Legisladores radicales presentaron un amparo para que el Estado garantice los servicios de salud en Jujuy

Jujuy al día® – Los diputados provinciales del Bloque de la Unión Cívica Radical presentaron una acción de amparo en contra del Estado Provincial en defensa del derecho a la salud. La acción quedó radicada en el Tribunal Contencioso Administrativo de la justicia provincial.

Ayer en horas de la mañana, el titular del Bloque Alberto Bernis, junto a los legisladores Pablo Baca, Jorge Rizzotti, Manuela Cabello, Susana Pantoja, Alejandra Martínez, Raúl García Goyena, Carlos Amaya y Alfredo Tinte se hicieron presentes en el Tribunal mencionado, junto al abogado patrocinante Matías Ustarez, para presentar el amparo. A través del mismo buscan que se condene al Estado a “garantizar la calidad y accesibilidad al servicio de salud pública en el ámbito de la Provincia”. Asimismo demandaron que “se restituya el funcionamiento de servicios médicos que han sido cerrados o que han sufrido una merma en su complejidad.

El pedido de los legisladores incluye una diversidad de peticiones puntuales para la restitución, mejora de la calidad, fortalecimiento y creación de servicios de salud en los hospitales públicos, así como la rejerarquización de algunos nosocomios para que puedan responder a la demanda sanitaria.

Los legisladores en diálogo con la prensa explicaron que esta acción judicial es el resultado de la falta de respuestas del Gobierno Provincial ante las demandas que desde hace por lo menos tres meses vienen efectuando tanto gremios, como colegios profesionales y sociedades científicas que congregan a profesionales de la salud. Esos planteos fueron expuestos en el parlamento provincial, donde la UCR ha presentado diversas iniciativas destinadas a que el Ejecutivo recepte las exigencias para asegurar la accesibilidad a los servicios y satisfacer el derecho a la salud de la comunidad en toda la jurisdicción provincial.

El diputado Pablo Baca, en primer término, rechazó que la medida judicial esté viciada de un sesgo político y en esa línea destacó que el recurso judicial ha sido una medida adoptada en el marco de la responsabilidad que les cabe a los legisladores de asegurar la efectivización de derechos conculcados en una coyuntura que revela diversos déficits en el sistema de salud pública.

La diputada Manuela Cabello por su parte, subrayó que el estado de situación que evidencia la salud pública responde a una multicausalidad dentro de la cual se inscribe también la desatención a las demandas salariales y de carrera profesional y estabilidad laboral de los profesionales de la salud que ayer concretaron una medida de fuerza.

Puntualizaron Baca y Cabello que entre otras cuestiones se solicitó a la justicia “que se garantice la prestación del servicio de atención neonatológica en el Hospital Oscar Orías, la cual debe incluir la atención de pacientes de mediana complejidad”.

También solicitaron que se restituya “el nivel de complejidad que tenía el Hospital Wenceslao Gallardo de la ciudad de Palpalá, garantizándose como mínimo Complejidad II, con todos los requerimientos en Recursos: Humanos y materiales y el equipamiento que la complejidad lo requiera”.

Asimismo requirieron los legisladores radicales “la realización de un plan sanitario de diagnóstico y tratamiento en la ciudad de Abra Pampa, vinculado a la existencia de sitios contaminados en esa ciudad”, por efecto de los pasivos ambientales dejado por la ex fundidora Metal Huasi.

También los diputados pidieron al Tribunal que “se otorgue al Poder Ejecutivo un término para cumplir con lo demandado”, el que “debe ser lo más breve posible dentro de las circunstancias”.

Pablo Baca observó que “en los hospitales públicos, durante los últimos meses, se han evidenciado diversos déficits de recursos humanos, insumos, de medios técnicos, económicos y tecnológicos” y destacaron que estos problemas “han sido denunciados por las autoridades y los principales referentes de los hospitales de la provincia, las entidades gremiales y las sociedades científica”.

Con respecto al Hospital Pablo Soria precisaron Bernis y Rizzoti que “además de atender a quienes concurren directamente a demandar sus servicios, recibe derivaciones de toda la provincia y recepta todas las problemáticas sanitarias que no pueden resolverse en las ciudades del interior. Y afirmaron que “hoy resulta manifiestamente insuficiente para atender el incremento de población y de demanda sanitaria”.

El Hospital de Niños, señalaron, “ha sido refuncionalizado y ampliado, pero los recursos con que ha sido provisto, en particular los recursos humanos, resultan insuficientes”. A esto se suma que “los hospitales del interior tienen una capacidad menguada, también por falta de profesionales, técnicos y auxiliares, falta de tecnología o de insumos”.

