Legisladores radicales exigen intervención del gobierno frente al problema social, laboral y ambiental que presenta Electroquímica El Carmen

baca y amaya en electroquimica 3Jujuy al día® – Los legisladores radicales Pablo Baca y Carlos Amaya visitaron este martes la planta de Electroquímica El Carmen, donde se reunieron con los trabajadores que desde hace una semana reclaman ante la falta de pagos y las condiciones de inseguridad laboral y ambiental.

Anticiparon los legisladores que pedirán la intervención del Gobierno provincial para  que se garanticen los derechos de los trabajadores expuestos a una situación de alto riesgo social, por la deuda salarial que mantiene la empresa y el eventual cierre de la planta. Pero, además, expuestos también a riesgos sanitarios y ambientales por las deplorares condiciones en las que se encuentran las instalaciones industriales. Los trabajadores –según el relato efectuado a los legisladores- carecen de los servicios de una obra social, por la falta de aportes de la empresa y tampoco cuentan con Aseguradora de Riesgo de Trabajo, de manera que carecen de resguardos para su salud y su seguridad.

Pablo Baca, presidente de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente y Carlos Amaya, titular de la Comisión de Trabajo de la Legislatura expresaron su preocupación tras escuchar los reclamos de los trabajadores y recorrer las diversas dependencias de la fábrica que produce ácido bórico, agro boro, sulfato de aluminio, hipoclorito de calcio, sulfato de zinc.

Los trabajadores precisaron que recientemente se produjeron 15 despidos, con lo cual quedaron prestando servicios 18 trabajadores de planta y 10 trabajadores en negro que se hizo figurar como integrantes de una Cooperativa. A ellos se les deuda los salarios de noviembre, diciembre, medio aguinaldo y una ayuda extraordinaria de 3000 pesos que se había dispuesto para los trabajadores del sector. Indicaron que en sede de la Dirección de Trabajo la empresa no acató la conciliación obligatoria dictada por la autoridad laboral, aduciendo que la Nación le adeuda 2 millones de pesos. Los trabajadores sospechan que la empresa ha renunciado a sostener la planta de producción de derivados de minerales, entre otros el borato.

Asimismo, los obreros pusieron de relieve que la empresa no ha realizado las inversiones necesarias y ha permitido un deterioro paulatino que hoy es escandaloso.

Los legisladores, por su parte, observaron que es inaudito el deterioro de la planta y las maquinarias, prácticamente en estado de ruinas. Observaron que existen deficiencias graves que importan una amenaza a la integridad y la vida misma de los obreros. Mencionaron falencias eléctricas, como la presencia de cables en contacto con agua, en zonas de labor de los operarios.

También destacaron las instalaciones oxidadas, con tanques rotos y reservorios de ácidos con pérdidas, columnas quebradas y una maquinaria ruinosa, que expone a los obreros, de manera permanente a peligros laborales.

A ello sumaron, la pérdida de efluentes de ácidos (entre otros, sulfúrico y clorhídrico) que contaminan las napas freáticas, pero además impactan en el Río Grande, a cuyas aguas se dirigen estos vertidos.

“La planta representa prácticamente un pasivo ambiental que amenaza a la zona, porque representa potencialmente un centro de contaminación, cuyos efectos serán colectivos” advirtió el titular de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente de la Legislatura, Pablo Baca

Carlos Amaya, por su parte, indicó que la planta en el estado actual representa un riesgo y señaló que desde la UCR se efectuarán las gestiones necesarias para garantizar que se respeten los derechos de los trabajadores, se aborde la crisis social que representa 30 trabajadores que son jefes de familia y se encuentran actualmente sin ingresos, por la deuda que acarrea la Electroquímica.

Coincidieron los legisladores en marcar el atroz estado que presenta la planta en sus diferentes dependencias y observaron que es evidente que hubo una ausencia de controles laborales y ambientales, que han posibilitado deplorables condiciones de labor.

A propósito los trabajadores refirieron que debe añadirse a esto, la falta de provisión de elemento de trabajo específicos para la manipulación de los químicos, ácidos y minerales que son tratados en la planta. La ausencia de condiciones mínimas de higiene y seguridad han provocado una alta exposición a sustancia contaminantes, cuyo riesgo deberá ser evaluado.  Los trabajadores afirman que como consecuencia de las ruinosas condiciones de labor, varios operarios vieron afectada su salud y dos de ellos inclusive habrían muerto a raíz de la contaminación provocada en el interior de la propia planta.

“No hubo inversiones y no hubo mantenimiento” afirmaron los trabajadores y observaron que “si la planta se encuentra prácticamente inservible es porque hubo una decisión empresarial de llevarla a este estado”. Los legisladores Baca y Amaya consideraron que a ello debe sumarse la responsabilidad del Estado que tiene en sus manos el poder de policía laboral y ambiental.

Finalmente los diputados Baca y Amaya anunciaron que efectuarán las gestiones necesarias para que se aborde el drama social de las familias de los trabajadores, se garanticen los derechos laborales, como así también los derechos a la salud y a un medio ambiente laboral seguro, pero además precisaron que seguirán con atención el desarrollo del conflicto porque la ruinosa planta, podría convertirse en un nuevo pasivo ambiental, con afectación de derechos colectivos.

“Lo que hemos visto nos alarma, entendemos que además de todas las condiciones laborales injustas a las que han sido sometidos los trabajadores, la empresa podría estar incursa en delitos ambientales, derivados de la desidia y la negligencia. Vemos también ausencia de controles por parte del Estado”, concluyó Baca.

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