Jujuy al día® – “El gobierno con estos proyectos de reforma judicial persigue una idea totalitaria”, aseguró el senador Gerardo Morales en la sesión de ayer por la tarde, donde agregó: “pero, también, la consolidación de la impunidad para muchos funcionarios quienes después de 2015 van a hacer fila para ir presos. El primero en esa cola será Julio De Vido”. “Se configura una clara propuesta de partidización y politización de la justicia”, remarcó.
Morales destacó que “la reforma propuesta por el gobierno mina el concepto de división de poderes. Con la creación de nuevas Cámaras de Casación busca controlar las sentencias y con la regulación de medidas cautelares, que se tratará mañana -por hoy-, deja desprotegidos a los ciudadanos frente a abusos del Estado”.
“El kirchnerismo está llevando la política y la partidocracia al Poder Judicial”, agregó que de ahora en adelante se deberá hacer campaña con jueces en los Tribunales para elegir los representantes ante el Consejo de la Magistratura de los representantes de los magistrados. “Es un sistema perverso”, subrayó.
Para el senador jujeño, la iniciativa “rompe de lleno con la lógica y la estructura de la división de poderes establecida por la Constitución Nacional, además busca debilitar a la Corte Suprema porque el oficialismo no quiere una Corte independiente”.
Morales describió que con la modificación al Consejo de la Magistratura se le quita la capacidad de nombrar sus propios empleados a la justicia. “La política de recursos humanos del Poder Judicial, debe estar en manos del Poder Judicial. Que la Presidente se meta en su poder y establezca un sistema transparente de selección de personal. No solo los de La Cámpora debieran conseguir empleo en el Poder Ejecutivo”, denunció. “Estamos frente a una gran hipocresía”, enfatizó.
“El gobierno no solo quiere manejar el Poder Judicial, también busca terminar con la CSJ y garantizarse impunidad. Estamos frente a una concepción ideológica peligrosa. Es un gran retroceso al avance conseguido con la modificación constitucional de 1994”, resaltó y advirtió que “se debe garantizar la independencia de un poder que debe velar y tutelar los derechos de todos y guardarse la capacidad de enjuiciar desde la Presidente hasta cualquier ciudadano”.