De esta manera –pusieron de relieve los legisladores de la UCR- “se cercena la posibilidad del acceso a la salud de  las comunidades rurales, las ciudades o pueblos se encuentran más alejadas o más desfavorecidas socialmente, y que son más dependientes del sistema público de salud”.

Los legisladores acompañaron la acción de amparo con una serie de pruebas que demuestran el estado de emergencia que presenta la salud y que requiere de una urgente definición en términos de políticas públicas y decisiones de orden presupuestario.

“El déficit de recursos humanos es inocultable. La relación de empleo con los profesionales se ha precarizado. Se celebran contratos para hacer una guardia” indicaron y refrieron que la necesidad de incrementar especialidades de las que hoy carecen muchos servicios y que resulten de fundamental importancia.

Por su parte, el diputado Pablo Baca indicó que existe una urgencia por atender la problemática de salud, sobre todo teniendo en cuenta que según el  Censo 2010, “el 45,25% de las personas que habitan en viviendas particulares de nuestra provincia no poseen ningún tipo de cobertura de salud, ya sea obra social, prepagas o planes estatales. Este porcentaje corresponde a un total de 301.713 jujeños sin cobertura, que van desde los cero años hasta los más ancianos. De este total de personas sin obra social, el 73,4% (221.527) se concentran entre los ceros años y los 34, donde los niños menores de 10 años que no tiene cobertura de salud durante su periodo de crecimiento esta en 60.919 niños, el 48,9 % de la población jujeña de esa edad”.

En conjunto, los legisladores radicales rechazaron las afirmaciones del Ministro de Salud que ha tratado de negar el cuadro de situación descripto y afirmaron que “la situación de la salud pública en Jujuy es grave y debe ser abordada con celeridad. Resulta evidente que existe una privación a vastos sectores de prestaciones médicas y sanitarias en la cantidad y calidad requeridas”.

Pablo Baca enfatizó que “la salud pública constituye para una gran mayoría de jujeños el único y el último resguardo de su integridad, su salud y su vida. De manera que los problemas que fueron denunciados y que son del dominio público, constituyen una amenaza para los sectores más vulnerables y son un indicador de la situación de riesgo social en la que nos encontramos” alertó..

“Hoy resulta necesario atender la situación en la que se encuentra la salud pública. Ese es el objeto de esta presentación, a la que se llega luego de haber realizado distintas intervenciones que hasta el presente resultaron infructuosas” remarcó.

Cabe indicar que la demanda integra solicitudes puntuales –como ya se ha dicho- orientadas a resolver problemas en los diferentes hospitales de la provincia –entre ellos el Hospital Orías de Libertador, el Hospital Zavala de Perico, el Wenceslao Gallardo de Palpalpá, el Hospital Páterson de San Pedro y los Hospitales de la capital jujeña como el Hospital Soria y el Hospital de Niños Héctor Quintana. A esto se agrega un pedido para que el SAME (Servicio de Asistencia Médica de Emergencia) pueda contar con más profesionales de salud que garanticen traslados de pacientes con cobertura médica y una solicitud para un plan de salud que atienda los efectos de la contaminación ambiental en Abra Pampa.

Aspectos jurídicos

En el amparo los legisladores radicales precisan que “la acción entablada responde al ejercicio de derechos de incidencia colectiva que al ser planteados por los actores como sujetos particulares resultan tipificados en una acción de clase autorizada”.

“El derecho a la salud obliga a los Estados a generar condiciones en las cuales todos puedan vivir lo más saludablemente posible. Esas condiciones comprenden la disponibilidad garantizada de servicios de salud”  expresa la demanda . También el recurso destaca el principio de progresividad del derecho a la salud, esto significa que el Estado está obligado a incrementar las condiciones para el ejercicio pleno del mismo, y no ha reducirlas como ocurren en la actualidad.

La demanda destaca que la Corte Suprema de Justicia ha dicho que “quien contrae la obligación de prestar un servicio —asistencia a la salud de la población— lo debe hacer en condiciones adecuadas para cumplir el fin en función del cual ha sido establecido…”.

Se pone de relieve también que el derecho a la salud está consagrado en las Constituciones Nacional y Provincial y en numerosos tratados internacionales y regionales de derechos humanos.

En ese contexto, se resalta que “el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptó en 2000 una Observación general sobre el derecho a la salud.

Según esa Observación general, para hacer efectivo el derecho a la salud se debe garantizar la disponibilidad de los servicios, la calidad de los mismos, la accesibilidad universal, la no discriminación, la adecuación cultural, el acceso a la información.

“Al igual que todos los derechos humanos, el derecho a la salud impone a los Estados Partes las obligaciones de respetar, proteger y cumplir, es decir requiere adoptar medidas positivas para dar plena efectividad al derecho a la salud”, se arguye en el recurso.