Matuk sobre reclamo de pueblos originarios: “la provincia logró acreditar y demostrar ante la Justicia que la demanda era realmente infundada”

Jujuy al día® – En una entrevista exclusiva con nuestro medio, el Fiscal de Estado, Alberto Matuk, se refirió así a lo planteado por el gobierno de la provincia en la audiencia pública convocada, el jueves pasado, por la Corte Suprema de Justicia de la Nación con motivo de los reclamos de comunidades aborígenes quienes cuestionan que el gobierno y empresas violan leyes que obligan a informar previamente cualquier actividad que pudiera afectar sus territorio.

En el mes de enero el gobierno de la provincia fue notificado de la existencia de una acción de amparo presentada ante Corte Suprema de la Nación por 33 comunidades aborígenes encabezada por la comunidad de Santuario Tres Pozos, donde reclamaban al gobierno nacional la falta de participación de las comunidades aborígenes en algunas exploraciones o explotaciones en la zona de Salinas Grandes y Laguna de Guyatayoc, aduciendo la presencia de perforaciones de pozos en la zona de Santa Ana mas y argumentaban que habían sido proyectos mineros que no fueron consultados, ni ellos han participado.

En relación a esta situación, Alberto Matuk expresó en diálogo con JUJUY AL DÍA® que “hemos trabajado intensamente este ultimo mes preparando la información adecuada, y en la audiencia realizada el pasado jueves, hemos demostrado fehacientemente que, primero y fundamental, no existía un conflicto ambiental interjuridiccional, lo cual es la única razón que justificaría que la Corte se declare competente. Además la propia demanda llegó a reconocer que no era un problema de violación a un derecho ambiental sino que se trataba de una violación a un derecho indígena atinente a la participación de la consulta”.

“Hemos acreditado fehacientemente que la perforación del pozo no era siquiera de conocimiento de la provincia, no fue autorizado, fue la actividad inconsulta de una empresa, y cuando fue verificado por la Dirección de Minería se le prohibió la continuidad de los trabajos, por ende no hubo consulta porque no se conocía; fue una actuación sin autorización”, explicó Matuk.

Además señaló que “también demostramos que la provincia de Jujuy cumple acabadamente con las normas atinentes a la participación de las comunidades aborígenes, no solamente en lo que se refiere a la minería sino también en la entrega de las tierras, donde se esta trabajando para que esto culmine adecuada y exitosamente. Pero en lo que se refiere a la participación de las comunidades en el tratamiento o tramite de proyectos mineros que existen en la provincia, las comunidades tienen en un principio, durante y todo el transcurso de ese proceso, la participación de acuerdo a las leyes”, y añadió que “esto significa que iniciado el tramite deben tener una reunión informativa con la empresa en la zona que viven, en el municipio o comisión municipal, la entrega en tiempo oportuno del informe de impacto ambiental, la posibilidad concreta que puedan ser asistidos técnicamente por expertos en la materia, y luego ellos forman parte de lo que actualmente es la Unidad de Gestión Ambiental Mineral que permite que ellos permite que participen activamente y como parte integrante de la unidad que realiza la evaluación e informe de impacto ambiental, tiene plena participación”.

También, el Fiscal de Estado se refirió a este tema expresando que “el ordenamiento jurídico de la provincia cumple acabadamente con esta exigencia que fueron a reclamar a la Corte injustificadamente, y no ha existido, de parte de la provincia, ninguna autorización para exploración ni explotación en la zona de Salinas Grandes y Laguna de Guyatayoc”.

Señaló que “sí es verdad que hay exploración al oeste de Susques y se encuentra en estudio del comité de expertos creado específicamente para que sea un segunda instancia de evaluación técnica del informe de impacto ambiental. Este comité de expertos lo integran el  Ministro de Producción, un experto del CONICET, Unju, y la Secretaria y Dirección de Minería. Además, y prontamente, vamos a implementar convenios de control con Gendarmería Nacional, Policía de la Provincia, con las comisiones municipales, y con las comunidades aborígenes  a quienes capacitaremos para que puedan desarrollar las tareas de control que se reclaman”.

Para terminar, Alberto Matuk expresó a JUJUY AL DÍA® que “en definitiva, la provincia de Jujuy logró acreditar y demostrar en un ámbito tan importante como el Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, que hicimos las cosas bien y que la demanda era realmente infundada. Sin un caso en concreto, en abstracto, por simples versiones de paginas de Internet y que prontamente habrá un despacho de la Corte donde seguramente dispondrá el archivo de las actuaciones o se declarará incompetente para entender, porque no se han acreditado los extremos que justifican su competencia originaria”, concluyó.