Aparecieron más datos sobre las condiciones de detención y reveladora información histórica y de contexto

audiencia 38 20-12-12 1Jujuy al día® – En la audiencia Nº 38 calificadas investigadoras, Ludmila da Silva Catela e Inés Izaguirre y el investigador Reynaldo Castro, brindaron información histórica para comprender la represión dictatorial, las causas, su desarrollo, las consecuencias y el impacto social que pervive aún hoy. Además un ex minero de El Aguilar brindó precisiones de las condiciones de detención y permitió confirmar algunas formas de tormentos a las que fueron sometidos en la cárcel de Gorriti.

El jueves, 20 de diciembre, se cumplió la penúltima audiencia de 2012 de este primer juicio oral y público por delitos de lesa humanidad, donde declararon cuatro testigos.

El primer testigo fue Bruno René Díaz, ex minero, quien ya declaró en este proceso judicial pero fue llamado nuevamente -como otros ex mineros- ante la ampliación de la imputación al ex Director del Servicio Penitenciario de Villa Gorriti, Antonio Orlando Vargas por “tormentos”.

Díaz fue consultado sobre las condiciones de su detención. Relató su detención el 26 de marzo de 1976 en Tres Cruces,  donde fue alojado en la dependencia de Gendarmería Nacional. Díaz trabajaba en la Compañía Mina Aguilar y formaba parte del sindicato.

Fue llevado a La Quiaca junto a otros compañeros detenidos, y luego fueron trasladados a la Policía Federal en la capital jujeña, donde estuvieron 6 o 7 días sin comer.

Posteriormente los alojaron en el Penal de Gorriti donde estuvieron 47 días incomunicados. Con el pasar del tiempo los dejaron a los detenidos salir al patio, donde jugaban a la pelota y pudieron ver quien estaba detenido. Reconoció al Dr. Luis Aredez, a Julio Móises con quienes había jugado al fútbol. En cuanto al estado físico del Dr. Aredez, dijo que no lo vio golpeado en el penal.

Sobre el trato en el penal, el testigo dijo que no eran maltratados; pero relató las requisas semanales que tenían.

El fiscal Francisco Snopek profundizó en detalles de esas requisas. Díaz relato que los ponían boca abajo en la celda, los pisaban, les caminaban por encina y dejaban un desastre la celda.

Luego dijo que los sacaban a declarar “uno no tenía causa”, los interrogatorios eran personales. En este sentido recordó que en Gendarmería, cuando lo detuvieron quisieron que firmará una declaración “hecha” contra Avelino Bazán. No la firmé, como voy a firmar una declaración contra una persona que no conocía”, dijo firme.

Luego el fiscal Pablo Pelazzo preguntó sobre la ropa que tenían y si a las celdas les ingresaba la luz. Díaz relató que tuvieron la misma ropa desde la detención y durante los 47 días en el penal y que su celda tenía unas medidas de 30 x 40 cm. Así también relató que la comida “no era buena” y que para ir al baño tenían que esperar.

Al finalizar Díaz su testimonio entregó copias al tribunal de certificados del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) donde figura un número, entregado cuando salió de la Unidad 9 de La Plata.

También entregó un telegrama colacionado de despido que fue remitido por la Compañía Minera Aguilar a su casa familiar y recepcionado por su esposa, mientras él se encontraba detenido.

Ludmila Da Silva Catela, Ledesma y Tumbaya, “la Tucumán chiquita”

Ludmila da Silva Catela es Dra. en Antropología, preside actualmente la Comisión por la Memoria de Córdoba, es investigadora y en ese rol ha estudiado aspectos sociales y antropológicos sobre la represión en Libertador General San Martín y Tumbaya. Fue citada a prestar declaración en este juicio por petición de la querella de Aredez que ejerce Paula Alvarez Carrera. Declaró desde Córdoba, vía teleconferencia.

Aspectos metodológicos: la centralidad de la oralidad

Ludmila da Silva Catela fue interrogada por la querella en torno a la metodología aplicada en las investigaciones sobre Jujuy. Especificó la  investigadora que en el caso de las referidas a Tumbaya se basó fundamentalmente en entrevistas orales, teniendo en cuenta la fuerte  tradición oral que pervive en los pueblos quebradeños. Precisó que trabajó con entrevistas abiertas, no dirigidas, realizadas a familiares de detenidos desaparecidos de ese pueblo y a tres sobrevivientes de la represión.

Las entrevistas fueron también recuperadas en formato audiovisual y además resaltó que los datos obtenidos fueron cruzados con documentos históricos que permanecen en poder los pobladores.

