Miradas críticas para nutrir el debate: La reforma judicial un proyecto que amenaza la República

morales charla debateJujuy al día® – Con severas críticas a la reforma judicial y un análisis de los riesgos que traerá aparejada su implementación en términos de calidad democrática y protección de derechos,  se concretó una charla debate en un hotel céntrico de esta Capital, que contó con la presencia del Auditor General de la Nación, Leandro Despouy, el titular del Bloque de Diputados del Congreso de la Nación, Ricardo Gil Lavedra, el senador nacional Gerardo Morales, el diputado provincial Pablo Baca y los abogados Ramiro Tizón y José García.

“Sin justicia no hay derechos y sin derechos no hay democracia” cerró su intervención el diputado nacional Ricardo Gil Lavedra quien afirmó  que la reforma impulsada por el Gobierno Nacional contraría las demandas de  cambios en el sistema judicial impulsadas por  la sociedad civil desde hace al menos dos décadas..

Gil Lavedra señaló que desde la recuperación democrática se desarrolla un debate para mejorar el diseño de los sistemas judiciales que incluye reclamos por  la dependencia de los poderes políticos y económico y la dificultades en la administración de justicia y la inaccesibilidad de los sectores más desaventajados.

Recordó que el desarrollo de esa agenda se fundamentó en las críticas a su carácter corporativo, cerrado, secreto, su lenguaje abstracto, su escasa transparencia, sus déficits estructurales para atender los reclamos ciudadanos y garantizar accesibilidad y celeridad en sus actuaciones.

Esa agenda incluía propuestas para aumentar “la oferta de justicia, desburocratizarla, hacerla menos formal, multiplicar métodos alternativos de resolución, procedimientos más sencillos, más oralidad, más tutela pública, juicios por jurado, más transparencia y mecanismos para asegurar un poder judicial lejos de los poderes estatal, económicos y fácticos de la sociedad”. Pero además se reclamaban mayores garantías para que la designación de jueces abonara la independencia”.

En esa línea, recordó, en 1994 la CN introdujo el Consejo de la Magistratura, un instituto importado del derecho continental europeo que buscó darle  en el proceso de selección mayor prevalencia a la idoneidad.

Gil Lavedra destacó que la reforma judicial impulsada por el kirchnerismo contraría y arremete esa agenda básica en materia de justicia. “Y no sólo no representa un avance, sino que retrocede. Porque se trata de una reforma que es burocrática, conservadora y violatoria de derechos humanos básicos”, describió.

Cuestionó en particular el legislador  la creación de las Cámaras de casación, que burocratizan más el procedimiento judicial al crear una nueva instancia. Observó que esto “va a afectar derechos, particularmente de los trabajadores, los jubilados y de sectores vulnerables”.

Con respecto a las restricciones impuestas a las medidas cautelares, Gil Lavedra señaló que disminuirán la protección de los ciudadanos frente al Estado. Resaltó que “el Estado y los individuos no están en una situación de paridad, hay entre ellos una asimetría enorme en favor del Estado que detenta el poder. El orden jurídico es el que le da herramientas al ciudadano para defenderse de los abusos del estado. Esta reforma resuelve la asimetría a favor del Estado y de quienes ejercen las funciones públicas y en detrimento de la gente” definió.

Observó que las trabas impuestas las cautelares, importan “una violación brutal del derecho de tutela judicial efectiva consagrado en todos los tratados de derechos humanos”, porque se limitan las cautelares pero nada se dice de los procedimientos.

Puso de relieve Ricardo Gil Lavedra que la medida más grave del paquete de reforma es la referida al Consejo de la Magistratura, que contiene “una inconstitucionalidad evidente, palmaria y grosera” y –destacó. “es prácticamente una reforma constitucional”.

Recordó que cuando se creó el Consejo de la Magistratura “se trató de despolitizar las designaciones de los jueces, con un órgano donde debía haber un equilibrio entre los distintos estamento Con esto se buscó profesionalizar los nombramientos de los jueces. Pero esta reforma partidiza de manera absoluta la elección de jueces, al disponer que los representantes de los jueces, abogados y académicos vayan en las boletas de los partidos políticos y en las elecciones presidenciales. De esta manera “necesariamente el partido que gane la Presidencia, ganará el Consejo de la Magistratura” explicó.

