Sostienen que sería útil contar con un registro de violadores en Jujuy “para que se bajen las posibilidades de que hayan más víctimas”

abusadorJujuy al día® – En una entrevista con nuestro medio, el asesor legal de la Fundación “Juanita Moro”, Néstor Ariel Ruarte, hizo referencia al planteo formulado desde el Ministerio de Justicia de Nación sobre la creación de un registro de violadores, el cual sería una herramienta para la policía y para la justicia en la investigación de los casos de abusos en nuestro país y provincia, y sostuvo que el mismo sería “un sacrifico del derecho constitucional”, porque preservaría el interés general sobre el interés particular de cada condenado.

La fundación jujeña “Juanita Moro” es una Organización no Gubernamental que nació 1988 bajo el nombre de Centro de Capacitación y Acción en Proyectos Sociales “Juanita Moro” y comenzó su accionar en el año 1994 con acciones a corto, mediano y largo plazo previo diagnóstico sencillo de la situación de la mujer en San Salvador de Jujuy como eje fundamental.

Entre sus objetivos principales figuran: realizar estudios e investigaciones referidas al desarrollo social y económico de la mujer, la familia, jóvenes, niños y ancianos; celebrar reuniones, congresos, seminarios, relacionados con el desarrollo social y económico de los mencionados sectores sociales e impulsar el desarrollo de actividades productivas y sociales que generen recursos para mejorar la calidad de vida.

Al respecto, Néstor Ariel Ruarte manifestó en una entrevista con JUJUY AL DÍA® que “sería útil para la investigación de los casos y para que se bajen las posibilidades de que hayan más víctimas de estos graves hechos de violencia. Es una posibilidad que está muy bien que se dé y es un sacrificio del derecho constitucional. Está muy bien que exista un registro”.

Según Ruarte, dicho registro de violadores “podría facilitar la tareas investigativas de la policía”. En este sentido trazo un paralelismo con la ley norteamericana conocida como Ley Megan, y si en nuestro país es posible aplicar una ley de este tipo.

La mencionada “Ley Megan” exige a las autoridades policiales que hagan pública la información sobre los delincuentes sexuales registrados, donde se incluyen nombre, foto, dirección, día de encarcelamiento y la naturaleza del delito, y la misma, a menudo, se publica a través de páginas web gubernamentales (según el Estado), a través de periódicos, en panfletos y otros medios de difusión.

A nivel federal, dicha ley es conocida como Ley Wetterling (Wetterling Act), y obliga a las personas condenadas por delitos sexuales contra la infancia a informar a las autoridades locales de cualquier cambio de dirección o empleo después de ser puesto en libertad. La obligación puede ser fijada por un periodo limitado (normalmente mínimo 10 años) o de forma permanente.

Para el letrado, la aplicación en Argentina de una ley similar a la citada anteriormente “es posible, se podría dar en Argentina porque si bien se estarían violentando los derechos de privacidad de las personas que han sido condenadas penalmente por un abuso sexual y pasó una cierta cantidad de tiempo dentro de la cárcel podría esgrimir en su defensa que ha pagado su deuda y no podría molestárselo”.

Explicó que “dentro de lo que es el sistema legal no puede tomarse ese derecho como absoluto y debe ser restringido por el derecho de las víctimas o potenciales víctimas en general para ser preservadas de una persona con estas condiciones porque el sistema penal en general, y en particular con este tipo de casos, absorbe a un delincuente sexual, lo priva de su libertad, pero no modifica el accionar, la forma de trabajo de la cárcel no puede modificar esto y así funciona en todo el mundo, los delincuentes que van a la cárcel no modifican su accionar y siguen siendo delincuentes”.

En este sentido mencionó que “la prisión no sirve para mejorar a los delincuente sino  para colgar el problema durante un tiempo, y en el caso de los delitos sexuales se da más, pero en algún los debe dejar libres, y el sistema constitucional preserva los derechos de privacidad de los delincuentes que ya han cumplido con su pena, pero estaría muy bien que se tome el sacrificio de privarlos de este y  que se haga público que son delincuentes sexuales para preservar a las potenciales víctimas, y para que las mujeres y menores que podrían ser víctimas de esa persona no se acerquen a una determinada zona”.

Para finalizar, el asesor legal de la fundación jujeña “Juanita Moro” se refirió a la situación de este delito en Jujuy señalando que “no creo que haya estadísticas en la provincia de Jujuy pero si las hay tienen un problema fundamental que es que los hechos denunciados no son los mismos que los hechos producidos, como se trata de un delito que tiene que ver con la privacidad de las personas, en muchos casos las victimas del abuso preservan la publicidad de la persecución penal sin hacer público su problema”, concluyó.