Pablo Baca: “esperamos que la justicia ordene medidas sanitarias y ambientales”

Jujuy al día® – El diputado Pablo Baca (UCR) informó que el día 21 de diciembre se llevará a cabo en la sede del Tribunal Contencioso Administrativo la audiencia en la que el Estado Provincial deberá contestar la acción de amparo interpuesta por legisladores del radicalismo y beneficiarios del programa “Un lote para cada familia jujeña que lo necesite” que tiene por finalidad el cumplimiento de este programa.

Por otro lado, Baca señaló que se ha solicitado a la justicia provincial una medida cautelar en el marco del amparo, que tiene por finalidad que se obligue al Poder Ejecutivo a proveer servicios básicos a los beneficiarios del programa para salvaguardar su integridad.

“Es una situación que no puede esperar. Son muchas familias que carecen de servicios elementales como agua, luz, recolección de residuos, seguridad o asistencia sanitaria”, afirmó Baca y advirtió que las condiciones climáticas pueden significar un mayor padecimiento a las familias por lo que urge una mayor eficiencia en la ejecución del Plan mencionado.

Cabe recordar que los legisladores del Bloque de Diputados Provinciales de la UCR, conjuntamente con el senador nacional Gerardo Morales, los diputados nacionales Mario Fiad y Miguel Giubergia y el titular del Comité Provincia, Mario Pizarro, presentaron un amparo para que el Poder Ejecutivo Provincial de íntegro cumplimiento al Plan de Emergencia “Un lote para cada familia jujeña que lo necesite” y para que se otorguen lotes con los servicios previstos a los aspirantes inscriptos en el Registro establecido por el Decreto N° 9191-H-2011.

En la demanda radicada en el Tribunal Contencioso Administrativo, los radicales solicitaron una medida cautelar para que “se dispongan inmediatas medidas de tipo sanitario y ambiental para garantizar el bienestar, la integridad y la salud de las personas que se encuentran en los lotes sin los servicios necesarios”. Y puntualmente requirieron que se garantice la “distribución de agua potable, baños químicos y recolección de residuos, control sanitario, energía eléctrica, servicio de seguridad pública y todo otro servicio que resulte necesario para atender las necesidades básicas”.

Baca observó que en algunos lugares “no se han provisto los servicios que se encuentran señalados como obligatorios dentro del propio Plan”.

Especificó que en numerosos casos no se garantizó acceso al agua. Los propios beneficiaros del Programa han tenido que recurrir a mangueras o grifos comunitarios que resultan insuficientes para cubrir las necesidades de todos los que habitan los lotes. Tampoco hay sistemas de tratamiento de líquidos cloacales ni de aguas servidas. En materia de servicio de energía eléctrica –describió- la situación no es mejor. “En algunos lugares se han realizado conexiones clandestinas que implican un peligro para los que usan del servicio y para sus vecinos”.

“No hay –agregó- apertura de calles ni iluminación pública. Con ello, los beneficiaros enfrentan una gran cantidad de inconvenientes y una constante situación de inseguridad. Se verifican, en definitiva, situaciones que afectan naturalmente no sólo el bienestar, sino también la integridad física y la salud de los beneficiarios”.