“Los consejeros electos, cuya mayoría será del partido de gobierno, son los que van a nombrar a los jueces y van a remover a aquellos que representen obstáculos para la facción política que haya ganado la elección” afirmó el legislador y agregó que esto “rompe la posibilidad de que estos jueces sean independientes e imparciales al generarles una dependencia de una mayoría electoral”.  Pero además Gil Lavedra indicó que el texto constitucional es claro cuando señala que los miembros del Consejo deben ser elegidos por cada estamento y no por el cuerpo electoral.

Cuestionó el diputado nacional que el Poder Ejecutivo no haya promulgado aún esta ley del Consejo de la Magistratura, e interpretó que esta dilación tiene por objeto “impedir las impugnaciones judiciales para que arranque el proceso electoral y las impugnaciones lleguen tardíamente”.

La reforma contraría principios básicos del derecho internacional

Por su parte, el titular de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despouy, indicó que esta reforma es contraria a los parámetros internacionales de los sistemas de justicia y por eso es que sobrevinieron las críticas de la ONU a través de la Relatora para la independencia judicial, Gabriela Knaul.

Despouy señaló que “el Congreso aprobó la reforma del Consejo de la Magistratura violando principios básicos” y anticipó que si la batalla en la Corte fracasa habrá nuevos escenarios de impugnación como los órganos del sistema interamericano o de Naciones Unidas.

“Hoy es la justicia la que tiene la responsabilidad histórica de declarar la inconstitucionalidad de la reforma. Ya la sociedad y el parlamento han defendido la independencia de los jueces, ahora le toca a la justicia” afirmó y señaló que esta reforma “es un tiro entre ceja y ceja a la República”.

También apreció que las limitaciones a las medidas cautelares, contrarían principios internacionales del derecho” y confió que “la comunidad internacional va a impugnar estos cambios porque representan un atropello a los derechos esenciales y a las garantías fundamentales”.

Precisó que el Auditor “esta reforma está agrediendo la columna vertebral del sistema de garantías que ha construido el sistema interamericano; los recursos de amparo, los de habeas corpus, las cautelares son la base de esta construcción con las cuales nuestro continente enfrentó los gobiernos fascistas y dictatoriales y son las que hicieron posible la reconstrucción de la democracia. Por eso es que todas las normas importantes de la Convención americana consagran estos principios, y esta reforma arremete contra ellos, por eso van a ser declaradas contrarias al derecho internacional” abonó.

Consideró que la modificación que permite acusar a un juez con simple mayoría “será una formidable herramienta para intimidar a aquellos jueces que se atrevan a  pronunciarse en contra de una decisión del gobierno” y esto significa que desaparecerá “las posibilidades de que exista independencia de la justicia”. Esto –afirmó lacónico- “es una sentencia de muerte”.

Despouy advirtió que “en esta batalla se juega la esencia misma de la república y de la democracia” y la configuración de la organización del país.

Pero además consideró que la norma sobre el Consejo de la Magistratura por las exigencias que impone en el proceso electoral, es proscriptiva y “viola los principios más elementales de cualquier sistema electoral del mundo porque crea una especie de partido de fútbol donde el único que tiene la pelota y el que va a poder patear los penales es el que detenta la mayoría oficialista”.

“No estamos solos en esta batalla contra la reforma, el mundo nos mira. Los jueces tienen que saber que si legitiman este golpe de gracia a la justicia, habrá afuera de nuestras fronteras, organismos que luchan por la independencia de la justicia que nos van a censurar”, alegó.

Finalmente el Auditor consideró que a la justicia nacional le toca “abrir el futuro” e instó a la participación ciudadana activa expresando que “cuando defendemos la justicia no la defendemos para que los magistrados tengan privilegios, sino para que haya una justicia en función de sus servidores”.

Gerardo Morales: dominar al poder judicial y desplazar a la corte

El senador nacional Gerardo Morales, durante el debate, expresó que “las leyes de reforma judicial aprobadas se inscriben en una concepción política que tiene por objeto la dominación del Poder Judicial y particularmente de la Corte”.

Observó el senador jujeño que se busca “producir el desplazamiento de la Corte para obtener una reforma de la constitución o una interpretación constitucional para lograr la reelección de la Presidenta CFK”.

