El diputado Pablo Baca anticipó temas para la agenda parlamentaria de 2012

Jujuy al día® – El diputado radical Pablo Baca planteó algunos temas pendientes que –consideró- deben integrar la agenda parlamentaria de 2012 y que pueden significar mejoras sustanciales en la calidad de las instituciones, el fortalecimiento democrático y el ejercicio de los derechos fundamentales. .

En esa línea consideró que “urge el tratamiento –ampliamente dilatado por el oficialismo- de un régimen de coparticipación municipal que permita a los gobiernos locales contar con una herramienta que les garantice equidad en el acceso a los recursos, su autonomía municipal y un marco de previsibilidad para el desarrollo de sus planes de gobierno”.

“Es preciso definir por ley los criterios objetivos para la distribución de los recursos coparticipables; hay que eliminar cualquier posibilidad de arbitrariedad o discriminación hacia los municipios y garantizarles la independencia que se ve afectada cuando el acceso a los recursos queda supeditado a la discrecionalidad de los funcionarios de turno”, afirmó el legislador.

Además Pablo Baca señaló que en materia de calidad institucional existen otros temas pendientes como la sanción de una norma que permita modificar el actual sistema de selección de jueces/zas. “Hay que introducir criterios que garanticen la igualdad de oportunidades en el acceso a la magistratura, en base a medidas que tengan en cuenta la idoneidad de los postulantes. Es una herramienta necesaria para garantizar la independencia del poder judicial y asegurarle a la ciudadanía un servicio de justicia de calidad”.

También consideró que hay que mejorar los sistemas de transparencia y acceso a la información, que resultan fundamentales para el monitoreo de las acciones de gobierno, el control ciudadano de la gestión pública. En tal sentido, anticipó que insistirá con la reforma integral de la Ley 4444 para modernizar los mecanismos de acceso al derecho de acceso a la información, conforme a los estándares internacionales definidos por el sistema interamericano de derechos humanos.

Por otra parte, Pablo Baca evaluó que urge derogar la actual Ley de Faltas que data del año 1951 e impulsar un Código de Convivencia en línea con los tratados internacionales de derechos humanos.

“La Ley de Faltas afecta gran parte de los derechos garantizados en el denominado “bloque de constitucionalidad”. Hay en particular un principio del derecho penal, que se denomina tipicidad, que exige que las especies de delitos se determinen exactamente y por el cual nadie puede ser sancionado por lo que es, sino por lo que hace. En la Ley de Faltas sucede lo contrario. Se hace referencia a “vagos habituales”, a “mujeres inmorales” o “clandestinas”, o se sanciona el “merodeo” y la mendicidad. Según esta ley, un funcionario policial puede establecer a simple vista que alguien es un vago, un mendigo, un merodeador o una mujer inmoral, y así, sin más, tener por configurada la falta”.

De esta manera, la Ley de Faltas vigente “constituye una herramienta que puede ser usada arbitrariamente para controlar y disciplinar, sobre todos a sectores más vulnerables o que no se ajustan a las convenciones impuestas por la cultura”.

En materia de derechos, consideró que la provincia de Jujuy se encuentra en mora con respecto a la definición de una institucionalidad estatal que sea capaz de receptar, gestionar y promover los derechos garantizados a las poblaciones indígenas.

“Jujuy es la provincia con mayor presencia de comunidades indígenas, sin embargo no sólo dentro de la estructura de gobierno no existe un organismo específico, sino que además no se han definido mecanismos para garantizar el derecho a la consulta y al consentimiento previo libre e informado de las comunidades”, dijo.

Evalúo Baca que es necesario formular leyes que respeten esos derechos, para reducir la conflictividad que se plantea, particularmente, en cuestiones referidas a los derechos territoriales y la gestión de los recursos naturales. Refirió el diputado que la definición misma de ese procedimiento de consulta deberá incluir una consulta a los pueblos indígenas, lo cual deriva de la obligación del Estado de consultar a los pueblos indígenas en relación con toda decisión administrativa o legislativa susceptibles de afectarlos directamente.