Chalabe sostuvo que lo hace el gobierno con los proyectos mineros “es avanzar, y en medida que lo hacen van vulnerando derechos”

Chalabe 26-02-13Jujuy al día® – En diálogo con nuestro medio, la representante legal de las comunidades Indígenas de las Salinas Grandes de la cuenca de la Laguna de Guayatayoc, Alicia Chalabe, se refirió al incumplimiento de parte del gobierno provincial sobre el derecho informado de las comunidades indígenas, en referencia a lo expresado vía Twitter por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), Ricardo Lorenzetti, quien señaló que “la búsqueda desenfrenada de riqueza de las corporaciones y la negligencia de los gobiernos ponen en riesgo las generaciones futuras”.

Asimismo se refirió a los avances en la búsqueda de apoyo nacional e internacional para la presentación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  a raíz del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación el año pasado y a los posibles efectos de la reforma judicial en los reclamos de las comunidades indígenas.

Al referirse a las apreciaciones del presidente de la CSJN, Ricardo Lorenzetti, Alicia Chalabe manifestó en declaraciones a JUJUY AL DÍA® que “es totalmente acertado lo que menciona, pero la Corte Suprema es uno de los mecanismo que pude tener uno de los poderes del Estado y que puede frenar esto, tan es así que aún tiene en carpeta para decidir el fallo de los glaciares, hay una acción presentada por una serie de organizaciones ambientales para que se cumplan la ley de glaciares en la Argentina y hasta ahora la Corte no ha sacado el fallo”, y agregó que “es verdad el diagnostico que hace y lo que hay que buscar es solucionarlo y una de las vías de solución, una de las herramientas  que tenemos las personas para luchar  por nuestros derechos y por el ambiente, es la judicial, mientras que la otra es política a través de medidas del Poder Ejecutivo. El diagnóstico es correcto y coincido pero el remedio es donde vamos a disentir porque la Corte por excelencia tiene en su mano la posibilidad de frenar de alguna manera, o poner obstáculos, para este desenfreno que él menciona”.

En este sentido, se le consultó a la letrada, en relación a lo expuesto por el presidente de la CSJN, si ante el avances de proyectos ge litio e ingreso de corporaciones en Jujuy, existe dicha negligencia de parte del Estado provincial, a lo que expresó que “el Estado provincial primero tiene que reconocer este rango de derechos indígenas que es un derecho particular diferente y tratar de enmarcarlo a este derecho de consulta con un derecho ambiental es negar la existencia de la comunidades indígenas y sus rangos de derechos”.

Añadió que “lo que ellos hacen es avanzar con los proyectos y en medida que lo hacen van vulnerando derechos, pero esto también tiene su contraparte de si las comunidades lo aceptan, pero esto corre por cuenta de cada ciudadano de ejercer o no sus derechos”.

En relación a la explotación de litio y las comunidades indígenas de Jujuy, la letrada señaló que “la situación sigue tal cual estaba, el gobierno provincial está avanzando con un proyecto de desarrollo de explotación de litio en la zona de Susques y Olaroz y en ese avance ha contado con la autorización de las comunidades indígenas, según lo leí en los medios de prensa, pero las comunidades aborígenes de Salinas Grandes, que están en otro lugar, alejadas de este proyecto, pero entienden que no ese está cumpliendo este derecho  de consentimiento, libre e informado”, y explicó que “esto es lo que se pide que se implemente porque su implementación no significa dar la participación como la dan, con porcentajes o participación al aprobar los proyectos y que algún beneficio le quede a la comunidad si no que ellos son dueños de los proyectos de desarrollo”.

En otro tramo de la entrevista con JUJUY AL DÍA®, la representante legal de las comunidades Indígenas de las Salinas Grandes de la cuenca de la Laguna de Guayatayoc, se refrió al posible efecto que tendría la reforma judicial en los reclamos de las comunidades aborígenes, y mencionó “en el caso puntual de mis representados no van a verse afectados ya que se ha terminado las vías de reclamos en la Argentina y continúan en otra instancia, pero en relación al resto de las medidas cautelares entendemos que el Estado siempre goza de una presunción de legitimidad de sus actos por lo tanto siempre era difícil conseguir una medida cautelar contra él porque goza de esa presunción salvo que hubiera arbitrariedad o un exceso de los requisitos para que un acto administrativo sea válido ahí la justicia intervenía pero esto ha sucedido muy pocas veces”, y agregó que “en realidad se restringe aún más las medidas cautelares porque ya estaban restringidas por estas presunciones de legitimidad, ahora sería importante que los jueces puedan tener este control para controlar si se incumple los derechos constitucionales de las personas, pero este proyecto tiende a restringir aún más el ámbito de estas medidas contra el estado”.

Señaló que “las comunidades no es que queden con una mayor o menor indefensión pero cuando solicitaban medidas cautelares siempre fue contra el avasallamiento en que está interviniendo el Estado, recordemos con que las empresas mineras no son las únicas que avasallan los derechos sino también quienes las autorizan, y es el Estado”.

“Recordemos que las medidas cautelares favorables a los pueblos indígenas han sido dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, salvo en temas ambientales como es el caso Salas, donde paró los desmontes, pero las medidas cautelares que hay vigentes de los pueblos indígenas son de dicha Comisión”, indicó.

Para finalizar, Alicia Chalabe se refrió a los avances en la búsqueda de apoyo nacional e internacional para entablar una queja en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el fallo de la CSJN del año pasado, y dijo que “hubo varios avances y estamos contactándonos con otras instituciones internacionales para que nos apoyen en la petición de queja ante la Comisión a raíz de mencionado fallo. A nivel nacional hablamos con algunas organizaciones pero también hay que buscar apoyo internacional porque es necesario tener patrocinio letrado de una organización internacional”, y señaló que “no hay dialogo posible en relación al tema de salinas en cuanto a esta exigencia de que se cumpla el derecho de consulta, lamentablemente hasta el momento continua la situación como estaba en el país, no se ha implementado este derecho ni se ha establecido  efectivamente, no hubo avances ni en cuestiones extrajudiciales”, concluyó.

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