Legisladores de la UCR, Mumala y Barrios de Pie acordaron acciones

Jujuy al día® – Los dirigentes de Mujeres de la Matria Latinoamericana, Barrios de Pies y Libres del Sur, Patricia Farfán y Pablo Sallavedra junto a los diputados Pablo Baca y Alejandra Martínez (UCR) y la asesora en temas de derechos humanos y género María Inés Zigarán, analizaron problemáticas de derechos humanos de las mujeres en diversos encuentros donde surgieron algunas iniciativas legislativas que serán elevadas por los diputados Baca y Martínez.

Por una parte, volverán a presentar el pedido de declaración de emergencia por violencia de género, una iniciativa impulsada desde hace varios años por la Multisectorial de las Mujeres de Jujuy. Además la Secretaría de la Mujer, que conduce Ada Galfré, en un reciente plenario de mujeres con cargos de representación parlamentaria y política, también acordaron impulsar la emergencia.

Al respecto la dirigente Patricia Farfán de Mumalá, señaló que “entendemos que es necesario que el Gobierno Provincial adopte medidas urgentes para reducir y prevenir la violencia, pero además para mejorar los servicios destinados a atender a las mujeres en situación de violencia, para lo cual, entre otras medidas es necesario incrementar el presupuesto y potenciar la articulación entre los organismos que tienen esta responsabilidad”.

También en ese marco se acordó avanzar en el diseño de una propuesta que permita evaluar el impacto de las acciones gubernamentales en materia de violencia de género, establecer un diagnóstico al respecto y recomendaciones para mejorar la aplicación de la legislación vigente y el diseño de la política pública.

A propòsito la diputada Martínez, destacó que “es necesario evaluar el funcionamiento de los tres poderes en relación con la asistencia a víctimas de violencia, la prevención de la problemática, la represión y la sanción de estos delitos, y para ello entendemos que es preciso convocar los organismos que trabajan en la materia, especialistas y el movimiento de mujeres” acotó y anticipó que la semana próxima se elevará una iniciativa legislativa al respecto.

Cabe indicar que por iniciativa de Mumalá y Barrios de Pies y los diputados Baca Martínez y la asesora Zigarán, se llevaron adelante sendos pedidos de acceso a la información destinados a conocer el funcionamiento del Consejo provincial de la Mujer y el Consejo Nacional. El primero de ellos ha remitido nutrida información que está siendo evaluada por los equipos técnicos de estos sectores. En tanto el Consejo Nacional de la Mujer, aún no ha remitido la información requerida.

Además, los dirigentes de Mumalá, Barrios de Pies y los legisladores de la UCR acordaron llevar adelante dos iniciativas legislativas  referidas a aborto no punible. Por un lado un proyecto para declarar de interés parlamentario piezas audiovisuales destinadas a hacer conocer a las mujeres en situación de violación su derecho al aborto no punible, conforme lo señala el Código Penal. Entre las producciones que serán propuestas en tal sentido se encuentran el spot realizado por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Fundación Estudios e Investigación de la Mujer (FEIM) y el Centro de Estudios para el Estado y la Sociedad (CEDES) y el spot realizado por la productora G Contenidos Audiovisuales, titulado Mi decisión, realizado junto a mujeres del barrio Campo Verde

Por otra parte, acordaron un proyecto de pedido de informe y un pedido de acceso a la información referido a aborto no punible. “Entendemos que es necesario contar con información sobre casos de abortos no punibles en la provincia de Jujuy y conocer como se está aplicando el fallo FAL del año 2012 y la Resolución que emitió ese mismo año la cartera sanitaria provincial” señalaron los diputados Martínez y Baca.

María Inés Zigarán señaló que “recientemente, se han conocido expresiones del Jefe de Servicio de Ginecología del Hospital Pablo Soria, Dr. David Salazar, donde nuevamente, como lo hizo en 2012, ratificó que en ese servicio no se practican abortos no punibles y que todos sus profesionales son objetores de conciencia. Esa situación evidencia un severo déficit del sistema sanitario para responder a los deberes que surgen del fallo mencionado anteriormente y pone en riesgo la integridad de las mujeres, que lleguen a ese servicio requiriendo una interrupción voluntaria del embarazo y que encuadren dentro de las prescripciones del artículo 86 del Código Penal” explicó.

“Atendiendo que el Hospital Pablo Soria es el nosocomio de cabecera y que recibe derivaciones de toda la provincia, entendemos que urge conocer la política pública y todas las acciones que el Ministerio de Salud esté implementando para abordar esta problemática sanitaria, en el marco de las normas vigente y el fallo FAL de la CSJN”, agregó Zigarán.

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