En el caso de Libertador, trabajó también entrevistas orales y fuentes periodísticas, como diario Pregón, así como con registros audiovisuales y fotográficos. La investigadora ofreció al Tribunal las entrevistas obtenidas.

Los métodos usados tienen la rigurosidad exigida por el sistema universitario y el CONICET que financió y validó sus investigaciones

La lucha de Aredez

Da Silva precisó al serle requerida información sobre Luis Aredez que su investigación recupera fundamentalmente la lucha del médico por una salud pública que llegara a los obreros de Ledesma, en igualdad de condiciones.

Señaló que Olga Márquez de Arédez -a quien alcanzó a entrevistar- le proveyó información sobre los procesos sociales que acompañó Aredez, así como de su secuestro y desaparición.

También Ludmila da Silva relató que el testimonio recogido le permitió reconstruir la confrontación de Aredez con Ledesma, generada por dos ejes centrales: la salud de los obreros y los impuestos aplicados al Ingenio durante su Intendencia.

Pero también se refirió a otro punto de tensión que era el reclamo por tecnologías fabriles que permitieran reducir el impacto ambiental y sanitario provocado por los residuos de la actividad industrial de Ledesma.

Tumbaya y los desaparecidos del PC

La información más relevante aportada por la investigadora estuvo centrada sobre Tumbaya, donde se registran 6 detenidos desaparecidos, un índice muy alto en relación con la escasa densidad poblacional de esa comunidad.  Una de esas desapariciones se investiga en este juicio, la de Rosa Santos Mamaní perteneciente a la causa Galeán y otros.

Cuando Ludmila inició su labor en el marco de un proyecto del CONICET, no había información disponible que permitiera explicar lo sucedido allí. La investigadora hipotetizó  que  el temor siguió operando, después de la dictadura, garantizando los silencios.

Recordó que los desaparecidos de Tumbaya no fueron denunciados en la CONADEP y por tanto no figuraban en el Informe “Nunca Más”.

Ludmila da Silva Catela viajó a Tumbaya para efectuar su trabajo. “El primer dato que tuve fue que todos habían sido desaparecidos por pertenecer al Partido Comunista” relató. Por ello se contactó con el PC que desconocía los sucesos de Tumbaya y se comprometió a investigarlos.

La noción de lo comunitario

“En las entrevistas apareció con una fuerza inusitada que cuando hablaban de comunismo lo relacionaban a lo comunitario y a la tierra comunitaria”, explicó la investigadora e inscribió esta representación social en la histórica reivindicación de los pueblos originarios por la restitución de sus territorios Señaló además que durante el siglo XIX las poblaciones indígenas fueron acusadas de comunistas por su reclamo sobre las tierras. “Comunistas e indígenas eran categorías intercambiables” sintetizó da Silva.

También la investigadora indicó que en los relatos obtenidos los familiares y sobrevivientes reconstruyeron el circuito que recorrieron las víctimas de la dictadura en Tumbaya. La mayoría de ellas fueron detenidas por personal policial y militar y llevadas a la Comisaria de Volcán donde fueron golpeadas, torturadas y amenazadas con fusiles puestos en sus espaldas.  Posteriormente fueron trasladadas a la Comisaría de Humahuaca, donde también fueron sometidas a tormentos y de allí llevadas a la cárcel de Gorriti.

Resaltó da Silva que en la cárcel estas personas fueron “humilladas, torturadas, maltratadas por comunistas y apátridas”. Inclusive recordó las dificultades que varios de ellos tuvieron para regresar, después de la dictadura, a sus vidas cotidianas. “El retorno de la prisión no fue fácil” por la estigmatización que generó la cárcel, uno de ellos hasta 8 años después de aquellos sucesos no podía reinsertarse laboralmente.

El Fisca ad hoc, consultó a da Silva sobre los tormentos que describieron sus entrevistados. Al respecto la investigadora precisó que la noción de tormentos es compleja. “Algunos de ellos en las entrevistas decían que no habían sido sometidos a tormentos, sin embargo en la misma entrevista describieron golpes y humillaciones”. La investigadora precisó dos casos de entrevistas que ofreció al tribunal donde las víctimas describen haber sido interrogadas y torturadas en el penal de Gorriti.

Además la investigadora mencionó al Dr. Ricardo Ovando, a quien los entrevistados refirieron como compañero de cautiverio en la cárcel Gorriti y cuyo destino final desconocía la investigadora. La defensa trató de invalidar el aporte de da Silva, induciendo una afirmación que la investigadora no había realizado y que quedó finalmente aclarada, con lo cual se desbarató la estrategia de la defensa de los imputados.

