Propuestas del COAJ para avanzar en políticas públicas interculturales

Jujuy al día® – El Consejo de Organizaciones Aborígenes de Jujuy, propuso una agenda para la política indígena y abogó para que las declaraciones del Gobernador Eduardo Fellner, en su discurso de apertura del período legislativo, se transformen una política de estado que tenga como parámetro el respeto a los pueblos originarios que habitan el territorio provincial y ponga término a la histórica violación de derechos.

“Tomamos el mensaje del Gobernador como una oportunidad para definir políticas públicas interculturales, prioritarias en una provincia caracterizada por la diversidad cultural” señaló la titular de la institución Natalia Sarapura y observó que el Estado debe “establecer un programa de acción que promueva el respeto entre pueblos con diferente identidades y cosmovisiones y garantice la igualdad, desarrollando medidas de discriminación positiva que reviertan las históricas desigualdades que afectaron a las comunidades”.

EL DEBATE SOBRE EL DESARROLLO

En primer término, “urge reconocer que las comunidades han puesto en cuestión la visión tradicional del desarrollo” dijo Sarapura. y observó que “se trató de una visión reduccionista que limitó el desarrollo de la provincia al crecimiento económico”.

Está ausente –agregó- un debate sobre un modelo de desarrollo que no solo integre el factor económico, sino que tenga en cuenta otros dimensiones como el desarrollo de ciudadanía, la calidad democrática, la defensa de la cultura y el medio ambiente y la sustentabilidad como una estrategia para seguir haciendo posible la vida en los lugares que ancestralmente han habitado las comunidades”.

“En pos del rédito económico se han avasallado derechos como la salud, la integridad, se ha impactado el equilibrio ambiental y los territorios y se ha puesto en peligro a las culturas mismas” definió Sarapura.

En este contexto se refirió al aporte de los pueblos indígenas: la filosofía del “buen vivir”. Y explicó: “las culturas autóctonas crecieron con la naturaleza y no contra ella. La sociedad global puede aprovechar estos conocimientos para reencauzar la desastrosa relación con el ambiente, para recuperar la armonía con su entorno. Vivir bien significa comprender que el deterioro de una especie es el deterioro del conjunto” definió. “Somos hijos de la Madre Tierra y del cosmos. Por eso es necesario generar relaciones económicas en complementariedad y reciprocidad. Toda relación económica no debe orientarse a acumular el capital por el capital, sino esencialmente a preservar la vida”.

LA PARTICIPACION INDIGENA

Por otra parte, Sarapura señaló que una política indígena requiere reconocer la importancia de la participación de las comunidades que tienen el derecho y el deber de ser parte de todos los procesos donde se definan cuestiones que pueden impactar sus vidas. “La participación es un requisito indispensable en la definición misma de las políticas indígenas” profundizó Sarapura y destacó la necesidad de que se implementen procesos claros de participación que aseguren el derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado, cuando corresponda según lo que ha definido el sistema interamericano.

Sarapura señaló que es preciso que en Jujuy “el Estado pase de la expresión declarativa a la formulación específica de una política que incluya acciones de gobierno concretas para garantizar los derechos indígenas, en un proceso que además las involucre en la formulación misma.

EL PROCESO DE ENTREGA DE TIERRAS

En materia de tierras, la dirigente indígena abogó porque se concluya con el proceso de regularización y entrega de las tierras a las comunidades. Destacó que “en los últimos cuatro años no se entregaron títulos” y por eso indicó que “hay que avanzar concretamente en esta materia, respetando el derecho a la posesión ancestral”.

Además, la titular del COAJ propuso la “creación de un Registro de Tierra Comunitaria”. En Jujuy, manifestó, “se han entregado títulos comunitarios. Hay un proceso al que debe dotarse de calidad” dijo y señaló que además el Registro puede constituir una herramienta eficaz de gestión en esta materia.

LA CUESTION MINERA

Recordó la dirigente que “recientemente ha anunciado la Presidenta de la Nación- una propuesta de inclusión de la figura de tierra comunitaria en el Código Civil”, lo cual consideró constituye un buen contexto para mejorar las herramientas de la política de gobierno.

Al abordar específicamente la cuestión minera, Sarapura indicó que “nos preocupa la resistencia al debate” y objetó que se descalifiquen las posturas diversas que emergen en este contexto. “El debate sobre la minería está atravesado por un debate sobre el desarrollo” dijo y agregó:“los pueblos indígenas tenemos mucho que decir al respecto, porque valoramos –insistió- un desarrollo en armonía con la naturaleza, por eso entendemos que en ese marco se debe garantizar el cuidado del ambiente, de recursos fundamentales como el agua e incrementar la capacidad del estado en materia de control, porque ha sido su ausencia un motivo de afectación de derechos múltiples”.

“Nos preocupa que se haya definido una política minera, con una perspectiva desarrollista y meramente económica, con una débil estructura de control ambiental y mecanismos insuficientes, en relación con la participación de las comunidades indígenas. Entendemos que son estos dos ejes que deben establecerse claramente en la definición de la política pública”, acotó. “No alcanza con que digan que la actividad será sustentable, son necesarias definiciones de cómo se garantizará esto. La sustentabilidad está sujeta al cuidado ambiental y a la intervención indígena que ha cuidado la vida en sus territorios y debe seguir haciéndolo” definió enfática la dirigente.

Indicó que en la Unidad de Gestión Ambiental Minera, debe potenciarse la participación indígena y garantizarse el acceso a asesoramiento técnico. “El Estado debe aportar en este sentido, no como se ha dicho para “ayudar”, sino con una perspectiva de derecho para garantizar que las comunidades que puedan acceder a mejores condiciones en la toma de decisiones”. Además puso de relieve que la participación no debe limitarse a la evaluación de impacto ambiental, sino debe ser más comprensiva, e involucrar otros aspectos como el impacto social, cultural, etc.

EDUCACION INTERCULTURAL

Expresó Sarapura que el anuncio del debate sobre la Ley de Educación, constituye un marco oportuno para saldar la deuda existente en materia de Educación Bilingüe e Intercultural (EIB). “Será un acto de reparación histórica” señaló y puso de relieve que en particular la EIB contribuirá a compensar las desigualdades que impactan con mayor fuerza en las mujeres indígenas. Recordó la líder indígena que “durante la gestión de la Ministra de Educación María Eugenia Bernal se ha desarrollado un proceso participativo, que valoramos y esperamos que continúe para que la ley tenga el aporte de los pueblos indígenas”.

“Estamos ante la oportunidad que la educación se convierta en un instrumento para valorar interculturalidad y la diversidad cultural en una sociedad que es diversa, que debe reconocerse como tal y poder valorar la riqueza que eso significa”.

Finalmente Natalia Sarapura instó al Gobernador de la Provincia a hacer del diálogo que ha propuesto en la Legislatura, una “oportunidad real para los pueblos indígenas, para que puedan aportar su saber, su cultura, la riqueza de su cosmovisión en la política pública, siempre enmarcada dentro de los derechos que les han sido reconocidos a los pueblos originarios y que siguen siendo un desafío para revisar la institucionalidad estatal”.

“Jujuy es una provincia con importante presencia indígena, por lo tanto no es posible pensar en su desarrollo, en su porvenir, sin los pueblos indígenas. Y para reconocerlos como interlocutores en ese proceso, hay que poner fin a la subestimación histórica, al paternalismo y al etnocentrismo que ha obstaculizado ese diálogo” concluyó.