“Crear un órgano intermedio entre las Cámaras de Apelaciones y la Corte Suprema no va a hacer otra cosa más que dilatar aún más los largos procesos judiciales”

AlsinaJujuy al día® – Tras el anuncio de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner sobre el envió de 6 proyectos de ley que encuadran en el proceso que dio por llamar “democratización de la justicia”, nuestro medio dialogó con el Presidente del Colegio de Magistrados de Jujuy, Daniel Alsina quien opinó sobre este proceso de democratización y los principales puntos de estos proyectos.

Cabe recordar que estos proyectos se enmarcan en seis puntos, que son los siguientes: la elección por el voto popular y aumento del número de miembros del Consejo de la Magistratura; regular las medidas cautelares; el ingreso al Poder Judicial; la publicidad de los actos del Poder Judicial, la publicación de las declaraciones juradas de los magistrados y funcionarios de la justicia y por último la creación de las Cámaras de Casación.

Sobre esto, Daniel Alsina manifestó en una entrevista con JUJUY AL DÍA® que “en principio no conocemos, como el resto del arco político ni la sociedad, concretamente, en que consiste cada uno de los proyectos que ha enviado la Presidenta al Congreso de la Nación, que de hecho ha dado por llamar ‘democratización de la Justicia’, pero nosotros entendemos que democratizar implica muchas cuestiones, no solo el acceso a la justicia por parte de cualquier ciudadano sino también permitir el acceso a los más humildes, eso también es democratizar la justicia”. Indicó que “de cualquier manera entendemos que el aporte que se haga de cualquier integrante del Estado, ya sea del Poder Ejecutivo o Legislativo, es bueno,  siempre y cuando su aplicación sea correcta y beneficiosa”.

Al analizar cada uno de los proyectos, se refirió a la creación de 3 Cámaras de Casación más, aparte de la del fuero Penal que ya existe, y sostuvo que “crear nuevas estructuras previas a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), con la cantidad de causas que hay en el fuero federal, entendemos que no hace más que dilatar la ya larga espera que sufre la población en búsqueda de justicia”, y añadió que la idea de crear un órgano intermedio entre las Cámaras de Apelaciones y la CSJN “no va a hacer otra cosa más que dilatar aún más los largos procesos judiciales”.

En relación al proyecto que prevé aumentar el número de miembros del Consejo de la Magistratura, de 13 a 19, y su elección por el voto popular, Alsina señaló que “no estamos en desacuerdo respecto a que el pueblo y la sociedad tenga su voz y pueda votar consejeros, pero entendemos que no es prudente que todos ellos sean elegidos por el voto popular”, y explicó que “la elección de quienes tenemos el honor de pertenecer al Poder Judicial y que tenemos sobre nuestras espaldas la pasada carga de velar por el honor, el patrimonio, la dignidad, la libertad de las personas, debemos ser elegidos también por gente técnica que conozca perfectamente, que pueda evaluar las calidades no solo éticas y morales sino también científicas de quienes van a desempeñar tan alto honor”.

Por ello “en ese sentido podemos decir que tenemos ese reparo, si bien no nos oponemos a que integrantes del Consejo sean elegidos por el voto popular y que pertenezcan al pueblo, también entendemos que debiera existir la posibilidad que también seamos evaluados por personal técnico porque la profesión que desempeñamos es altamente técnica”, sostuvo el magistrado jujeño.

Sobre la regulación de las medidas cautelares manifestó que “no conocemos en qué términos va a manifestarse esta modificación de las medidas cautelares, pero lo que puedo decir es que dichas medidas están absolutamente legisladas y bien legisladas, tienen una serie de requisitos y un fin propio que es cautelar los resultados de los juicios. Todos los ciudadanos tienen derecho como tal y ese derecho tiene que ser protegido más allá de los intereses propios del Estado, las medidas cautelares deben actuar del mismo modo para todo el mundo, sea para el Estado como para los particulares porque los derechos son de todos”.

