garantiza un sistema de protección efectiva. Proponemos por eso la identificación expresa de actividades económicas en un sistema de prohibiciones en función del grado de intervención y potenciales daños y niveles de peligrosidad para la efectiva salvaguarda de los sistemas glaciares”, argumentó Baca.

A propósito observó que la ley nacional “prohíbe a priori y general las actividades que afectan la condición natural y las funciones de los glaciares y periglaciales, las que impliquen su destrucción o traslado o interfieran en su avance y; en particular, expresa y taxativamente, las siguientes: a) La liberación, dispersión o disposición de sustancias o elementos contaminantes, productos químicos o residuos de cualquier naturaleza o volumen, incluida en dicha restricción las que se desarrollen en el ambiente periglacial; b) La construcción de obras de arquitectura o infraestructura con excepción de aquellas necesarias para la investigación científica y las prevenciones de riesgos; c) La exploración y explotación minera e hidrocarburífera, incluida en dicha restricción las que se desarrollen en el ambiente periglacial; d) La instalación de industrias o desarrollo de obras o actividades, incluida en dicha restricción las que se desarrollen en el ambiente periglacial”.

Otra de las objeciones efectuada a la ley provincial de glaciares es que en su artículo 7, no alude a que se garanticen mecanismos de participación pública en las instancias de aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental de actividades y/o emprendimientos que pretendan operar en las zonas de glaciares y periglaciares. Es decir, añadió Baca, “no prevé la instancia de participación ciudadana mediante el procedimiento de audiencia pública previsto en los arts. 19, 20 y 21 la ley general del ambiente Nº 25675”.

En el proyecto presentado, al respecto se propone que la Ley establezca la amplia y plena participación pública, en particular de las comunidades más directamente involucradas, en el estudio y evaluación de los Estudios de Impacto Ambiental, tomando como base lo dispuesto en la Ley General del Ambiente.

Asimismo, precisó Baca, “la ley provincial excluye de su alcance a las actividades que están en ejecución, autorizando a que continúen con su desarrollo, es decir que libera de toda responsabilidad a quienes pudieren haber violado la ley afectando glaciares. En cambio la ley nacional, dispone bajo el título de Norma Transitoria – Actividad en Ejecución”, que en un plazo máximo de 180 días de su promulgación, deberán someterse a una auditoría ambiental en las que se identifiquen y cuantifiquen los impactos ambientales potenciales y generados. Y en caso de verificarse impacto perjudicial sobre glaciares o ambiente periglacial, exige que se ordenen las medidas pertinentes para que se cumpla la ley, pudiendo disponer el cese o traslado de la actividad y las medidas de protección, limpieza y restauración que correspondan.

 Pero además, en las áreas potencialmente protegidas, no se autoriza “la realización de nuevas actividades hasta tanto no esté finalizado el inventario y definido los sistemas a proteger y, ante la solicitud de nuevos emprendimientos”.

“Todas estas previsiones deben ser incorporadas al texto de la ley provincial” arguyó el diputado Pablo Baca, quien puso de relieve que “es evidente que la protección de glaciares dispuesta en la ley provincial es menor que en el proyecto de ley nacional”.

Otra crítica es que la ley provincial “tiene efectos liberatorios de la responsabilidad a quienes pudieren haber afectado o estuvieren afectando, la integridad de glaciares y periglaciares”, por ello es que la UCR busca introducir una reforma legislativa que además “resuelva la relación de prelación, jerarquía y por ende de aplicación, entre ambas normas”.