Presentan iniciativa legislativa para que se aumenten los recursos destinados al abordaje de la violencia de género

fondos para lucha genero1Jujuy al día® – En la Legislatura de Jujuy se presentó una iniciativa para que se declare el estado de emergencia por los altos niveles de violencia de género que se registran en la Provincia de Jujuy. Durante el año que dure la emergencia el Ejecutivo deberá incrementar el presupuesto y poner en marcha toda la institucionalidad prevista en la Ley 5107, garantizar su cumplimiento así como el de la Ley 5738 a través de la cual la provincia adhirió a la Ley Nacional 26485.

El proyecto fue ingresado con la firma de la diputada Alejandra Martínez, Pablo Baca y el resto de miembros de la bancada. Esta iniciativa es el resultado de un trabajo conjunto que llevaron a cabo el radicalismo con Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá), Libres del Sur, Barrios de Pie y el Partido Socialista.

Durante la presentación estuvieron presentes, la diputada Alejandra Martínez, su par Pablo Baca, la coordinadora provincial de Mumalá, Patricia Farfán, la coordinadora de Barrios de Pie, Laura Rocha, el referente de Libres del Sur Carlos Aliaga, el Presidente del socialismo en Jujuy, Ramiro Tizón, la referente de mujeres de ese partido, Mercedes Cruz, la Secretaria de la Mujer de la UCR Ada Galfré y la Sec. de DD.HH de la UCR María Inés Zigarán.

La diputada Alejandra Martínez explicó que la emergencia propuesta comprende un aumento presupuestario excepcional para poner en funcionamiento todos los centros y organismos previstos en la Ley 5107, entre ellos los Centros de Atención Integral a la Violencias Familiar y refugios en todo el territorio provincial y la Comisión Provincial para la Atención Integral de la Violencia Familiar. Precisó la legisladora, que los recursos deberán destinarse también a los otros servicios estatales que atienden la problemática de la violencia hacia las mujeres, tanto los servicios sociales como los servicios sanitarios, educativos y judiciales.

La dirigente de Mumamá, Patricia Farfán, agregó que el proyecto además propone la asignación de mayores fondos a las Oficinas de Violencia Doméstica y la Oficina de la Mujer del Poder Judicial, la implementación de una ayuda económica para mujeres en situación de pobreza que sufren violencia de género, un Observatorio para la elaboración de una base de datos, sistematización de información y producción de investigación destinada a mejorar la política pública.

Pero además, agregó Farfán, la iniciativa busca también que se implementen campañas de difusión masiva de las disposiciones previstas en la Ley Provincial Nº 5107, la Ley 5738 y la Ley Nacional Nº 26.485, que les permita a las mujeres conocer los derechos que les asisten, los procedimientos que deben seguir ante casos de violencia, los servicios existentes en la órbita estatal, las acciones administrativas y judiciales posibles, y que además, permita conocer las políticas y programas.

Por su parte, la Coordinadora de Barrios de Pie Laura Rocha dijo que deben implementarse mecanismos de difusión de los Protocolos de Atención a Víctimas de Violación, Protocolo Post aborto y de la Guía Nacional sobre Aborto No Punible, así como la implementación de programa de formación y actualización permanente a todos los agentes de los servicios públicos que abordan la violencia de género, desde la perspectiva de género y derechos humanos.

También Farfán y Rocha señalaron que el proyecto propone la implementación, a través del Consejo de la Microempresa, el Ministerio de la Producción y/o el Ministerio de Desarrollo Social, de programas para incorporar a las víctimas de violencia de género a micro emprendimientos y proyectos productivos, destinados a fortalecer su autonomía económica y en particular requiere que en el ámbito rural se fortalezcan los servicios de prevención y asistencia, porque se trata de zonas donde más está vedada su accesibilidad.

La Sec. de la Mujer y diputada (mc) Ada Galfré, autora de la Ley 5107, indicó que siguen sin asegurarse a nivel provincial todos los servicios destinados a garantizar la implementación de las disposiciones contenidas en esa ley, la Ley 5738 y la Ley 26485. “Esta situación revela un déficit de política pública que debe ser saldado, en primer término incrementando la asignación presupuestaria” afirmó.