Además, en otro tramo de la entrevista con nuestro medio, el Presidente del Colegio de Magistrados de Jujuy opinó acerca de los proyectos de ingreso al Poder Judicial, Publicación de los actos de gobierno de la Justicia y sobre el que trata que las declaraciones juradas de los funcionarios y magistrados sean de carácter público, y mencionó al respecto que “somos defensores del derecho irrestricto de cualquiera que tenga solamente como requisito la idoneidad y la actitud, creemos que a la gente hay que elegirla no por sus condición social sino por su aptitud, su abnegación y preparación para el trabajo”, y agregó que “siempre hemos estado de acuerdo en los concursos para quienes deban ingresar al Poder Judicial, como también que puedan ascender del mismo modo. Estamos de acuerdo en que cada uno de nosotros, que aspiramos a un ascenso o ingreso al Poder Judicial o a cualquier ámbito, debemos mostrar nuestros antecedentes y someternos a cualquier tipo de exámenes para eso, por ello no estamos para nada en desacuerdo”.

Acerca de los dos proyectos restantes, señaló que “respecto a esto no tenemos ningún inconveniente, si hay un Poder que se ha mostrado y manifestado siempre a favor de la publicación de los actos de gobierno, es el nuestro. Nuestras sentencias son absolutamente públicas como lo es nuestro ejercicio profesional y como tal entendemos que nuestro patrimonio debe ser absolutamente público. Estamos absolutamente de acuerdo y ponemos a disposición, en forma personal digo esto, mi declaración jurada para que la analice y sea juzgada por toda la sociedad”.

Para finalizar, Daniel Alsina sostuvo que “hay una gran tarea por delante, siempre teniendo en cuenta lo que creemos que no hay que perder de vista nunca: que el derecho nos ampara y nos protege a todos y debemos todos pelear por la independencia del Poder Judicial que es el principio absoluto respecto a este tema, que el Poder sea independiente, y dentro de su independencia decir que estamos de acuerdo con los concursos, la capacitación, la publicación de los fallos, que la prensa tenga libre acceso al trabajo de cada uno de nosotros, que los fallos sean cada vez menos complicados y que se redacten de manera simple, que el Juez pueda explicar a la sociedad el contenido de su sentencia, y la accesibilidad a la justicia, es decir que la justicia debe ser cada vez de más fácil acceso a las personas de menores recursos, estamos absolutamente de acuerdo con eso, porque eso es lo más importante, trabajar por el bien de la justicia y por una mejor justicia”, concluyó.

1 COMENTARIO

  1. Queda claro que las intenciones gubernamentales es “disciplinar” al Poder Judicial, sometiendolo a la adhesión irrestricta a las decisiones del Poder Ejecutivo, aun en contra la Constitución Nacional. No se trata de “democratizar”, como quieren presentar al proyecto, sino hacer un Justicia dependiente contrario a lo que Constitución regula para los tres poderes en que se aisneta el sentido republicano. Dominado el Legislativo por la mayoría del FPV, y algunos adherentes acomodaticios, este se ha transformado en mero convertidor de leyes propuestas por el Ejecutivo, pero tropezaban con la independencia del Judicial en donde se define la constitucionalidad de las leyes votadas. Este nuevo proyecto, “elevado” al Congreso pretende aumentar el número de integrantes del Consejo de la Magistratura para poder remover aquellos jueces que han puesto fallos adversos a la conveniencia oficial, queno siempre es la mejor para determinados sectores de la población (por ejemplo: reajuste de haberes jubilatorios) yque llevado ante la Suprema Corte requirió algun tipo de determinacion (Cso Badaro, etc) en el que obligó al Congreso a legislar, mal que le pese, un determinado índice de aumento en las percepciones de los afectados (movilidad). Todo esto, es lo que se persigue modificar para evitar que en el futuro el Gobierno tenga fallos adversos aún cuando se extralimite los contenidos constitucionales. Estaremos entonces enpresencia de un autoritarismo antidemocrático y antirepublicano en donde la Cosntitución pasa a ser un best-seller novelesco que no obliga su cumplimiento por parte de funcionarios, legisladores y jueces pese a jurar respetarla y defenderla, y si no que Dios y la Patria se lo demande. ¿Ante quién se deberá demandar si la Justicia sería acomodaticia?

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