Juicio por delitos de lesa humanidad: guardiacárcel dijo que el Jefe del Área 323 daba órdenes en el penal de Gorriti desde el día del golpe

Jujuy al día® – Una ex guardia cárcel relató ayer al Tribunal Oral Federal de Jujuy que el jefe de la represiva Área 323, coronel Néstor Bulacios, daba órdenes en el penal de Gorriti desde el golpe de estado del 24 de marzo de 1976.

“Yo lo conocí el día del golpe, ahí lo conocí. Cuando llegué no se podía ingresar, él estaba fiscalizando”, declaró Angelina Gordillo, quien fue empleada del Servicio penitenciario desde 1967 y por espacio de 25 años.

El primer día de la última dictadura, Bulacios estaba “dando órdenes, daba la imagen que se había hecho cargo de todo”, afirmó la testigo en el marco del primer juicio por delitos de lesa humanidad que se realiza en Jujuy.

La declaración de Gordillo coincidió con la de otros testigos y reforzó argumentos de la fiscalía y querellantes contra José Eduardo Bulgheroni y Rafael Mariano Braga, ambos de inteligencia del Área 323, y Antonio Orlando Vargas, también oficial del Ejército e interventor del penal de Gorriti durante la dictadura.

Al contrario de otros ex funcionarios del servicio penitenciario, Gordillo señaló que sí vio personal militar en la cárcel, “como un señor del Ejército de apellido Gallo”, quien entraba al pabellón de las mujeres a leer la Biblia, según relató.

Celadora del pabellón 4 en Gorriti, Gordillo dijo que allí conoció a la sindicalista docente desaparecida Marina Vilte y también recordó a la esposa y la hija de Jorge Weisz, trabajador del ingenio Ledesma detenido-desaparecido del mismo penal.

En la audiencia también declaración como testigos los tres integrantes aún vivos de la Comisión Extraordinaria de Derechos Humanos creada el 17 de enero de 1984 para investigar la represión de la última dictadura en Jujuy.

Ex diputados provinciales, Antonio Casali, Federico Otaola y Esteban Guidi coincidieron en señalar las dificultades que debieron afrontar para llevar adelante la tarea, consistente en tomar testimonios a las víctimas de detenciones ilegales.

Otaola, quien fue patrocinante de Olga Márquez de Aredes en un momento de la búsqueda de los restos de su esposo, el detenido-desaparecido Luis Aredes, dijo que ella le había contado que la empresa Ledesma “actuaba como ariete con las fuerzas de seguridad” durante la represión de la dictadura.

La Comisión confeccionó de 74 expedientes, cuyos originales envió la Legislatura a la Justicia provincial a manera de informe final a fines de 1985, recordó a su vez Casali. Las copias de esos expedientes desaparecieron de la Biblioteca de la Legislatura.

Mientras actuó, la Comisión investigadora hizo allanamientos a un centro clandestino de detención en la localidad de Guerrero, edificación que ya estaba abandonada, y a la oficina de la SIDE en el barrio San Pedrito.

En este último lugar, hallaron “fichas” de jueces, sindicalistas, estudiantes, legisladores y políticos, entre otros, según relataron los tres testigos.

La Comisión también allanó la sede del Servicio de Inteligencia de Ejército (SIE) pero militares de esa época les impidieron que pudieran llevarse documentación.

La mayoría de los testigos de esta audiencia dijo saber quiénes eran Bulgheroni, Braga y Vargas, pero que no los conocieron en persona, salvo Gordillo, respecto de este último.

El testigo Alfredo Tapia, que declaró por videoconferencia desde el Consejo de la Magistratura en Bueno Aires, negó haber escuchado cuando un amigo suyo apodado “El Turco” le dijo a Nelly del Valle Márquez, prima de Olga Aredes, que a Luis Aredes lo había matado de dos tiros en la nuca y enterrado en cañaverales de Ledesma.

A pedido del fiscal Pablo Pelazzo, el Tribunal accedió a un careo de Tapia con Adriana Aredez, hija del detenido desaparecido.

El testigo había dicho que no conocía a Bulgheroni pero Adriana y su madre Olga de Aredes -ya fallecida- afirmaron haber visto a este último subir a un automóvil al salir del negocio del primero, circunstancia que Tapia insistió en negar.