Ley de regularización laboral: según Baca con esta sanción el gobierno de Fellner reconoció ser el mayor empleador en negro de la provincia

Jujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, el Diputado Provincial Pablo Baca se refirió a la reciente ley de regularización laboral provincial aprobada por la Legislatura en su última sesión ordinaria, la cual, según el legislador, “no satisface” las expectativas generadas, ya que solo se resume en la creación de un registro de trabajadores precarizados.

Aseguró que con esta aprobación el gobierno reconoció ser el mayor empleador en negro de la provincia y la falta de generación de empleo en el sector privado durante los años de gobierno oficialista.

Pablo Baca manifestó al respecto que “la ley no satisface las expectativas generadas con este proyecto ya que solo crea un registro de todas las personas que están en situación de precariedad en el ámbito del Estado provincial. En definitiva el proyecto que se aprobó es el del oficialismos y solo crea este registro el cual debe estar en funcionamiento en un plazo breve y hay que garantizar que todos los municipios y el Estado provincial aporten los datos de todas estas personas, y si por algún motivo no los aporta el propio interesado tiene que ir e incorporarse al registro”.

Comentó que “según el oficialismo a partir de esa información se llevará adelante una política de regularización de la situación, esto es algo que la gente y los que tenemos una representación tenemos que mantenernos atentos a que el proceso se cumpla y se satisfagan todas las expectativas que se han generado”.

JUJUY AL DÍA® consultó al legislador radical si con la sanción de este proyecto del oficialismo provincial el gobierno de Fellner reconoció ser el mayor empleador en negro de la provincia, Pablo Baca expresó “absolutamente, el proyecto implica el reconocimiento de por lo menos de dos cosas. Primero que en Jujuy durante las últimas décadas la economía ha estado estancada, no ha habido creación de fuentes de trabajo que acompañen el crecimiento de la población, lo que ha sido un problema grave de los jujeños”.

Agregó “además reconoce también que el Estado ha recibido gran parte de la demanda de empleo y que ha generado relaciones que no son las que legalmente corresponden. Ha incorporado a personas a trabajar que ganan menos de lo que deberían de acuerdo a la función que cumplían y que además estaban privados de obra social y aportes jubilatorios, es decir en una situación de privación de derechos elementales del trabajador”.

En este sentido nuestro medio consultó al entrevistado acerca de porqué durante esta “década ganada” ha crecido tanto el empleo en negro en el estado provincial, Baca respondió “por un conjunto de factores. En primer lugar por la falta de trabajo que los ha llevado a aceptar condiciones de privación de derechos. El Estado, en algunos casos, ha venido encubriendo la incorporación de personal con la forma de planes sociales o figuras que no son las que están en la ley administrativa”.

Indicó que a estas personas “cuando se las incorpora en algunos casos se les pide que trabajen y en otros no, se los incorpora para realizar tareas política como una forma de clientelismo que se utiliza para explotar a la gente porque en la medida que no se reconocen los derechos y se dan tareas que no corresponden evidentemente se lesionan los derechos de la gente”.

“Hubo esta situación social de base, la falta de oportunidades en Jujuy. Si bien puede ser que haya habido casos en los que podríamos pensar que de buena fe algún intendente o funcionario pretendió ayudar a la gente y en otros casos fue una manera de explotación de la gente que no ha tenido otra alternativa, que fueron obligados por las circunstancias, a aceptar condiciones de trabajo que no son las que corresponden”, afirmó.

Pablo Baca también se refirió a la alternativa a esta proyecto que fue presentada por el bloque radical, mencionó que “como bloque propusimos nuestro propio proyecto porque teníamos la voluntad que se sancione una norma que efectivamente garantice los derechos, que establezca procedimientos claros para incorporación de la gente que está en negro y también queríamos que se establezcan con claridad de donde iban a proceder los recursos para todos aquellos que no están cobrando lo que corresponde y están sin aportes previsionales ni obras sociales”.

“Eso no quedó claro ya que solo quedó creado un registro que en las explicaciones que se escuchan es una primera etapa para obtener información para llevar a una política de regularización”, indicó.

En relación a las sanciones plasmadas durante el debate, que sostenían de sancionar mediante los fondos de coparticipación a las municipales y comisiones municipales que no cumplan y que tengan empleados precarizados, Baca explicó que “hay un sistema de sanciones pero hemos planteado que no hay que sancionar a la municipalidad ni al organismo si no, en todo caso, a la persona que incumpliendo las leyes tiene bajo su dependencia a personas trabajando sin los derechos que le corresponden”, concluyó.