Lesa Humanidad en Jujuy: testigo confirma traslados de prisioneros políticos desde el RIM 20 al Penal de Gorriti

audiencia lesa humanidadJujuy al día® – Los primeros presos políticos que ingresaron a la cárcel de Gorriti en la noche del golpe de estado del 24 de marzo de 1976 provenían del Regimiento 20, sede del Área 323 que articuló la represión terrorista de estado, confirmó el testimonio de un guardiacárcel de esa época.

El testimonio del carcelero Víctor Raúl López, presentado por video en este segundo juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en Jujuy, ratificó ese vínculo siempre negado por Rafael Mariano Braga, integrante del Área 323 condenado a cadena perpetua en el primer juicio de lesa humanidad realizado en esta provincia.

En este segundo juicio se investigan los secuestros de Dominga Alvarez de Scurta, cuyos restos fueron hallados, y de Osvaldo José Giribaldi, María Alicia del Valle Ranzoni, Juana Francisca Torres Cabrera, Pedro Eduardo Torres Cabrera, Jaime Lara y Jorge Turk Llapur, quienes permanecen desaparecidos.

López dijo que, cuando el Ejército se hizo cargo del penal, los guardiacárceles fueron dejados “a un costado” y al poco tiempo comenzaron a llegar mujeres detenidas, mientras que a los menores de edad que estaban detenidos los trasladaron a otro lugar.

El testigo relató que los presos recién llegados “se encontraban más o menos, con hambre, sin bañarse”.

Agregó que los detenidos “eran encerrados por más de un mes” sin asistencia ni visitas de familiares, y mencionó entre ellos a los hermanos Tilca, detenidos desaparecidos, al médico Carlos Cardozo, colaborador de Luis Aredez en el sindicato de trabajadores del ingenio Ledesma, y al escritor y ensayista Andrés Fidalgo.

“Nunca vi ingresar a un médico a los pabellones” de prisioneros políticos, sostuvo López en contradicción con declaraciones de ex médicos del penal que habían aseverado que los detenidos eran atendidos cuando lo requerían.

“Yo iba a la enfermería a buscar una pastillita” que daban a los prisioneros que demandaban atención, acotó López.

En esta audiencia se reprodujo también por video la declaración del abogado Javier Cesáreo De Bedia, quien integró la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura, que tomó más de 70 testimonios luego entregados a la justicia jujeña.

De Bedia relató que, a raíz de una denuncia telefónica, fue alolanada una vivienda en el barrio Almirante Brown en la que hallaron fichas, fotos y recortes de diarios vinculados con dirigentes políticos y sociales.

El testigo dijo que se trataba de documentación recopilada por un agente de la ex SIDE de apellido Mendoza y añadió que también allanaron una sede de la Servicio de Inteligencia de Ejército, cuyos miembros se negaban a entregar documentación.

Bedia contó además que visitaron el centro clandestino de detención del paraje de Guerrero.

Finalmente, recordó que en esos años (1984-85) la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura citó a militares señalados por víctimas de la represión en sus declaraciones, pero que ninguno acudió al requerimiento.

Entre los acusados por secuestros, torturas y homicidios en este segundo juicio se encuentra el represor Antonio Orlando Vargas, ex interventor de la cárcel de barrio Gorriti y ya condenado a 25 años de prisión en el primer juicio realizado en Jujuy.

Los restantes procesados son César Darío Díaz, que era suboficial de Ejército, y los entonces agentes penitenciarios Herminio Zárate, Mario Marcelo Gutiérrez, Carlos Alberto Ortiz y Orlando Ricardo Ortiz.