El Fiscal Pablo Pelazzo requirió al Tribunal que se recepcionara el material ofrecido por la investigadora, pero los defensores de Vargas, Braga y, Bulgheroni formularon su oposición, arguyendo que esas entrevistas fueron realizadas bajo condiciones no controladas por la defensa y porque sus aportes son ajenos al contexto en el que da Silva fue ofrecida como testigo, que es la causa Aredez. El Tribunal hizo lugar a ese planteo con los votos de Casas y Juárez Almaraz.

Da silva Catela también durante su testimonio valoró la oralidad que la defensa de los imputados intentó objetar y explicó que en los pueblos donde pervive un fuerte componente indígena, como los de la quebrada, la oralidad tiene un rol central en la reproducción cultural y en la construcción y la transmisión de la experiencia y de la historia. Subrayó que la oralidad tiene el mismo valor que la palabra escrita y recordó que existe jurisprudencia internacional que valora la oralidad, sobre todo en pueblos de origen étnicos.

En este contexto señaló que en Tumbaya la gente conoce lo que sucedió durante la dictadura por esa oralidad y por la ritualidad, como la del Día de las Almas, donde se actualizan las memorias de sus desaparecidos.

Por otra parte, la investigadora mencionó a las personas señaladas en las entrevistas como responsables de los sucesos de Tumbaya, que tienen un saldo de 6 desapariciones: las de Rosalino Ríos, los hermanos Galean, Rosa Santos Mamaní, Américo Macrobio Vilca y Elías Toconás. Entre esos responsables nombró al Comisario Catalino Soto, a un tal Portal, al celador Sánchez de Gorriti, dos guardiacárceles mencionados como “Teniente primero Marcelo” y “Oficial Canchi”, así como al cura Carlos Brutman, un sacerdote de Tumbaya que colaboró con una camioneta.

Los miedos

El Fiscal Francisco Snopek por su parte requirió a la investigadora precisiones sobre los miedos detectados en los entrevistados. Ludmila da Silva indicó el miedo “es una cultura que se instala a lo largo de los años, es sutil, es una violencia amable, simbólica, donde por ejemplo subyace la noción de patrón, como alguien a quien se teme”.

Precisó da Silva que en el caso de Tumbaya, los sobrevivientes y familiares revelaban un temor a sufrir la misma violencia que les había arrebatado a su gente, pero además también tenían miedos derivados de la convivencia en el mismo espacio geográfico con los victimarios. “En estas comunidades pequeñas los familiares y los sobrevivientes conviven con los agentes de seguridad que los reprimieron, comparten el mismo lugar”  dijo.

Ludmila indicó que ese temor además enraizaba en el hecho de que Tumbaya había sufrido una especial estigmatización y en este contexto relató que un capataz de una mina del lugar había bautizado a Tumbaya como “la Tucumán chiquita” por la presencia de “comunistas apátridas”.

Pero además explicó el temor creció también porque el Estado no llegaba con su mediación. “La CONADEP no registró a Tumbaya y sólo después, cerca del 2000 recién se tramitaron indemnizaciones”.

“La primera vez que hablé con ellos el miedo era evidente, era corporal, hablaban en voz baja en forma temblorosa y les temblaban las manos, sin embargo fueron personas con un enorme coraje que pudieron controlar su miedo y contar lo que les pasó” refirió da Silva.

Ines Izaguirre: la seguridad nacional ligada al crecimiento económico y el norte como un ensayo de la represión dictatorial

También en esta audiencia testimonió la Socióloga Inés Izaguirre, docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y autora del libro “Lucha de clase, Guerra Civil y Genocidio en Argentina. 1973 – 1983. Antecedentes, desarrollo y complicidades”. Eizaguirre fue convocada a pedido de la querella institucional del CODESEH que ejerce Martín Patiño y declaró –vía teleconferencia- desde el Consejo de la Magistratura en Capital Federal.

En su trabajo de investigación Eizaguirre ha relevado 12.211 casos de víctimas de la dictadura, utilizando múltiples metodologías de recolección y sistematización de información.

Izaguirre se refirió a los procesos políticos posteriores a la Segunda Guerra Mundial y la reconfiguración mundial, así como al rol de los países del frente aliado. Estos, explicó, iniciaron una defensa férrea del capitalismo y una lucha contra el marxismo, el comunismo y el socialismo, impulsando lo que se conoció como la Guerra Fría.

