Deudas pendientes de una política de seguridad ciudadana democrática

Sr. Director: Tras los lamentables hechos de violencia ocurridos en nuestra provincia, andhes reitera que resulta indispensable y urgente una efectiva política pública democrática en materia de seguridad. La ausencia de un marco legal adecuado para el diseño y formulación de programas de seguridad pública y para la gestión y mando operativo-civil especializado sobre la seguridad y sobre la institución policial, es una de las principales deficiencias estructurales que señala andhes en su comunicado; en estricta vinculación con ello, desde andhes destacan la importancia de una Ley integral de Seguridad Pública para la provincia, una Reforma Policial integral, y la Reforma de la Ley de Contravenciones, al tiempo que alientan la Reforma Procesal Penal en la provincia.

En un estado democrático de derecho, la seguridad pública implica la posibilidad, y garantías, para toda persona de gozar efectivamente de sus derechos para desarrollar una vida plena. Una sociedad segura es aquella que evita que la generación de situaciones de violencia, buscando frente al conflicto social inherente a una sociedad, resoluciones pacíficas.

La delegación del gobierno de la seguridad ciudadana en la institución policial  no es un problema exclusivo de nuestra provincia ni de nuestro país; se trata de uno de los principales desafíos de las modernas democracias latinoamericanas. La ausencia de políticas públicas de seguridad integrales tienen una estricta vinculación con dicha delegación, en tanto resulta de encargar a la policía la resolución de todo tipo de conflicto social, sin que sea tal su verdadero fin, y sin estar capacitada para ello. Esta desproporcionalidad, en atribuciones y poder, de la institución policial permite su actuación sobre la base de intereses autónomos y corporativos, aplicados sin intervención de ningún otro organismo o institución gubernamental no policial.

En ese sentido andhes considera prioritario avanzar en un abordaje integral y efectivo de la problemática de la seguridad con la creación de una ley Integral de Seguridad Pública que coordine, organice, estructure y fije los parámetros y principios de actuación de todos los actores con responsabilidad en la temática, dentro del cual se configure un sistema policial estrictamente subordinado a las directivas mando operativo-civil especializado. Esta ley integral debería abarcar aspectos de fundamental relevancia como el uso racional de la fuerza; la integración de la policía con la comunidad y los gobiernos locales en la prevención social de violencia y delito; la integración de las labores policiales de seguridad preventiva e investigación del delito; la creación  de órganos de control interno y externo de la actuación policial (de carácter civil) entre otras.

Asimismo se considera prioritaria una reforma policial integral. La ley orgánica de la Policía de la Provincia (ley 3823) data del año 1972, lo que en sí mismo evidencia un claro anacronismo. El régimen profesional basado en el escalafón único y las especialidades policiales, la necesidad de fortalecer el mecanismo de ingreso, de formación y capacitación de los miembros de la fuerza; canales institucionales por donde plantear y negociar condiciones laborales; la descentralización institucional de la organización policial; una escala salarial acorde al grado, cargo y función; un régimen disciplinario moderno; la creación de gabinetes psicológicos y mejoras en infraestructuras, son solo algunos de los puntos que debe incluir dicha reforma.

En el mismo sentido, debemos insistir con que en el marco de una política de estado respetuosa de derechos, las funciones de prevención del delito no pueden ni deben circunscribirse a la aplicación de lo que se ha venido considerando la única herramienta para ello: las contravenciones policiales. Es imprescindible una reforma de la Ley de Contravenciones provinciales, pues a través de esta -i nconstitucional- ley, la policía define de hecho sus propios objetivos, funciones y criterios de seguridad pública, actuando por encima de la autoridad constitucional del gobierno. El uso discrecional de las facultades policiales para detener personas sin autorización judicial constituye un instrumento fundamental para operativizar un control social subterráneo.

Por último, desde andhes se entiende que la reforma del código procesal penal, actualmente en debate, asentada en principios de eficiencia, transparencia, celeridad y racionalidad, permitirá contar con una justicia penal moderna que pondrá en cabeza del Ministerio Público Fiscal la implementación de una política criminal, con criterios y parámetros de derecho en la investigación y sanción del delito, alejándose de la lógica receptiva del criterio policial.

Resulta ineludible delinear principios claros en materia de seguridad, que permitan trazar una adecuada política integral en la materia, la cual deberá estar necesariamente acompañada de una política criminal congruente. Para ello, es imprescindible alcanzar un acuerdo político y social que permita avanzar en el diseño e implementación de políticas de corto, mediano y largo plazo, orientadas a encontrar soluciones inmediatas y perdurables sobre la base de la obligación del Estado de dar seguridad a los ciudadanos.