Audiencia pública: un reclamo colectivo por el abandono del gobierno de Fellner en materia de seguridad

Jujuy al día® – Un reclamo colectivo por el virtual abandono del Gobierno de la Provincia en materia de políticas de seguridad se escuchó este viernes, en la Audiencia Pública convocada por el Bloque de Legisladores de la UCR, donde se presentaron propuestas legislativas para la creación de un Ministerio de Seguridad y un Programa Estratégico de Seguridad Pública. En ese marco se escucharon los planteos y propuestas de instituciones intermedias, dirigentes vecinales y ciudadanos que demandan respuestas urgentes del estado frente al incremento de la inseguridad. Presidieron la Audiencia el senador nacional Gerardo Morales, el diputado nacional Mario Fiad, los diputados provinciales Alberto Bernis, Pablo Baca y Alejandra Martínez.

El valor de la participación ciudadana

En la apertura de la Audiencia, el diputado nacional Mario Fiad afirmó que “la participación ciudadana es la clave para lograr las transformaciones que se requieren para asegurar políticas de prevención y persecución de los delitos que afectan la integridad, los derechos y la vida de las personas. Fiad destacó que desde el radicalismo y el Instituto de Políticas Públicas se viene trabajando en el análisis y la generación de propuestas en materia de seguridad desde hace muchos años.

El legislador refirió que la demanda colectiva por mayor seguridad que se ha producido en el último tiempo como resultado de una ola de hechos delictivos, debe servir para nutrir el debate y concretar los cambios necesarios para garantizar un servicio de seguridad ciudadana

Fiad destacó que el Estado provincial debe brindar “la seguridad necesaria para avanzar hacia un Jujuy en paz y sin violencia” y valoró el compromiso de las instituciones de la sociedad civil que se resisten a naturalizar un estado de anomia que facilita la perpetración de delitos y configuran una sociedad violenta.

Delitos cada vez más violentos y la amenaza del narcotráfico

El senador nacional Gerardo Morales por su parte puso de relieve que se ha registrado un recrudecimiento de indicadores de seguridad en las distintas ciudades jujeñas, con delitos cada vez más violentos. En su análisis Gerardo Morales señaló que el incremento del narcotráfico configura una amenaza en términos de seguridad que además está colapsando al sistema de justicia.

En este contexto, precisó que sólo en Orán la justicia federal tramita un promedio de 300 expedientes por mes sobre narcotráfico y precisó que en Jujuy, los juzgados federales por mes tramitan, cada uno, alrededor de 120 causas por esos mismos delitos. Por señaló que urge la creación de un juzgado federal en Libertador General San Martín y otro en Tartagal, para llevar a cabo las investigaciones sobre narcotráfico y reprimir estas conductas delictivas.

Observó que se han incrementado los crímenes y nuevos tipos delictivos con un alto nivel de violencia como consecuencia –entre otros factores- de la droga que requiere un tratamiento urgente y destacó la labor cumplida en el Congreso de la Nación por el diputado Mario Fiad quien viene dando una batalla frontal contra el narcotráfico y para potenciar la atención de las adicciones.

Morales también reclamó la creación de un Instituto Provincial para el tratamiento de las personas con consumo problemático de drogas que permita incrementar la capacidad sanitaria. “Es una vergüenza que el Gobierno no haya avanzado con una iniciativa de este tipo” dijo y observó que Jujuy solo cuenta con el Centro Arroyabe que apenas cuenta con 8 camas para desintoxicación  y 13 para internación.

Finalmente Morales observó la injusticia que provoca la falta de una política en materia de tratamiento de las adicciones, que obliga a recurrir a servicios privados que son inaccesibles para los sectores con menores recursos.

Modernización policial

Por su parte, el diputado Alberto Bernis, Presidente del Bloque de la UCR, indicó que el diagnóstico que el radicalismo efectuó en materia de seguridad en los diferentes barrios da cuenta de enormes debilidades en la política pública que incluye, entre otras falencias en la institución policial que es uno de los eslabones centrales en un esquema de prevención y represión de los delitos.