Describió los cambios generados tras la creación de la ONU y la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los movimientos que emergieron. En ese sentido describió el proceso en Argentina y se refirió a las fuerzas populares, obreras, estudiantiles, políticas y sociales que se fueron definiendo a partir de los años 60 y que adquirieron –algunas de ellas- en la década posterior, el perfil de organizaciones armadas.

En Argentina se fue consolidando –explicó- la ideología de la Seguridad Nacional que estuvo atada a la política de desarrollo. “La estrategia de crecimiento económico capitalista siempre estuvo ligada al concepto de seguridad nacional” aseguró y señaló que esto ocurrió en toda América y es lo que explica el Plan Cóndor, un plan articulado de los países de la región para llevar adelante la represión y el control de los movimientos emergentes. Recordó que en 1992 fueron hallados los documentos del Plan Cóndor en Lambaré (Uruguay), conocidos como “los archivos del terror”.

Indicó que la política de seguridad como herramienta de disciplinamiento y al servicio de la economía fue aplicada desde antes de la dictadura y durante, Señaló que entre 1974 y 1983, disminuyó un 35 % la cantidad de obreros ocupados y en cambio aumentó un 38 % la productividad con un 30 % menos de horas de trabajo. Pero además el salario se redujo un 20 %.

Afirmó que de las víctimas totales del genocidio argentino, un 16,5 % se producen antes del Golpe de Estado de 1976, el resto es posterior a ese hecho. Precisó que la fuerza social aniquilada en el país estuvo integrada en un 36,7% por obreros asalariados, un 32 % de asalariados de la pequeña burguesía y un 30 % de pequeña burguesía independiente. “Es decir más del 90 % `pertenecían a sectores populares”.

Según su registro antes de 1976 se producen 1.133 muertes y 820 desapariciones, mientras que con posterioridad y hasta el 83, se registran 810 muertos y 7.600 casos de desaparecidos.

Explicó que en el Norte –Jujuy, Salta, Tucumán y Córdoba- que estaba bajo el mando del Tercer cuerpo de Ejército con militares como Bussi y Menéndez formados en Vietnam, antes del 24 de marzo de 1976 se producen un 62 % de las desapariciones, cifra notoriamente mayor a la media nacional que llegó al 31 %.

Es decir, reveló, “hubo una política diferente para el Norte del país” y de hecho recordó el Operativo Independencia ordenado el 1 de febrero de 1975 fue un operativo bélico legal destinado al aniquilamiento de la subversión que precedió al golpe. Afirmó que antes del golpe, en Tucumán se producen el 74,5% de las desapariciones, mientras que en Jujuy esa cifra llega al 82 %. Infirió por eso que el norte fue un ensayo de lo que ocurriría posteriormente en todo el país.

También la investigadora brevemente se refirió a la estructura económica del norte argentino, fuertemente ligada al sector agro exportador, recordó el descubrimiento después del golpe nacionalista de 1943, de hematita en Jujuy y la creación de Altos Hornos Zapla, así como su privatización durante el gobierno menemista y las consecuencias sociales por las pérdidas de fuentes de trabajo. También se refirió a Ledesma, una empresa emblemática con una producción antigua que data de varios siglos y puso de relieve la diversificación de la empresa, que hoy no solo produce  azúcar, sino también cítricos, jugos, papel y ahora biocombustible. Mencionó a Ledesma como una de las empresas más grandes de América Latina y señaló que sus productos como el papel son dominantes en el mercado.

La investigadora rechazó el uso del término terrorismo de estado porque “carece de sujeto social y esconde la pata civil del genocidio” que incluye al sector empresarial y en cambio prefirió hablar de “terroristas de estado” o dictadura cívico militar.

Eizaguirre indicó que 30.000 es una cifra símbolo que es usada para dar cuenta de la dimensión de lo ocurrido durante la represión estatal y precisó que según su último registro que corresponde a 2011, hay 12.204 casos de víctimas, de las cuales 86 pertenecen a Jujuy, aunque aclaró que no se trata de una cifra definitiva, sino sólo lo que ha registrado en su labor investigativa.

También la investigadora señaló durante su testimonio que supo por la propia Olga Aredez y por el ex preso sobreviviente, Reynaldo Samman que en la cárcel de Gorriti los presos políticos fueron torturados y golpeados.

Reynaldo Castro: “los testimonios de las víctimas del terrorismo de estado son altamente creíbles”

El cuarto testimonio fue el de Reynaldo Castro, testigo de contexto propuesto por la querella de la Causa Aredez quien relató cómo desarrolló una investigación sobre los casos de desapariciones en Jujuy que dio como resultado el libro “Con vida los llevaron”.

