El 24 de abril comienzan los alegatos en juicio por delitos de Lesa Humanidad en Jujuy

jueces lesa humanidadJujuy al día® – El Tribunal Oral Federal de Jujuy cerró ayer la etapa de pruebas ampliadas, en el segundo juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico militar en la provincia y ratificó que los alegatos comenzarán el jueves 24 de abril.

El Tribunal dio por concluida la primera etapa del juicio con el pedido de la fiscalía de incorporar pruebas testimoniales de Ricardo Ovando, ex senador nacional, detenido el 24 de marzo de 1976 por una “brigada de asesinos” que ametralló la puerta de su departamento e hirieron en una pierna a su esposa.

Otros de los testimonios incorporados son los de Carmen Martínez de Temer, ex guardiacárcel, quien vio en el penal de Gorriti a Juan Francisca Torres Cabrera, sacada del penal el mismo día que su hermano Pedro, ambos desaparecidos, y el testimonio de Julio César Bravo, ex detenido político.

Los tres testimonios son de gran valor porque se refieren a que los siete desaparecidos fueron vistos en el penal y coincidentes en que fueron entregados al comisario Ernesto Jaig y al ex suboficial del Ejército, César Darío Díaz.

En tanto, el Tribunal ratificó que el jueves 24 de abril comenzarán los alegatos del Ministerio Público Fiscal y las querellas y el 8 de mayo para la defensa.

Las víctimas desaparecidas son Dominga Álvarez de Scurta, secuestrada por el comisario Jaig en su vivienda; Osvaldo José Garibaldi, detenido en El Talar, departamento de Ledesma; María Alicia del Valle Ranzoni, sacada de su casa en barrio San Pedrito.

Juana Francisca Torres Cabrera, fue secuestrada desde su vivienda en barrio Mariano Moreno; su hermano, Pedro Eduardo Torres Cabrera, detenido cuando trabajaba en un galpón del ex intendente del Proceso, Pablo Labarta; Jaime Lara Torres, desde su casa en barrio Los Perales y Jorge Turk Llapur, quien había sido citado por la policía, acudió voluntariamente y quedó detenidos.

Todos padecieron torturas en los centros clandestinos de detención como la jefatura de policía, donde el Área 323 tenía una sede comendada por Jaig , y en el paraje de Guerrero.

Las víctimas habían ingresado sucesivamente al penal de Gorriti los últimos días de mayo de 1976 y fueron entregadas por el establecimiento carcelario el 10 de junio.

Sólo fue recuperado el cuerpo de Álvarez de Scurta, reconocido por familiares y un empleado de la morgue del Hospital “Pablo Soria” de esta capital.

Los imputados en este juicio son el ex militar Antonio Orlando Vargas, ex interventor en el Penal jujeño y condenado a 25 años en el primer juicio y preso en la unidad Penal de Ezeiza; Carlos Alberto Ortiz, Orlando Ricardo Ortiz, Herminio Zárate y Mario Marcelo Gutiérrez, todos guardias cárceles, y el ex suboficial del Ejército César Darío Díaz, presos en la unidad penal federal de Jujuy.

Vargas, de acuerdo a la ampliación de la imputación, está acusado de coautor mediato de homicidio doblemente calificado por alevosía y participación de dos o más personas, privación ilegítima de la libertad y torturas.

Los hermanos Ortiz, Zárate y Gutiérrez están imputados como partícipes necesarios de homicidio doblemente calificado, privación ilegítima de la libertad y torturas, mientras que Díaz tiene el cargo de coautor de homicidio doblemente calificado por alevosía, privación ilegítima de la libertad y torturas.