El relator de la ONU James Anaya recepcionó casos de discriminación que afectan a mujeres indígenas

Jujuy al día® – Servicio de Comunicación del COAJ, 5 de diciembre de 2011. El Relator Especial de Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya, estuvo este fin de semana en Jujuy, en el marco de su visita a la Argentina. Durante su estancia en la provincia cumplió una nutrida agenda que incluyó una reunión en la sede del Consejo de Organizaciones Aborígenes de Jujuy (COAJ), donde escuchó casos de discriminación que afectan a las mujeres indígenas y que dan cuenta de los desafíos pendientes en la efectivización de derechos reconocidos en la Constitución Nacional, la Declaración de la ONU sobre Derechos Indígenas y el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales.

La Coordinadora General del COAJ Natalia Sarapura recibió al Relator junto a promotoras del proyecto Jurisprudencia Mujer Indígena que implementa la institución con el objeto de visibilizar y abordar las discriminaciones que tienen como raíz  la pertenencia al género mujer y a pueblos originarios.

Natalia Sarapura destacó que la visita de Anaya a Jujuy constituye un hecho histórico que da cuenta del interés del sistema de Naciones Unidas por la situación de los pueblos originarios. Celebró la dirigente la disposición del Relator para interiorizarse sobre casos de violaciones a derechos indígenas y abogó para que la intervención del Relator provea al Estado orientaciones que ayuden a desarrollar normas y políticas públicas consustanciadas con el derecho indígena y en un proceso que respete el derecho a consulta y al consentimiento previo, libre e informado.

Concepsiona Méndez (Comunidad de Cianzo), Celia Rodríguez (Comunidad de Tilquiza), Antonia Apaza (Comunidad de Caspalá), Daniela Calizaza (Comunidad de Cara Cara – Yavi), Gregoria Cruz (Comunidad de Varas), Yolanda Lamas (Comunidadde Hornaditas), Nazaria Juárez (Comunidad El Angosto), Rebeca Camacho (Pueblo Ava Guaraní) y Magdalena Cruz (Santa Ana) presentaron ante el Relator de la ONU diversos casos de discriminación, en el encuentro que contó además con la presencia de Lorena Montes, Coordinadora del Proyecto  Jurisprudencia Mujer Indígena y Alejandra Castro Klede, cooperante de WFD.

En ese contexto, describieron las dificultades que se les presentan a las mujeres indígenas para acceder a la educación. En general, en el mundo rural indígena los servicios educativos se reducen a la educación básica, por lo que deben migrar a centros urbanos para continuar estudios secundarios o universitarios. Esta situación provoca, en primer lugar un desarraigo familiar y cultural y además expone a las mujeres a diversas formas de discriminación que se expresan en los ámbitos laborales y educativos.

Las mujeres indígenas describieron que para poder solventar sus estudios, deben insertarse en empleos precarios, en su mayoría en servicios domésticos, donde sufren maltratos, acosos y abusos económicos y hasta sexuales. Esta situación de vulnerabilidad se agrava por las dificultades para poder probar los casos de discriminación que no llegan a la justicia y finalmente quedan impunes.

 

Lorena Montes, coordinadora del Proyecto Mujer Jurisprudencia Indígena, relató a James Anaya las deficiencias que presentan en el ámbito rural las escuelas albergues, que no cuentan con docentes capacitados para atender a una población que precisa en forma diferencial del servicio educativo. Puso de relieve la falta de adecuación cultural de los currículos y la ausencia de una infraestructura adecuada que garantice la integridad de las mujeres. “Muchas veces en los albergues por las condiciones edilicias las mujeres son expuestas a situaciones de abuso, que se facilitan además cuando las niñas quedan al cuidado de varones”. En esta línea, refirió, casos de abusos sexuales, que por lo general se conocen después de un largo tiempo cuando las niñas pueden hablar. Estos casos, advirtió no tienen el tratamiento administrativo adecuado y, por el tiempo que transcurre hasta que pueden denunciarlo, se dificulta la aportación de la prueba que exige el sistema de justicia, de manera que quedan impunes, alertó.