Con relación a las reformas introducidas al Consejo de la Magistratura indicó Morales que se ha eliminado los dos tercios que se exigían para la remoción de jueces. Precisó que si bien las Comisiones de jury y de Juzgamiento mantienen los dos tercios, se le ha dado al plenario del Consejo -a donde llegan las causas cuando las comisiones no emiten resolución- la facultad de poder decidir sólo con la mayoría.

Pero además, indicó se le ha dado al pleno del Consejo más facultades para resolver en el procedimiento de designación de jueces, al habilitársele la posibilidad de modificar durante la entrevista el puntaje obtenido por los postulantes en las instancias previas de antecedentes y concurso. “Si no gusta el postulante y hay simple mayoría, pueden modificar el puntaje. Es una herramienta para controlar y meter miedo” interpretó.

Morales se detuvo particularmente en la elección popular de los jueces, objetó que tengan que incorporarse en las listas de los partidos políticos y señaló que es “una vergüenza que tengamos que ir a hacer campaña en los tribunales con los jueces”. También cuestionó el concepto de justicia popular del kirchnerismo y en cambio expresó que la “la justicia del pueblo es la que tiene la capacidad de encontrar la verdad, dictar fallos justos y tratar en un plano de igualdad al fuerte y al débil, aplicando la ley y la Constitución Nacional”.

Infirió que la decisión de la elección popular de los jueces responde a “un cálculo político” del kirchnerismo que si bien –vaticinó- perderá caudal electoral y sacará en los próximos comicios menos del 45 % de los votos- es probable que tengan más apoyo que otras fuerza política de la oposición, por su fragmentación. “Idearon este sistema para tener una mayoría en el Consejo de la Magistratura y un control absoluto en la designación y remoción de jueces”.

Morales enfatizó que la reforma contiene disposiciones proscriptivas para la mayoría de los partidos políticos al imponer requisitos mayores que los exigidos para la elección presidencial. Explicó que actualmente por la ley de partidos políticos, un partido para ser reconocido a nivel nacional, debe estar inscripto en 5 provincias. Sin embargo, ahora, para proponer candidatos al Consejo de la Magistratura en la boleta, el partido nacional, alianza o frente, deberá presentarse con el mismo nombre en al menos 18 provincias.

Precisó que en el 2011 “la única fuerza que se presentó en 21 provincias argentinas fue el FPV, mientras que la UCR que tiene presencia en las 24 provincias, sólo en 13 de ellas fue como UCR, en 7 como Udeso y en otras como Frentes”.  Por eso, afirmó, “esta reforma desnuda la intención política el gobierno de controlar al poder judicial, proscribiendo a fuerzas políticas”

También Morales cuestionó algunos aspectos que representan un ataque a la Corte, a la que calificó como una institución independiente y reconoció que fue el producto de decisiones adoptadas por el kirchnerismo. Sin embargo, añadió, “ahora no les gusta y quieren limpiar a la Corte, por eso en principio le quitaron funciones de superintendencia, como el manejo de su personal y de los recursos. Tuvieron después que volver atrás, pero introdujeron un artículo que afecta su autarquía”.

Explicó que “anteriormente el Poder Judicial no estaba sometido a la ley de administración financiera y tampoco le era aplicable la ley de presupuesto. Tenía una ley de autarquía que establecía cómo debía administrar el presupuesto. Esto se ha modificado y de esta manera le han quitado la autarquía”.

Cuestionó más adelante la designación de los jueces subrogantes que van a integrar las Cámaras de Casación y que no serán electos por concurso. Recordó que la ley de subrogancias, le permite al Poder Ejecutivo remitir al Senado un padrón. “Entendemos esto no sería inconstitucional si ese padrón se tomara de las listas de los concursos, entre los ternados, porque se trataría de postulantes que ya pasaron por una evaluación. Pero esto no es así y ocurre que el 80 % de los jueces designados son tomados del padrón de La Cámpora” criticó.

Denunció Morales que “lo que están haciendo con los jueces subrogantes es armar comisiones especiales de juzgamiento, otro incumplimiento al artículo 18  de la CN”.

Finalmente el senador nacional indicó que una reforma judicial a favor de la gente debería haber abordado la creación de más juzgados para acercar la justicia a los ciudadanos, la modificación de las reglamentaciones, un servicio de justicia para los casos de menor cuantía y otra para usuarios y consumidores de servicios públicos”, entre otras medidas.