Al ser consultado por la querella sobre la metodología con la que abordó esta investigación y las motivaciones que lo llevaron a realizarla Reynaldo explicó que antes de hacer el libro fue colaborador del Dr. Andrés Fidalgo que investigaba los casos y registraba las violaciones a los Derechos Humanos en Jujuy “Fidalgo poseía muchos datos y a la edad de 80 años me pidió ayuda para tipear y ordenar la información y ahí descubro lo que pasó en Jujuy, que no solo había ocurrido en la ESMA sino que acá también hubieron centros clandestinos de detención como Guerrero”. El testigo valoró la rigurosidad de Fidalgo lo cual delineó la metodología que luego utilizó como chequear y hacer el entrecruzamiento de datos y fuentes de información.

“Cuando empecé a trabajar en la elaboración del libro hablé con Nélida Fidalgo y le sugerí que invite a otros familiares de desaparecidos para que cuenten lo que les ocurrió durante la última dictadura militar y yo grabaría esos relatos”, continuó el testigo. Agregó que esas entrevistas fueron grupales y que tiene en su poder más de 50 horas registradas y que al ser grupales le da mayor credibilidad porque los relatos se van reforzando con los testimonios y la memoria de las demás víctimas.

Luego de la recogida de datos esa información era chequeada por los mismos familiares y la documentación que poseía Andrés Fidalgo.

Reynaldo recordó que empezó con las grabaciones en el año 2002 y que los testigos no tenían la percepción global de lo sucedido sino más bien una percepción individual, personal, y que entre todos fueron reconstruyendo el relato colectivo. Las madres pudieron reconstruir una gran narrativa, expresó.

Braga ocupa un lugar destacado en el aparato represivo de Jujuy

Luego la querella de Aredez consultó si los nombres de los imputados en este juicio aparecían en los testimonios que había recolectado a lo que Reynaldo contestó que sí y que por ejemplo, el nombre de Rafael Mariano Braga es el que mas se repite en los testimonios, como en el de Claudia Scurta que relata que cuando estuvo detenida habían dos militares que la torturaban mucho y que uno de ellos era Braga al cual identificaba por la cicatriz en su rostro. También, explicó el testigo, aparece el nombre de Braga en testimonios de presas políticas del centro clandestino de detención de Guerrero al que concurrían los represores Braga, Bulacios y Jaig.

En el testimonio de Elena Mateo, continuó el testigo, también aparece el nombre de Braga: “ella era la mujer de Jorge Ernesto Turk y entró al RIM 20 a preguntar por su marido. Braga daba audiencia debajo de un árbol, delante de su escritorio había un charco de agua, con lo cual los familiares que querían hablar con él debían meter los pies en el barro”.

En otro testimonio que aparece nombrado Braga es el de Inés Peña, compañera del detenido desaparecido Julio Rolando Álvarez García, “Pampero”: “yo nunca dudé de su testimonio porque para analizar discursos hay tres motivaciones que en la oralidad son inalterables, el recuerdo de personas, fechas y lugares, y en el caso de Inés ella recordaba esos tres aspectos al momento de la detención de Pampero y aseguró que fue Braga quien ingresó armado al domicilio de sus suegros y se llevó a su compañero. Por mi formación como docente e investigador puedo asegurar que el discurso de Inés Peña es un discurso altamente creíble”.

Añadió que sobre todo en los testimonios de víctimas de terrorismo de estado los datos de las detenciones de sus familiares son guardados en la memoria porque constituyen el último recuerdo de sus desaparecidos y que los datos que figuran en su libro fueron chequeados y entrecruzados con otros testimonios.

Al ser consultado por la defensa de Braga acerca del testimonio de la detención de Pampero, Reynaldo explicó que varios testimonios recogidos señalan que Braga apunta con un arma a los que estaban en la casa de los padres de Pampero, lugar donde lo detienen, y que luego Pampero se entregó, se describe ese momento como traumático ya que se había hecho un gran despliegue bélico en las inmediaciones de la vivienda para amedrentar a los vecinos. Recordó que entre los testimonios hay uno que dice haber visto la foto marcada de Pampero en la provincia de Tucumán.

Por último Reynaldo aclaró que los testimonios de los represores no son muy creibles ya que en ellos hay un marcado interés por mejorar una imagen y que Braga ocupa un lugar destacado en el aparato represivo en Jujuy.