En Jujuy declaran ilegales decretos del pen utilizados durante la dictadura para legalizar secuestros

juicio lesa humanidad 2Jujuy al día® – El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la capital jujeña esa capital provincial estableció “el carácter ilegítimo e ilegal” de los decretos del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) que fueron utilizados durante la dictadura cívico militar para blanquear los secuestros y transformarlos en detenciones en el marco del estado de sitio.

Para la Fiscalía federal jujeña, se trata de uno de los puntos más relevantes del fallo dictado en el primer juicio por crímenes de la dictadura en Jujuy, en el que se condenó por privación ilegal de la libertad al interventor del penal de Gorriti, Antonio Vargas quien realizaba detenciones avaladas por los decretos Poder Ejecutivo Nacional.

El fiscal que interviene en las causas por crímenes de lesa humanidad en Jujuy, Pablo Pelazzo, destacó los argumentos empleados por el Tribunal integrado por René Casas, Mario Juárez Almaráz y Daniel Morín.

Pelazzo y Francisco Snopek fueron los fiscales que representaron al Ministerio Público en ese debate y durante los alegatos, especialmente en las réplicas, fundaron la responsabilidad de Vargas en las privaciones ilegítimas de la libertad de los prisioneros políticos que estuvieron alojados en la Unidad Penal del barrio Gorriti, en San Salvador de Jujuy, en cumplimiento de decretos dictados por el Poder Ejecutivo.

El fiscal Pelazzo remarcó que el criterio del Tribunal es importante para revertir la posición de la Cámara Federal de Salta en la causa “Aragón”, en la que, por hechos similares, le dictó a Vargas la falta de mérito en relación a cuatro víctimas, “en la suposición de que esos decretos determinaban la legalidad de las detenciones”.

Hasta ahora no se habían registrado condenas a funcionarios con responsabilidades penitenciarias por la privación ilegal de la libertad dispuesta en los decretos del Poder Ejecutivo.

De hecho, cuando fueron juzgados en 2010 catorce penitenciarios en La Plata por los crímenes en la Unidad 9 de la capital de Jujuy -la que mayor cantidad de presos políticos alojó durante la dictadura-, la acusación fiscal no incluyó aquél tipo penal.

“Como toda la represión estuvo revestida de una fachada de legalidad, la aceptación de la legalidad de los decretos del PEN corría el riesgo de ser la aceptación también de la impunidad”, razonó Pelazzo en diálogo con el portal Fiscales.gob.ar.

El dictado de decretos que ordenaron detenciones fue un recurso diario de la dictadura para blanquear los secuestros de personas que estaente primero del Ejército, finalmente, recibió condena por esos hechos.

En el primer juicio por crímenes de lesa humanidad en esa provincia fueron condenados a prisión perpetua por secuestros, homicidios y tormentos, los ex militares de inteligencia Rafael Braga y José Eduardo Bulgheroni.

En tanto que por los delitos de privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos, el ex militar y por entonces interventor penitenciario, Antonio Orlando Vargas, recibió 25 años de prisión.