¿A quién representan nuestros representantes?

Hugo CalvóTanto la Constitución nacional como cada una de las constituciones provinciales determinan que “el pueblo ni delibera ni gobierna sino que lo hace a través de sus representantes”. Tal vez aquí se encuentre un nudo que busca ser desatado. Es necesario crear conciencia de que a quienes llamamos representantes son sólo nuestros mandatarios y nosotros los mandantes. Es decir que somos nosotros, ciudadanos, los que debemos indicarles a los representantes que camino deben seguir cada vez que se plantea una situación como cualquiera de las que se trata con tanta pompa, con tanta urgencia, con tanta vehemencia en los recintos parlamentarios, como los que se plantean por estos días.

Muchas veces se discutió si las bancas en las legislaturas, todas las legislaturas, son del legislador (representante) o de la organización partidaria que los presentó ante el electorado. Muchas fueron las opiniones, posiciones y argumentos que se dieron a conocer con tal de dejar claro que puede ser de uno u otro. Lo cierto es que las bancas no son ni de uno de otro, son de los representados. Lo que si debe quedar bien claro es que no es propiedad -ni tiene autoridad sobre ellas- de ninguno de los poderes ejecutivos. Escuchamos muchas argumentaciones cuando es necesario que los legisladores voten en un sentido u otro a determinada legislación. Por ejemplo cuando los legisladores nacionales se enfrentan a disyuntivas partidarias, ideológicas, territoriales y hasta presiones para orientar su voto, porque fueron conminados por las autoridades de su partido, porque lo hizo el gobernador tal o cual, porque los medios de comunicación apoyan o no. Lo que los representantes nunca hacen es consultar a sus representados. Parece que va siendo hora de que los ciudadanos, el pueblo, los representados, comiencen a manifestar su soberanía exigiendo ser consultados por sus representantes ante decisiones que afectarán su relación con el Estado.

Muchas veces se podrá dudar de la verdadera intencionalidad, el fin último, de una determinada legislación, entonces, la sola duda debería alcanzar para que los ciudadanos debamos ser consultados pues, haciendo abstracción del actual gobierno, este u otro podrá utilizar la misma legislación que se creó a fin de resolver alguna situación, en contra de la misma y en consecuencia en contra del mismo pueblo. Hay ejemplos cercanos, dolorosos ejemplos.

Muchas veces se apeló, como argumento para decidir posiciones, a la famosa lealtad partidaria y con ello intentar cerrar un debate. Nunca la lealtad partidaria debería ser un argumento para decidir algo que afecta al común pues el partido es sólo una parte del todo. La lealtad como una virtud a ser imitada tiene sus variantes y estas mismas pueden configurar una deslealtad. En todo caso habrá que dejar claro cuáles son las prioridades, a quien se le debe lealtad en primera, segunda o tercera instancia. En este momento proponemos que las instancias sean señaladas: Primero el pueblo, Segundo el pueblo, tercero el pueblo.

Las movilizaciones ocurridas en setiembre y noviembre de 2012 y la última de abril posiblemente, si no son soslayadas por nuestros propios representantes, muestran claramente el reclamo de los representados ante una cantidad de situaciones sin resolver y otras que irían en contra de sus propios intereses que sólo los legisladores podrían reorientar siguiendo los preceptos de lealtad antes expresados.

De cualquier manera, el hecho de confundir las formas con el fondo se dirimirá pronto, el domingo 11 de agosto en las elecciones primarias, allí los representados nos haremos oír nuevamente, de un modo más silencioso pero también inapelable. Aquí igualmente entrarán a jugar las lealtades pero además las deudas y los rencores de habernos embarcado en una propuesta que se suponía eran para todos y terminó siendo para unos pocos.

La Constitución Nacional es clara en su artículo 29º cuando dice que: El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria.

Finalmente nos volvemos a preguntar ¿A quién representan nuestros representantes?

Lic. Hugo Rubén Calvó

Director de Jujuy al día®

1 COMENTARIO

  1. Se ha sintetizado en la exposición que antecede, del Licenciado Calvó, el real sentimiento que debe embargar a todos y a cada uno de los que emitimos un voto esperando ser representados, como correponde, en una función que le delegamos en virtud de lo fijado en la Cosntitución Nacional. Varias veces hemos sido traicionados en nuestras esperanzas por expresiones que distan mucho de lo que hemos anhelado de nuestros representantes, y es tal el desámimo que produce que dudamos que la política sea el vehículo motor que haga posible una país mejor, como el que soñamos nosotros, como el que esperamos dejar como herencia a nuestros hijos y a nuestros nietos. El ¿por qué la duda?, es que se utiliza la palabra lealtad como equivalente de la palabra dignidad y en ese error es que se ha traicionado intenciones que antes se pregonaban como plataforma política, pero que en vía de los hechos se vota en contra aduciendo decisión partidaria, cuando en realidad debiera ser consultado con sus representados y no acatar las que provienen de sectores con intereses distintos de los que los llevó al lugar que ocupan. Cuando un funcionario o legislador, cualquiera sea el rango, traiciona a sabiendas lo que ha pactado con sus representados debiera apartarse del cargo y/o someterse al designio de quienes son sus representados. La lealtad es para con el que le permitió el acceso al cargo y es para con él el rendir cuentas de sus actos.

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