Señaló Alberto Bernis que es necesario fortalecer la policía, dotarla de mayores recursos humanos, técnicos y tecnológicos, mejorar los salarios de los miembros de la fuerza de seguridad y modernizar el Instituto de Seguridad Pública, así como trabajar sobre la formación continua de los efectivos para que puedan brindar un servicio eficiente. Observó que es preciso que los efectivos puedan contar de manera sistemática con herramientas conceptuales y prácticas que le permitan responder frente a los nuevos escenarios.

Un programa estratégico para la seguridad

El diputado Pablo Baca brindó precisiones del proyecto de ley para la creación de un Programa Estratégico de Seguridad Pública, que tendrá por objeto conducir y coordinar las acciones de los organismos del Estado para evitar el delito y hacer posible el desarrollo integral de los miembros de la comunidad en un marco del respeto de los derechos y de justicia, libertad, igualdad y paz.

También, explicó, el Programa apunta a fomentar la participación de los ciudadanos y de las municipalidades y comisiones municipales en las decisiones referidas a la seguridad.

Especificó el legislador que el programa busca prevenir delitos, operando sobre sus causas y las redes de criminalidad con miras a reducir la violencia en todas sus formas; fomentar la participación ciudadana en las políticas de seguridad; investigar los las conductas delictivas y evitar la impunidad que promueve la reedición de la violación a la ley penal.

Entre otras medidas, indicó Pablo Baca, el Programa propone la Instalación de cámaras de seguridad y centro de monitoreo; Mapas del delito; la protección y asistencia a víctimas de delitos y sus familias, investigación y lucra contra la impunidad.

También el programa incluye medidas para el control de venta de objetos usados; un plan provincial de entrega voluntaria de armas, el control de las agencias de seguridad privada y de los sistemas de seguridad privada, reformas policiales y del Instituto de formación de sus efectivos, modernización y fortalecimiento de la fuerza de seguridad, mecanismos de auditoria y control externos e internos, con participación civil; y programas de educación en contexto de privación de libertad, así como el abordaje integral de las actividades que se cumplen en la noche, medidas de emergencia en materia de violencia de género y trata; medidas para abordar las adicciones y un combate decidido contra la violencia institucional.

Jujuy con la tasa de delitos más alta del NOA y un presupuesto ínfimo para la policía

La diputada Alejandra Martínez precisó que Jujuy es una de las provincias más inseguras del NOA, con una tasa de delitos contra la propiedad superior a la media nacional y la más alta de la región. Indicó que en Jujuy se registra una tasa de 1138 delitos por cada 100 mil habitantes, mientras que a nivel nacional la tasa es de 1002 delitos por cada 100 mil habitantes.

Pero también la legisladora observó que el presupuesto destinado a la Policía de la Provincia es ínfimo, solo 20 millones de pesos, mientras que el Gobierno destina casi el doble, 38 millones de pesos, para la publicidad de los actos oficiales. “Es necesario un cambio profundo que permita priorizar la problemática y destinar los recursos necesarios para atenderla” agregó.

También Martínez, explicó que una política de seguridad eficiente es el resultado de un óptimo funcionamiento de los subsistemas de seguridad, como la policía, la justicia y el sistema penitenciario.

Observó que existen múltiples reclamos respecto de las funciones de la Policía, por la burocracia en los trámites de denuncia y demandas para una acción más oportuna y eficaz de la policía, frente a los delitos.

Respecto del funcionamiento de la justicia indicó que si bien el nuevo Código Procesal Penal permitió mejorar la administración de justicia, existen aún deudas pendientes como la designación de 2 jueces de control y la puesta en funcionamiento de la Policía Judicial, así como agilizar las causas para evitar la impunidad.

Además reclamó un Ministerio Público independiente y un proceso de selección de magistrados que garantice la idoneidad de los funcionarios del Poder Judicial.

Al mismo tiempo indicó que actualmente el servicio penitenciario adolece de medidas que permitan resocializar a las personas en conflicto con la ley y evitar la reincidencia.

Martínez sobre el final destacó que “es imprescindible jerarquizar la seguridad pública creando Ministerio de Seguridad, una estructura de gestión política especializada en seguridad” y brindó precisiones de la nueva cartera que propone la UCR.