Magdalena Cruz, al igual que sus pares, relató cómo el proceso de emigración a las ciudades afecta la identidad misma de las mujeres indígenas, obligadas a abandonar sus prácticas culturales, su vestimenta, y hasta la lengua, en aquellos casos donde aún conservan su expresión originaria.

La aculturación que implica la adaptación a las ciudades, los escasos ingresos, sumado a las situaciones de desvalorización y discriminación, configuran condiciones que amenazan la permanencia en el sistema educativo.

Pero además, las mujeres indígenas se enfrentan en la escuela a una educación que no es pertinente culturalmente, que desconoce el saber propio de los pueblos indígenas y los desvaloriza.

Gregoria Cruz, en este contexto, destacó el valor que tuvo para las mujeres indígenas de Jujuy la apertura de la Tecnicatura en Desarrollo Indígena que implementa el Instituto “Gloria Pérez” del COAJ, modelo en el país y donde se han recuperado los saberes de los pueblos, que se suman a los saberes occidentales, para construir un conocimiento que les permita intervenir en procesos de desarrollo desde la propia perspectiva y desde la filosofía del buen vivir que reivindican las comunidades. Con la Tecnicatura “hemos sentido que el derecho que tenemos todas a estudiar, puede hacerse realidad, sin que tengamos que renunciar a nuestra cultura”, afirmó y solicitó al Relator que recomiende al estado la implementación de institutos terciarios y universidades indígenas desde la perspectiva de la Educación Intercultural y Bilingüe.

La falta de implementación de la EIB, provoca que las mujeres indígenas “sientan que su identidad cultural, lejos de ser un valor, se convierte en un obstáculo” y esta es una situación que viven generación tras generación. “Yo sufrí el proceso de desarraigo y todo lo que eso implica, también mi hijo tuvo que irse de la comunidad” relató.

Antonia Apaza, es Trabajadora Social y tuvo que emigrar de Caspalá para poder formarse. Ella narró las situaciones de sufrimiento producto del desarraigo y la falta de mecanismos de ayuda económica, que dificulta los estudios porque sus familias generalmente son numerosas y no disponen de recursos monetarios. “Necesitamos escuelas interculturales y que el Estado asuma la responsabilidad que tiene en garantizar que todas las mujeres indígenas puedan acceder a servicios de educación de calidad y digna”, resaltó.

Rebeca Camacho, del pueblo ava guaraní, relató como la escuela le coartó el derecho a su lengua propia. “Recibí la lengua de mi abuela, pero la escuela me prohibió que hablara en guaraní, por eso cuando puede recuperar mi identidad asumí el mandato de reivindicar mi pertenencia a la selva, a una cultura y recuperé mi lengua. Hoy trabajo para que todos los guaraníes puedan recuperar su expresión original”. Señaló la dirigente que existe una legislación nacional que habilita la enseñanza de las lenguas originarias, pero en Jujuy no se cumple, y tampoco el sistema educativo tiene docentes idóneos que puedan enseñar la lengua que no es solo una modalidad de expresión, sino de concepción del mundo.

El relator James Anaya, la máxima autoridad en el sistema de Naciones Unidas para los asuntos indígenas, después de escuchar los diversos relatos y de observar la discriminación cruzada que sufren las mujeres de los pueblos originarios, también interrogó sobre la situación del sistema de salud. Al respecto, las promotoras del COAJ explicaron que el sistema sanitario no tiene una territorialidad en toda la provincia que permita llegar con servicios de calidad a las comunidades rurales, pero además no es intercultural, por lo que el trato y la asistencia de los agentes del estado resulta muchas veces lesivos de la integridad y la dignidad de las mujeres indígenas. Igual situación sufren en los ámbitos policiales cuando denuncian casos de abusos o diversas formas de violencia.

Otro tema abordado junto al Relator fue la falta de pluralismo jurídico en Argentina, lo que obliga a las comunidades indígenas a someterse a un sistema judicial occidental, que desconoce el universo cultural de las comunidades.

James Anaya, en ese marco recibió carpetas donde se documentaron los casos de discriminación, así como el trabajo realizado por el COAJ; a través del Proyecto Jurisprudencia Mujer Indígena. Anaya se comprometió a estudiar la documentación y a efectuar recomendaciones para abordar la situación que afecta a las mujeres indígenas en particular.

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