RECURSOS INSUFICIENTES

Las dirigentes pusieron de relieve que “los fondos asignados en los presupuestos 2013 y 2014 se revelan insuficientes, para atender la dimensión de la problemática que vulnera derechos humanos de las mujeres.

Precisó la diputada Alejandra Martínez indicó que “a través de la contestación a un pedido de acceso a la información promovido por las organizaciones antes mencionada, el Consejo Provincial de la Mujer informó que en el año 2013 recibió la partida S 14.5.543 Promoción de los Derechos de la Mujer por $17.111 y la partida S 14.5.542 Promoción del rol de la mujer por $ 17.111. En el Año 2014 se le asignó al Consejo la partida S.14.5.543 Promoción Derechos de la Mujer por $ 20.543 y la partida S 14.5.542 Promoción del rol de la Mujer por $ 20.543.

Además, el Consejo Provincial recibió un financiamiento del Consejo Nacional de la mujer Programa de Fortalecimiento Institucional, por $ 40.000.

“Es decir que dicho Consejo contó en 2014 con una suma total de fondos de $ 81.086 pesos, lo que significa 6757,16 pesos por mes, a todas luces una partida absolutamente irrisoria para el rol y la responsabilidad que tiene dicho organismo, que destacamos aborda toda la dimensión de la problemática de las mujeres y no sólo el tema de violencia de género”.

La Secretaria de Derechos Humanos de la UCR María Inés Zigarán aclaró que si bien “valoramos el trabajo del Consejo Provincial de la Mujer, no obstante consideramos que es necesario fortalecer dicha política, así como la del resto de los organismos del estado involucrados en particular en el abordaje de la violencia de género”.

Destacó Zigarán que que el pedido de emergencia por violencia de género, viene siendo impulsado por la Multisectorial de las Mujeres de Jujuy y la Casa de la Mujer “María Conti” de San Pedro desde el año 2007. Desde entonces, el movimiento de mujeres nucleado en esos espacios viene expresando su preocupación por los altos índices de delitos contra la integridad sexual que se registraban en la provincia de Jujuy, un 74 % más que la media nacional para este tipo de delitos.

En el año 2010, receptando la demanda de las organizaciones, con la firma del diputado Pablo Baca se presentó un proyecto de declaración emergencia provincial por los altos índices de violaciones. El proyecto nunca obtuvo dictamen por lo que no fue tratado y por el contrario, fue pasado a archivo. En el año 2011, el movimiento de mujeres entregó un petitorio para que se declare en Jujuy el estado de emergencia por esta problemática. Petitorios similares fueron entregados a esta Legislatura, por esa Multisectorial con motivo del Día de Lucha contra la Violencia hacia la Mujer y el Día Internacional de la Mujer, en los años sucesivos.

En los últimos años otras organizaciones se han sumado a ese reclamo, pidiendo también la declaración de emergencia. Entre ellas mencionamos a las Secretarías de la Mujer y de Derechos Humanos de la UCR, la organización Mumalá, Mujeres de la Matria Latinoamericana, integrada por mujeres del nucleamiento político Libres del Sur y Barrios de Pie, pero también referentes del Partido Socialista se han expresado en igual sentido.

“Es necesario que se destinen recursos para la política pública y enriquecerla con nuevas iniciativas y en particular poner especial atención en la prestación de los servicios destinados a la asistencia a víctimas de violencia de género, revisando además la ubicación de los centros de atención y en particular garantizando su acceso a todas las mujeres, incluidas las que viven en el ámbito rural, donde se encuentran más desprotegidas por la ausencia de servicios” destacó más adelante Laura Rocha de Barrios de Pie.

“El estado de excepción para declarar la emergencia, se justifica no sólo por la evolución ascendente de la problemática, y la consecuente preocupación social, sino en particular por los escasos recursos destinados hoy a esa problemática y la demanda y el reclamo creciente de la sociedad civil, pero además porque urge prevenir y erradicar esa violencia que afecta los derechos humanos de las mujeres” afirmó por último el diputado Pablo Baca.