En Jujuy la ausencia del abogado defensor postergó la audiencia del juicio por delitos de lesa humanidad

Jujuy al día® – La audiencia del segundo juicio de lesa humanidad que tiene como imputados a un oficial y un suboficial del Ejército y a otros cuatro guardiacárceles, acusados de secuestros, torturas y homicidios durante la dictadura cívico-militar, pasó para el jueves de la semana próxima.

Fátima Ruiz López, titular del Tribunal Oral Federal (TOF) de Jujuy, informó a los fiscales, querellantes y defensores, la ausencia justificada de uno de los abogados defensores, por lo que resolvió la postergación hasta la semana venidera.
Comunicó también que el cuerpo recibió «pruebas ambientales y de antecedentes » de los imputados Carlos Alberto Ortiz y César Darío Díaz.
Los imputados en el proceso son el ex oficial de Ejército, Antonio Orlando Vargas; ex suboficial de Ejército César Darío Díaz y los ex penitenciarios Herminio Zárate, Mario Marcelo Gutiérrez, Carlos Alberto Ortiz y Orlando Ricardo Ortiz.
La semana pasada el Tribunal hizo lugar a un pedido de los fiscales Francisco Snopek y el ad hoc, Pablo Pelazzo, de ampliación de las imputaciones.
Vargas quedó imputado ahora por homicidio doblemente calificado y el resto de los represores como partícipes necesarios del mismo hecho, además de los delitos de privación ilegal de la libertad y torturas, como partícipes necesarios, entre otros cargos.
Las víctimas son Dominga Alvarez de Scurta, Osvaldo José Garibaldi, María Alicia del Valle Ranzón, Juana Francisca Torres Cabrera, Pedro Eduardo Torres Cabrera, Jaime Lara Torres y Jorge Turk Llapur, detenidos desde fines de mayo de 1976 hasta el 10 de junio del mismo año en el principal centro clandestino de detención del Penal de barrio Gorriti.
Todo el grupo fue entregado por los penitenciarios al temible comisario Ernesto Jaig y al suboficial de Ejército Díaz el 10 de junio, según consta en libros del Penal, fecha desde la que están desaparecidos.
El único cuerpo que fue recuperado es el de Dominga Álvarez de Scurta, enterrado como NN en el cementerio de la localidad de Yala e identificado por sus familiares y un morguero del Hospital «Pablo Soria».
«Con la ampliación de las imputaciones tenemos la certeza que hay pruebas suficientes para que los acusados tengan una sanción ejemplar», expresó Ariel Ruarte, abogado querellante por la familia de Álvarez de Scurta.

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