Fiscales pidieron prisión perpetua para imputados en juicio de lesa humanidad en Jujuy

juicio lesaJujuy al día® – El ministerio público fiscal pidió ayer prisión perpetua para los seis imputados por homicidios con distintos grados de participación, privación ilegítima de la libertad, torturas y tormentos, en el marco del segundo juicio de lesa humanidad, por siete detenidos desaparecidos durante dictadura cívico militar en Jujuy.

Los fiscales Francisco Snopek y el ad hoc, Pablo Pelazzo, señalaron las circunstancias en las que se produjeron los hechos acaecidos, entre los últimos días del mes de mayo de 1976 y el 10 de junio del mismo año en el Penal de Gorriti, donde estuvieron detenidos.

Las desapariciones “formaron parte de un plan sistemático de aniquilamiento”, señaló Pelazzo, quien advirtió además que fue “aplicado en forma perversa” para causar el exterminio de los opositores al régimen, pero también “a sus familiares y por extensión a toda la sociedad”.

Las víctimas detenidas desaparecidas, son Dominga Alvarez de Scurta, docente, secuestrada por el comisario Ernesto Jaig en pleno centro de la ciudad de Jujuy; Osvaldo José Garibaldi, detenido en El Talar, quien trabajaba como supervisor de viviendas en el ingenio Ledesma y María Alicia del Valle Ranzoni, docente, sacada de su casa en barrio San Pedrito.

También Juan Francisco Torres Cabrera, detenida ilegalmente en su domicilio de barrio Mariano Moreno, su hermano de 16 años, Pedro Eduardo Torres Cabrera, jornalero, detenido mientras trabajaba en un galpón del ex intendente de la dictadura Pablo Labarta.

Por su parte, Jaime Lara Torres, docente de artes plásticas fue detenida en su casa de barrio Los Perales y Jorge Turk Llapur, quien se presentó espontáneamente a la Jefatura de Policía tras una citación.

En ninguna de las detenciones medió una orden judicial y antes de ser trasladados al Penal de Gorriti, las víctimas fueron torturadas los Centros Clandestinos de Detención de la Policía, a donde eran llevadas todos los días estando ya en la cárcel.

De las siete víctimas, el único cuerpo que fue recuperado es el de la docente Alvarez de Scurta, encontrado enterrado en el cementerio de la localidad de Yala como NN y reconocido por familiares por su tapado e identificado por un empleado de la morgue del Hospital Pablo Soria.

Los fiscales Snopek y Pelazzo, dejaron acreditado en su exposición que las víctimas fueron sacadas del pena el 10 de junio del 76, llevadas a la central de policía, donde les hicieron firmar un certificado que quedaban “en libertad” y estaban en “perfecto estado de salud”, como en el caso de Alvarez de Scurta, quien había sido “cruelmente torturada” y Ranzoni, quien padecía insoportables dolores de oídos.

Por otra parte señalaron que en el intento de hacer desaparecer todas las pruebas de los crímenes destacaron los fiscales que el propio obispo José Miguel Medina, asiduo concurrente a la cárcel, dijo, según testimonios recogidos en la etapa probatoria, que las víctimas había sido “llevadas a Tucumán, juzgadas y ejecutadas”.