Solicitan información sobre el proceso de remediación en la ex planta Metal Huasi

Jujuy al día® – El diputado Pablo Baca, Presidente de la Comisión de Ecología del parlamento provincial y el diputado electo Alfredo Tinte, remitieron a la Secretaría de Gestión Ambiental un pedido de acceso a la información para conocer diversos aspectos vinculados al proceso de remediación que se llevan a cabo en la ex fundidora Metal Huasi, localizada en la ciudad de Abra Pampa.

La solicitud fue efectuada atendiendo que se ha conocido en las últimas semanas un nuevo informe de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas, “El plomo sigue en la sangre: Un informe de seguimiento sobre la crisis sanitaria y ambiental en Abra Pampa, Argentina”, donde se señalan situaciones irregulares en el proceso de remediación ambiental que se lleva a cabo en la planta y que podrían reeditar la contaminación ambiental que ya produjo el pasivo.

El diputado Pablo Baca precisó que se ha requerido la evaluación detallada del plan de remediación del área afectada por las actividades de ex Fundición Metal Huasi;  las actividades de saneamiento desarrolladas teniendo en cuenta la complejidad del impacto, incluyendo el suelo, agua, aire;   los estudios de salud de la población efectuados; los  tratamientos médicos y educación brindada a la comunidad sobre las consecuencias sanitarias de la exposición a residuos tóxicos de metales pesados”.

Además se solicitó precisiones sobre el préstamo otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo del año 2007 para el desarrollo de prácticas mineras sustentables, destinado a la remediación en Abra Pampa y otras dos comunidades degradadas por actividad minera y se ha consultado sobre su efectivización y tareas cumplidas a través del mismo.

También Baca explicó que se ha pedido información sobre el trabajo realizado por CESEL, firma peruana contratada 2010 como consultora para la evaluación de la contaminación en la ciudad y el desarrollo de un plan de remediación ambiental.

En esta línea se ha pedido a la Secretaría de Gestión Ambiental que conduce Omar Mendoza, que precise los términos de referencia para la remediación de la consultora CESEL.

Atendiendo que el proceso debió realizarse de acuerdo a los estándares internacionales requeridos por el BID, se le solicita a la autoridad ambiental informe si se ha efectuado consulta previa a residentes,  si se ha facilitado la participación comunitaria en los procesos de toma de decisiones; si ha habido una licitación para la firma que ejecutará la remediación, y la toma de medidas de precaución durante la remediación.

Además se interroga si los procesos y trabajos realizados –en particular los iniciados en noviembre de este año- se siguieron estos estándares del BID.

Finalmente se pide un detalle sobre el estado actual de las operaciones del plan de recuperación que incluya la identificación y reconocimiento de las causas contaminantes del medio o degradantes de los recursos; las medidas a ejecutar tendientes a reducir la contaminación; los recursos financieros utilizados y a utilizar.

Recordó Pablo Baca que a finales del 2008, el gobierno provincial removió parte de los desechos tóxicos ubicados en el predio de la ex-fundición Metal Huasi. No obstante las tareas cumplidas, desechos tóxicos permanecieron en otros dos sitios de la ciudad.

Recientemente, se anunció tareas de remoción de residuos en el Barrio 12 de Octubre, donde quedaban los desechos tóxicos más visibles.

“El modo en que esto se llevó a cabo no fue consultado ni informado a la población. Los residentes se despertaron con el ruido de maquinaria pesada siendo utilizada para la remoción de las escorias. Es necesario conocer si se cumplieron en estas tareas con las normas y estándares correspondientes y si se adoptaron en particular medidas para la protección de la salud y los derechos humanos de la población” señaló el diputado Baca.

En el informe de la Clínica de DD.HH de la Universidad de Texas, agregó  Baca, se “sostiene que no se tomaron las precauciones suficientes para proteger a los residentes de la exposición al plomo durante la realización de estas tareas”.

Observó, el legislador que en lo que hace a la situación de salud de la población, “el gobierno, por lo que conocemos, no ha implementado un programa de salud integral para el tratamiento de la intoxicación por plomo y sus efectos nocivos”.

Finalmente el legislador apuntó que “hasta el presente, no ha sido posible acceder a información confiable sobre una situación que reviste una importante gravedad desde el punto de vista ambiental”, por ello abogó por una ágil y pronta respuesta de la Secretaría de Gestión Ambiental, atendiendo la obligación que tiene como organismo público de responder a un requerimiento planteado en el marco de la Ley 4444 y de la Ley de Acceso a la Información Ambiental, ambas con raigambre constitucional.

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