Hay que reconstruir la información estadística en Jujuy

El bloque de diputados provinciales de la UCR reclamó a la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos que publique los índices de Precios al Consumidor (IPC) en Jujuy. Este organismo cesó de hacerlo en el mes de marzo de 2012. Con ello, además de intentar disimular el incremento de los precios -que ya entonces era considerable y sostenido-, privó de información de importancia a la comunidad.

La política de no difundir índices estuvo en línea con lo que hizo el gobierno nacional. Como es del dominio público, en los últimos días hubo novedades en la materia. Lo primero que sucedió fue que el mismo gobierno nacional ha reconocido su error y ha difundido cifras que dan cuenta de un cambio de actitud. Las nuevas cifras del INDEC, es cierto, han sido recibidas con un gran escepticismo y falta mucho para que la nueva política resulte confiable y sus datos sirvan para conocer la situación social o para las actividades económicas o la discusión salarial. Sin embargo, hubo un cambio y es siempre oportuno reclamar a las autoridades provinciales que de inmediato vuelvan a dar a conocer la información estadística en Jujuy.

El oficialismo en Jujuy siguió la política del kirchnerismo nacional. La decisión de dejar de publicar índices, incluso, tuvo que haber sido precedida de un pedido efectuado por autoridades del gobierno nacional. Hubo un conjunto de circunstancias que así lo demostraban. Entre otras: 1. Los datos que publicaba el organismo provincial eran similares a los de varias provincias argentinas. 2. También eran similares a los que elaboraban consultoras privadas y que eran difundidos por legisladores nacionales de la oposición. 3. Esos datos, sin embargo, contradecían las cifras que difundía la Nación a través del INDEC. Concretamente, por lo general duplicaban a los valores que difundía el INDEC y en algunos casos hasta los triplicaban. 4. Fue llamativo que, al mismo tiempo, otras provincias también dejaron de publicar sus índices. Se trataba de provincias cuyos índices resultaban similares a los de Jujuy y que también contradecían a los del INDEC.

A partir de 2007, cuando quedó intervenida el Área de Precios del INDEC, el IPC jujeño pasó a duplicar y hasta triplicar la medición del Instituto Nacional. En 5 años, entre diciembre de 2006 y diciembre de 2011, Jujuy registró una inflación del 187,2% (muy similar a la de otras provincias), que más que triplicaba la del INDEC. Los índices que elaboraba Jujuy integraban el llamado “IPC 7 Provincias”, que incluía a Neuquén, Paraná, Rawson-Trelew, Salta, Santa Rosa y Viedma. Estos porcentajes, además, resultaban coincidentes con los que elaboran consultoras privadas y que se da a publicidad a través de legisladores nacionales. El llamado “IPC Congreso”.

Al dejar de publicarse los índices provinciales el bloque de diputados de la U.C.R. presentó un pedido de informes sobre el particular. Nunca fue aprobado por la mayoría oficialista. El gobierno provincial, sin embargo, públicamente informó que la decisión obedecía a la necesidad de hacer una revisión que buscaba reflejar los hábitos de consumo que no se revisaban desde 1983. Pero si hacía falta modificar algún o algunos componentes de “la canasta” del índice ello se podía hacer sin dejar de publicar resultados y además se podía cumplir en un lapso muy breve. Era una excusa y quedó demostrado porque de hecho nunca se volvieron a publicar índices. Así la destrucción del sistema de estadísticas, que comenzó por el INDEC, siguió por los organismos que tenían las provincias. No sólo se hicieron desaparecer las estadísticas en Jujuy. Lo mismo sucedió en la misma época en Mendoza, Entre Ríos y Río Negro.

Se privó a los jujeños de información imprescindible, tan valiosa para el desarrollo de la actividad privada como para el diseño de las políticas públicas. Es una información que incluso tienen que estar extrañando los mismos integrantes del gobierno provincial en una circunstancia en que enfrentan una negociación salarial que no puede encauzarse sobre ninguna base confiable, sino sólo en función de las distintas “sensaciones” sobre los alcances de la inflación y del modo en que han perdido poder adquisitivo las remuneraciones de los agentes públicos.

*Por Pablo Baca

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